En los tiempos que corren, con las cifras de paro más abultadas de la historia, cualquier oferta que incluya la palabra 'trabajo' se convierte de forma inmediata en un potente reclamo. El Partido Popular de la localidad de Parla, en Madrid, ha anunciado que va a comenzar a recoger currículos de vecinos en paro que quieran aspirar a un puesto de trabajo en el futuro macroproyecto de Eurovegas. Se trata de un acto que, como mínimo, bordea la ley y que los servicios jurídicos de CCOO están estudiando.
La intermediación laboral es una actividad profesional que está regulada en varias leyes y que solo puede llevarse a cabo bien por los servicios públicos de empleo o por agencias de colocación autorizadas para ello. Las personas físicas o jurídicas que quieran ser agencias de colocación tienen que cumplir una amplia lista de requisitos y deben obtener autorización del Servicio Público de Empleo Estatal o de alguno de sus equivalentes autonómicos.
“El PP de Parla se compromete a ir recogiendo las demandas de los vecinos que quieran optar a un puesto de trabajo en Eurovegas, para lo cual recogerá y clasificará currículum y posteriormente se encargará de presentarlos a los responsables de las primeras contrataciones de este proyecto”, dice el partido en su página web. El partido se muestra indignado por que el alcalde “obedezca” a Tomás Gómez y critique el proyecto del magnate Sheldon Adelson en lugar de “aprovechar esta oportunidad de empleo para la ciudad con más paro de toda la región”.
Juegan con “las necesidades de la gente”
Los servicios jurídicos de CCOO de Madrid están estudiando el caso para saber si presentan acciones judiciales contra el Partido Popular de Parla. Por un lado, porque el PP esté actuando como una agencia de colocación sin tener competencias para ello; por otro, porque puede estar vulnerando la Ley de Protección de Datos. “En cualquier caso, nos parece una cacicada”, asegura Raúl Cordero, secretario de Política Territorial de CCOO de Madrid. El sindicato acusa al PP “de jugar con las necesidades de la gente” y subraya que aún no se sabe quién financiará el proyecto, cuántos puestos de empleo se crearán realmente ni de aquí a cuánto tiempo.
El secretario general de la Comarca Sur de Madrid de UGT, Juan Carlos Ramírez, también considera que el PP podría estar vulnerando la Ley de Protección de Datos. “Si alguien viene a nosotros a dejarnos un currículum, solemos desviarlo a nuestros centros integrales. En el caso de que lo aceptemos, le damos a firmar un documento en el que esa persona expresa su voluntad de dejar sus datos y nosotros nos comprometemos a no usarlos. Parece que o el PP se ha convertido en la oficina de empleados de Adelson o se está aprovechando de la situación desesperada de mucha gente”, dice Ramírez.
La Ley 56/2003 de Empleo describe la intermediación laboral como “el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, para su colocación”. En el artículo 21 puntualiza que esa intermediación se realizará a través de “los servicios públicos de empleo, por sí mismos o a través de las entidades que colaboren con los mismos”, “las agencias de colocación debidamente autorizadas”, o bien “aquellos otros servicios que reglamentariamente se determinen para los trabajadores en el exterior”.
“La Ley obliga a convertirse en agencia de colocación a quien quiere hacer intermediación laboral. Las agencias somos inspeccionadas de cerca y estamos muy reguladas”, dice Lorenzo Rivaredo, portavoz de Asempleo –la mayor asociación de agencias de empleo de España–, que señala además que esta actividad debe cumplir con la Ley de Protección de Datos, ya que se maneja información privada que no puede almacenarse sin más. “Es una información que hay que saber tratar y clasificar. Se trabaja además con una población muy castigada, los desempleados, y hay que cuidar las expectativas. Me parece que se trata de una situación desacertada”, señala Rivaredo.
El Partido Popular de Parla no aparece en la lista de agencias autorizadas en la Comunidad de Madrid. La redacción de eldiario.es ha intentado recabar la versión del PP en la localidad, pero no ha recibido respuesta.
Es el Real Decreto 1796/2010 el que define a las agencias de colocación como “aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que, en coordinación y, en su caso, colaboración con el servicio público de empleo correspondiente, realicen actividades de intermediación laboral que tengan como finalidad proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado”. El texto insiste en varias ocasiones en que estas agencias deben ser autorizadas y deben trabajar siempre en coordinación con los servicios públicos de empleo.