El líder de los empresarios, Antonio Garamendi, ha reiterado este miércoles su oposición al desmontaje de la reforma laboral del PP a la que se ha comprometido el Gobierno de coalición. En pleno conflicto interno sobre el tema, el presidente de la CEOE ha advertido de que los empresarios son “libres” de defender sus posiciones, pero ha señalado que no tienen “derecho de veto” en las negociaciones. “Ojalá”, ha añadido entre risas. “Ahora el problema es entre dos vicepresidentas, con sus planteamientos, pero dentro de 20 días el problema va a ser este supuesto derecho de veto”, ha adelantado.
Garamendi no ha querido entrar a valorar las tensiones internas sobre la reforma laboral entre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la segunda, Yolanda Díaz, pero se ha intuido de sus palabras esos “planteamientos” diferentes respecto a la legislación. Tampoco se ha pronunciado sobre si se siente más cómodo con una que con otra. “Hemos llegado a acuerdos con las dos, con el ministro Escrivá”, en Dependencia y Educación, entre otros ámbitos, ha insistido.
Es bastante destacable que el líder de los empresarios ha rechazado la idea de que la reforma laboral que se está negociando es solo de Trabajo, no del conjunto de la coalición. “La decisión es del Gobierno. A mí no me vale decir 'es que esta [reforma] es de esta [Díaz], pero yo soy el Gobierno y no lo comparto'. Pues no lo entiendo, porque es un órgano colegiado con una Presidencia. No voy a entrar en el juego de si quiero a papá o mamá. Nuestra función es hablar de los temas”, ha afirmado.
Eso sí. Antonio Garamendi se ha mostrado favorable, como propone el PSOE, a que haya otros ministerios involucrados en la negociación, como Economía y el Ministerio de Educación.
“Si tenemos que decir que no, lo diremos”
En cualquier caso, el presidente de los empresarios ha mostrado con claridad su rechazo a la derogación de varios elementos clave de la reforma laboral, que está en el acuerdo de coalición y se está debatiendo en la mesa de diálogo social. De manera concreta se ha pronunciado sobre la recuperación de la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, que tumbó el PP en 2012, a la que se ha opuesto con un ejemplo del sector del automóvil.
Antonio Garamendi ha rechazado que se fijen las condiciones laborales a través de un convenio sectorial en esta industria, que decide continuamente si fabrica un coche “en España o en otro país” y que, para el líder de los empresarios, lo que necesita es “flexibilidad”. En concreto, ha mencionado los reparos a que el convenio sectorial estableciera cuestiones como “turnos”.
En la mesa de negociación, la propuesta de Trabajo es que el convenio sectorial fije los salarios. Los convenios de empresa podrían mejorarlos, pero no empeorarlos. También se plantea que la negociación colectiva del sector fije el marco de la duración de la jornada (no los turnos) y medidas para facilitar la conciliación. En cualquier caso, hay que recordar que la legislación laboral permite acordar descuelgues de los convenios sectoriales.
Garamendi ha reivindicado su “lealtad institucional”, que se evidencia en la negociación abierta con el Gobierno en multitud de mesas, pero también su “independencia”. “Si tenemos que decir que no, lo diremos”, ha advertido. “Eso sí, siempre explicando por qué”. Pero esa negativa no supone que la patronal tenga “derecho de veto”, ha repetido en referencia a la acusación de los sindicatos.
CCOO y UGT recriminan a este “derecho de veto” cuando responsables del Ejecutivo mencionan o deslizan que la reforma laboral ha de dalir adelante con el respaldo de los empresarios. “Ya adelanto yo que así no habrá derogación”, avisó Unai Sordo, líder de CCOO, esta semana.
El presidente de los empresarios ha hecho además un alegato en contra de la “radicalidad” y en favor de la “centralidad”. Ha pedido un acuerdo “razonable” sobre la reforma laboral que debe cerrarse antes de final de este año, que ha destacado como fundamental para los próximos años.
Sobre esta regulación, el dirigente de la CEOE ha insistido en que los empresarios están “donde está Europa”, que ha centrado sus recomendaciones a España en la reducción de la temporalidad excesiva y del paro, sobre todo, el juvenil.