La Seguridad Social española no pasa por su mejor momento: sus cuentas están en números rojos, lastradas por años de desempleo y paro, sus presupuestos para el año próximo generan dudas a sindicatos y oposición, y las bonificaciones a la contratación que tan profusamente ha aprobado el Gobierno en los últimos años han avivado el debate sobre la necesidad de buscar ingresos extra para las arcas sociales. A pesar de ello, el sistema español de pensiones mantiene una fama que ha fraguado durante años y que ha hecho que China se fije en él para implantar un sistema de protección social.
La china es una de las economías que, al menos según las estadísticas oficiales, crece con más holgura -lo hizo un 7% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior-, pero también una de las sociedades con desigualdades más hondas. El país asiático ha suscrito con la Unión Europea un proyecto para “promocionar la igualdad y la inclusión social en el desarrollo económico de la sociedad china”.
España es uno de los países que, junto a Italia (el país que lidera el grupo), Bélgica, Polonia y Rumanía, está asesorando a las autoridades de Pekín. España, además, se encuentra negociando con el gigante asiático un convenio bilateral sobre Seguridad Social. Este tipo de convenios, que nuestro país tiene firmados con decenas de países, evita que los trabajadores desplazados paguen dobles cotizaciones y facilita que accedan luego a prestaciones sociales.
China tiene especial interés en conocer el funcionamiento de las pensiones de jubilación de los trabajadores asalariados y cómo se sostiene su financiación. Actualmente, cuenta con un sistema de pensiones que alcanza solo a una parte de los trabajadores. Muchos de ellos tienen que optar por sistemas de ahorro privados si quieren contar con una prestación en el futuro.
El país asiático quiere profundizar también en cómo afrontan los países europeos el envejecimiento de su población y el mantenimiento de las pensiones. En ese sentido, España ha hecho en los últimos años dos reformas de calado: la que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 -con consenso de sindicatos y patronal- y la que llevó a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013.
Un equipo de trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se encarga del proyecto y ha participado ya en varios encuentros, que han tenido lugar tanto en España como en China, y también en varias ciudades europeas. El proyecto ha abierto una oficina en Pekín y tendrá una duración de cuatro años.
Curiosamente, el grueso del presupuesto -7 millones de euros- los aporta Europa. A esa cantidad se suma otro millón de euros que corre a cargo de China.
Financiar las pensiones con impuestos
Precisamente, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, abrió la semana pasada el debate sobre la financiación de las pensiones durante su comparecencia en el Congreso para explicar los presupuestos de su departamento para 2016. Burgos planteó la posibilidad de que algunas pensiones se financien vía impuestos y no mediante cotizaciones sociales. Sería el caso de las prestaciones de viudedad y orfandad.
Toda la oposición se mostró partidaria de abrir el melón de la financiación. En el caso de pagar determinadas pensiones con recaudación fiscal habría que concretar cómo. Podría, por ejemplo, derivarse dinero de algunos impuestos. El PSOE, sin embargo, ya ha señalado que prefiere implantar un nuevo impuesto destinado exclusivamente al pago de las pensiones.