El pleno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado este viernes la “revisión de oficio” de diversas liquidaciones de actividades reguladas del sector del gas natural relacionados con el almacenamiento subterráneo Castor. La cuantía reclamada asciende a 368,4 millones de euros, que sumando los intereses, asciende a más de 390 millones.
La CNMC exige el reintegro de ese importe por los pagos realizados con cargo al recibo de los consumidores de gas a Escal, la filial de ACS que promovió la fallida instalación, a Enagás y a los tres bancos (Banco Santander, Caixabank y Bankia) que adelantaron la multimillonaria indemnización de más de 1.300 millones que recibió la constructora que preside Florentino Pérez tras su hibernación.
En concreto, a Escal la CNMC le reclama 195 millones (sumando los intereses, la suma asciende a 210 millones); a Santander, 71,9 millones; a Caixabank, 48 millones; a Enagás Transporte, 32,4 millones; y a Bankia, 21,1 millones.
Esta revisión de oficio está motivada por la sentencia del Tribunal Constitucional 152/2017, de 21 de diciembre de 2017, que declaró “la nulidad e inconstitucionalidad de los efectos económicos de la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo Castor, previstos en el Real Decreto-Ley 13/2014, de 3 de octubre, tras la renuncia de su titular, Escal Ugs SL”.
Las resoluciones de la CNMC consideran que la nulidad del citado RD-L 13/2014 “privó de base legal a las cantidades reconocidas y a los pagos efectuados con arreglo al mismo, obligando con ello a revisar los pagos realizados”.
“La declaración de nulidad de pleno derecho de las liquidaciones determina la obligación de los interesados de reintegrar al sistema de liquidaciones de las actividades reguladas del sistema de gas natural los importes recibidos”, añade la CNMC en una nota.
La reclamación de la CNMC llega unos meses después de que ACS admitiera por primera vez en sus cuentas el posible impacto de la sentencia que declaró inconstitucional el Real Decreto Ley que le permitió cobrar 1.350 millones por la hibernación del fallido silo tras una sucesión de terremotos en la costa mediterránea.
El Constitucional tumbó el mecanismo ideado por el Gobierno de Mariano Rajoy, un Real Decreto Ley, para compensarle por el cierre provisional de la infraestructura. La sentencia llevó a que la CNMC congelase los pagos realizados a la banca con cargo a la tarifa del gas para devolverle la indemnización que adelantó a Escal a cambio de cobrarla con intereses durante 30 años, cantidades que Santander, Caixabank y Bankia han reclamado en el Tribunal Supremo.
En sus últimas cuentas, Escal, la filial de ACS, sostenía que “su derecho a percibir las cantidades indicadas en concepto de retribución financiera, así como por los costes de operación y mantenimiento no debería verse afectado por la declaración de inconstitucionalidad parcial”.
“Ninguno de estos conceptos deriva de forma directa de la parte del Real Decreto Ley 13/2014 anulada y considerando que la nulidad se ha basado en aspectos meramente formales, sin que se haya cuestionado la legitimidad y procedencia de los pagos que corresponden a la Sociedad, motivo por el cual las presentes cuentas anuales abreviadas son formuladas bajo el principio de empresa en funcionamiento”. Deloitte se negó a firmar esas cuentas.