La multa impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por vender acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía asciende a 30.000 euros, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En la resolución publicada por el BOE, la CNMV explica que esta multa responde a la infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores cometida por Borrell por la venta de 10.000 acciones de Abengoa por un importe de 9.030 euros el 24 noviembre de 2015, cuando aún era consejero de esta compañía y por lo tanto disponía de información privilegiada que no había sido publicada.
Las acciones vendidas, que sólo suponían una pequeña parte de la participación de Borrell, no le pertenecían a él, sino a una persona de su entorno cercano.
El pasado octubre el propio Borrell reconoció que la venta “no fue adecuada” por el momento en que se hizo, ni por “la apariencia de irregularidad” que pudo generar, pero lo calificó de “un problema de menor cuantía” que no afecta a su “idoneidad para ejercer la función ministerial”, para responder así a quienes reclamaron su dimisión como ministro.
“No tiene ninguna lógica que si alguien tiene la información que me atribuye se limite solo a vender el 8 % de su cartera”, se justificó entonces Borrell, quien descartó recurrir la sanción porque en su opinión hacerlo “no sería políticamente correcto” al poder generar un conflicto de intereses contra el Ministerio de Economía.
A finales de noviembre de 2015 Abengoa, con una deuda neta de 6.300 millones de euros y bruta de 8.900 millones solicitó el preconcurso de acreedores, y consiguió evitar la quiebra mediante un acuerdo con los acreedores para la reestructuración del grupo mediante la inyección de 1.170 millones de euros a cambio de ceder el 90 % del capital a fondos, banca y bonistas.
Borrell declaró en octubre de 2017 en el juicio contra la excúpula de la multinacional Abengoa por las indemnizaciones al expresidente de la compañía Felipe Benjumea y su ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, tras su cese.
Su declaración fue únicamente en calidad de testigo como integrante de la comisión de nombramientos y retribuciones y alegó que él no estuvo presente en la reunión del consejo de administración que finalmente aprobó dichos pagos.