La Comisión Europea no se moja. Quizá porque no quiera tocar nada, quizá porque no quiera tomar partido por el norte, el sur, el este o el oeste de la Unión Europea. O, quizá, porque, en el fondo, la UE son los Gobiernos. Sea por una cosa o por otra, lo cierto es que Bruselas llega a la víspera de la cumbre europea con un abanico de opciones, más que de orientaciones, con sus pros y sus contras, para intervenir en el mercado eléctrico ante la crisis energética, agudizada por la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso, Vladímir Putin. Y le deja a los jefes de Estado de Gobierno que tomen las decisiones sobre qué hacer.
Por el momento hay grandes diferencias entre los países miembros sobre las medidas a aplicar. Fuentes diplomáticas explican en Bruselas que hay dos grupos de países: los del sur, liderados por España y a los que se ha sumado Bélgica, que presionan para poner un tope a los precios energéticos y desacoplar la luz del gas; y otros como Alemania, Países Bajos, Irlanda o Dinamarca, que prefieren “acelerar las medidas de eficiencia energética, la implantación de renovables y las interconexiones”. Los segundos creen que la propuesta del Gobierno español puede “poner en peligro la seguridad de la oferta y nuestra independencia de Rusia” y “bloquear el progreso en los objetivos del 'green deal'”.
Estos países consideran que topar el precio de la luz puede hacer que los productores de energía se la lleven a otros sitios y “generar un enorme problema de seguridad de la oferta”. Llegan a acusar a Pedro Sánchez de “empezar a parecer Don Quijote luchando contra los molinos” y al primer ministro belga, Alexander De Croo, de ser su “Sancho Panza”.
“Los Estados miembros han propuesto varias opciones de medidas de emergencia para limitar el impacto de los altos precios de la electricidad”, dice la Comisión Europea: “Sin embargo, todas las opciones llevan consigo costes e inconvenientes”. Y dice más: “No existe una única respuesta fácil para hacer frente a los altos precios de la electricidad, dada la diversidad de situaciones entre los Estados miembros en términos de mix energético, diseño del mercado y niveles de interconexión”.
Por tanto, “la Comisión está exponiendo los pros y los contras de los diferentes enfoques para su posterior consideración por parte de los líderes europeos, y está preparada para llevar adelante su trabajo según corresponda. Si bien muchas de las opciones abordan los síntomas, es importante abordar las causas fundamentales de los altos precios actuales de la electricidad, con una acción europea colectiva en el mercado del gas”.
Así, Bruselas afirma que “presentará un plan detallado y evaluará las opciones para optimizar el diseño del mercado de la electricidad en mayo, y está lista para proponer un plan de ahorro de energía de la UE. La Comisión también está considerando proporcionar directrices a los Estados miembros sobre cómo hacer el mejor uso de las exenciones específicas en virtud de la directiva sobre fiscalidad de la energía”.
Opciones, pros y contras
Intervenciones en el Mercado Eléctrico que involucren compensación económica a los consumidores. Bruselas apostaba en su comunicación del 8 de marzo por un nuevo marco de ayudas estatales, que “permitirá subvenciones y liquidez para las empresas afectadas por la agresión rusa contra Ucrania, las sanciones impuestas o las contramedidas de represalia, así como ayuda a las empresas, en particular a los consumidores intensivos en energía, para compensar una parte de sus costes de energía. La Comunicación también aclara que, en las circunstancias actuales, es posible que los Estados miembros regulen los precios minoristas para todos los hogares y microempresas”.
Así Bruselas afirma que “otra forma de proteger a los consumidores domésticos, en particular a los vulnerables (pero también a las empresas) sería que los Estados utilizaran un 'modelo agregador', según el cual una entidad controlada por el Estado compra electricidad en el mercado y la pone a disposición de determinados categorías de consumidores, directamente o a través de proveedores, a precios por debajo de los precios de mercado. Cualquier ampliación de este enfoque más allá de las normas sobre ayudas estatales debe evaluarse cuidadosamente para evitar distorsiones en el mercado único”.
¿Los problemas? “Esta opción podría limitar la competencia en los mercados minoristas, lo que debería mitigarse garantizando un trato justo y no discriminatorio de todos los proveedores. Si una gran parte de los consumidores obtuviera un apoyo que compensara el aumento total del precio, los incentivos para reducir su consumo serían más limitados. Al igual que con todas las opciones que reducen los costes para el consumidor, podría aumentar el uso de combustibles fósiles, la dependencia de la UE de las importaciones y aumentar las preocupaciones sobre la seguridad del suministro. La disponibilidad de esta opción depende de los medios presupuestarios de los Estados miembros”.
De acuerdo con el Marco Temporal de Crisis adoptado este miércoles por Bruselas para permitir a los Estados ayudas estatales en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, “los Estados miembros podrán compensar parcialmente a las empresas, especialmente a las que consumen más energía, por los costes adicionales derivados de las subidas excepcionales de los precios del gas y la electricidad. Esta ayuda podrá concederse de cualquier forma, incluidas las subvenciones directas. La ayuda global por beneficiario no podrá superar el 30% de los costes subvencionables, hasta un máximo de dos millones de euros en un momento dado. Cuando una empresa incurre en pérdidas de explotación, puede ser necesaria una ayuda adicional para garantizar la continuidad de una actividad económica. A tal fin, los Estados miembros podrán conceder ayudas por encima de estos límites máximos de hasta 25 millones de euros para los grandes consumidores de energía y de hasta 50 millones de euros para las empresas de sectores concretos, por ejemplo, la producción de aluminio y otros metales, fibras de vidrio, pasta, fertilizantes o hidrógeno y numerosos productos químicos básicos”.
Intervención en el mercado eléctrico a nivel mayorista: fijación de precios junto con compensación financiera a los productores. Según Bruselas, la “intervención mayorista en el precio del combustible de generadores fósiles supondría introducir una compensación sobre el precio que pagan los generadores de electricidad fósil por su combustible (carbón, gas, petróleo, gasóleo). Como esto protegería a los generadores de combustibles fósiles del efecto de los picos de precios actuales en los mercados internacionales de productos básicos, les permitiría ofrecer su electricidad más barata. Esta opción se implementaría pagando a los generadores de electricidad la diferencia entre sus costes reales de abastecimiento de combustible (gas, carbón) y un precio de referencia preestablecido para estos productos básicos”.
¿Los problemas? “Si se introduce a nivel nacional, podría distorsionar el flujo de electricidad en los países vecinos (UE y fuera de la UE) y desencadenar flujos desde los países con el precio de referencia hacia los que no lo tienen, sin tener en cuenta la escasez, la seguridad del suministro o los costes relativos Al igual que con todas las opciones que afectan la competitividad de los precios relativos de los combustibles fósiles, esta opción podría obstaculizar los esfuerzos para disminuir el uso de combustibles fósiles”.
Intervención mayorista introduciendo un tope de precio en el mercado eléctrico mayorista. “Esta opción implicaría limitar los precios de la electricidad a un nivel predefinido”, afirma la Comisión Europea: “Para mantener en funcionamiento los generadores que utilizan combustibles que implican costes que impiden la generación rentable en el tope (por ejemplo, gas o carbón), se requeriría una compensación financiera para cubrir la diferencia entre el precio de mercado de la electricidad generada y el tope preestablecido. Es posible que se requiera una regulación estricta para garantizar que las ofertas de generación de electricidad por encima del tope (que establece el derecho a una compensación financiera) sean 'razonables'. De manera similar, puede ser necesaria la regulación para asegurar que los generadores cuyos costes estén por debajo del tope no presenten ofertas por encima del tope (para obtener un precio más alto). Esto eventualmente puede requerir una regulación estricta de las ofertas, lo que podría generar complejidad”.
¿Entonces? “Esta opción requiere un conocimiento detallado por parte de la administración de las estructuras de costes y los modos de operación de las centrales eléctricas individuales. Si no se introduce a nivel de la UE, esta opción podría distorsionar el flujo de electricidad en el mercado interior y desencadenar flujos de países con el tope a los que no lo tienen sin tener en cuenta la escasez. Esta opción beneficiaría indebidamente a los vecinos de la UE, que recibirían electricidad subvencionada por los Estados miembros. Finalmente, esta opción podría distorsionar el flujo de electricidad en el mercado interno debido a la falta de señal de precios y podría conducir a riesgos de seguridad de suministro. Al igual que con todas las opciones que reducen los costes para el consumidor, podría aumentar el uso de combustibles fósiles, la dependencia de la UE de las importaciones y aumentar las preocupaciones sobre la seguridad del suministro”.
Almacenaje de gas
Eso sí, el Ejecutivo comunitario sí que llega con una propuesta legislativa para que las reservas de gas estén al 80% con vistas a este verano, y, a partir del próximo año, no se llegue a los inviernos con menos del 90%.
Así la propuesta legislativa “exige a los Estados miembros que garanticen que sus depósitos de gas se llenen al menos al 80% de su capacidad antes del 1 de noviembre de 2022, aumentando hasta el 90% en los años siguientes, con objetivos intermedios de febrero a octubre”.
De acuerdo con la idea de Bruselas, “los operadores deben informar de los niveles de llenado a las autoridades nacionales, y los Estados miembros deben controlar los niveles mensualmente e informar a la Comisión Europea”.
Según la Comisión Europea, “las instalaciones de almacenamiento de gas son una infraestructura crítica para garantizar la seguridad del suministro”. Por ello, se creará “una nueva certificación obligatoria de todos los operadores de sistemas de almacenamiento para evitar los riesgos potenciales de la influencia externa sobre la infraestructura de almacenamiento crítica, lo que significa que los operadores no certificados tendrán que renunciar a la propiedad o el control de las instalaciones de almacenamiento de gas de la UE”. Esta medida se toma pensando en Gazprom, el gigante ruso del gas.
“Además”, dice Bruselas, “para que una instalación de almacenamiento de gas cierre sus operaciones necesitaría una autorización del regulador nacional. Para incentivar la recarga de las instalaciones de almacenamiento de gas de la UE, la Comisión propone un descuento del 100% en los aranceles de transporte basados en la capacidad en los puntos de entrada y salida de las instalaciones de almacenamiento”.
Los acuerdos con terceros países para la compra colectiva de gas e hidrógeno “pueden mejorar la resiliencia y reducir los precios”, afirma la Comisión, que quiere “crear un grupo de trabajo sobre compras comunes de gas a nivel de la UE. Al agrupar la demanda, el grupo de trabajo facilitaría y fortalecería el alcance internacional de la UE a los proveedores para ayudar a asegurar importaciones a buen precio antes del próximo invierno. El grupo de trabajo contaría con el apoyo de representantes de los Estados miembros en una junta directiva. Un equipo de negociación conjunto dirigido por la Comisión Europea mantendría conversaciones con los proveedores de gas y también prepararía el terreno para futuras alianzas energéticas con proveedores clave, más allá del gas licuado y el gas natural. Se inspira en la experiencia de la pandemia de COVID-19, en la que la acción de toda la UE fue crucial para garantizar un suministro suficiente de vacunas para todos”.