Es inminente. La Comisión Europea se dispone a aprobar el plan de recuperación y resiliencia español para acceder a los 140.000 millones de los fondos europeos de reconstrucción. En los próximos días se ultimará la aprobación, que la propia presidenta del Ejecutivo comunitario presentará en Madrid el próximo miércoles 16 de junio, según la agenda comunicada este viernes por la portavoz de la Comisión Europea, Dana Spinant. Además de a España, Von der Leyen viajará el miércoles a Portugal; el jueves a Grecia y Dinamarca; y el viernes, a Luxemburgo. A partir de aquí, el Consejo –los Gobiernos– disponen de hasta un mes para dar su visto bueno, a partir del cual empezará a fluir el dinero. Una primera parte de ese dinero, hasta un 13% de prefinanciación, llegará en una primera fase: unos 9.000 millones para España.
“Queda aún el proceso de que la reunión del colegio de comisarios de su último visto bueno antes de la presentación por parte de la presidenta”, ha afirmado Spinant. La reunión del colegio de comisarios está prevista para el 15 de junio, 24 horas antes del viaje a España de Von der Leyen. En esos viajes, “presentará una evaluación que servirá de recomendación para que el Consejo apruebe los planes”.
Ursula von der Leyen ya anunció este martes en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo que “la semana que viene la Comisión Europea va a empezar a probar los planes de recuperación para su adopción [después] del Consejo [los Gobiernos]”. Y añadió:: “Nuestra recuperación va a ponerse en marcha. El dinero va a empezar a fluir en las próximas semanas. Hasta la fecha hemos recibido 23 planes nacionales. Estos planes emiten una señal muy clara, un mensaje muy claro: los europeos están dispuestos a un nuevo comienzo”.
Para ello, la UE ha tenido que superar el último gran obstáculo para que comiencen a llegar los 750.000 millones de euros de los fondos de recuperación acordados hace casi un año después de cinco días de negociaciones entre los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas. Ese paso fue la aprobación por parte de los 27 parlamentos nacionales de la orden de recursos propios, la legislación necesaria e imprescindible que habilita a la Comisión Europea a acudir a los mercados para emitir deuda comunitaria con la que financiar los fondos europeos, de los cuales 140.000 irán a España –si bien, de momento, sólo ha pedido los 69.500 millones correspondientes a las transferencias y no a los créditos, que se pueden pedir hasta 2026–, que espera los primeros 9.000 este verano –el 13% de prefinanciación–.
En el caso de España, Bruselas fía a los 140.000 millones de los fondos europeos la corrección de los “desequilibrios” de la economía española. La Comisión Europea ha decidido la semana pasada mantener el grifo del gasto abierto hasta 2023, y ha pedido a España “aplicar una política fiscal prudente”, si bien reconoce que “las medidas adoptadas por las autoridades españolas para apoyar a las empresas y los hogares han ayudado a mitigar el impacto de la crisis en el sector bancario”.
La Comisión Europea ha mejorado recientemente las perspectivas económicas españolas (del 5,6% al 5,9%) gracias al impacto de los fondos europeos, que crecerá por encima de la media de la UE en 2021, si bien aún quedan por debajo de las del Gobierno (6,5%). Las previsiones del Ejecutivo comunitario proyectan que la economía de la UE se expandirá un 4,2% en 2021 y un 4,4% en 2022, mientras que la española irá a la cabeza y llegará al 5,9% en 2021 y 6,8% en 2022. Esto representa una mejora significativa de las perspectivas de crecimiento en comparación con las previsiones económicas de invierno de 2021 que presentó la Comisión en febrero. “Las tasas de crecimiento seguirán variando en toda la UE, pero todos los Estados miembros deberían ver que sus economías vuelvan a los niveles anteriores a la crisis a finales de 2022”, dice Bruselas.
El Parlamento Europeo, por su parte, quiere que los 750.000 millones de los fondos de recuperación europeos vayan para reformas que supongan mejoras en las condiciones sociales de las personas. Así, una enmienda del grupo de La Izquierda en la Eurocámara aprobada este jueves –368 votos a favor, 275 en contra y 48 abstenciones– dentro de una resolución sobre el mecanismo de recuperación afirma: “La creación y el fomento del empleo de calidad es uno de los objetivos incluidos en el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, y esto debe hacerse mediante un paquete exhaustivo de reformas e inversiones con objeto de impulsar contratos estables, salarios dignos, la cobertura de las negociaciones colectivas y un nivel mínimo de protección social, incluidas unas pensiones dignas por encima del umbral de la pobreza”.