La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha confirmado este jueves en el Congreso que el organismo aplicará “directamente” la prohibición de contratar para empresas multadas por falsear la competencia. “En la actualidad estamos trabajando en una guía, en unas directrices, que establecerá los criterios que vamos a adoptar en su imposición, que vamos a adoptar nosotros directamente”, ha dicho.
El anuncio llega después de que en noviembre el organismo sacara a audiencia pública su propuesta para fijar directamente la duración y el alcance del veto a empresas multadas por incurrir en infracciones graves de la normativa de competencia, en lugar de remitir sus resoluciones a la Junta de Contratación del Estado, como ha hecho hasta ahora. Ese organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, en el que se sienta la patronal de las grandes constructoras (que concentran buena parte de las propuestas de veto que ha hecho la CNMC) no ha tomado nunca una decisión al estar las sanciones recurridas ante la justicia.
Lo que plantea la CNMC es ser el organismo que determine el alcance y la duración de esa prohibición de presentarse a concursos públicos: a qué empresas y mercados afectaría y durante cuánto tiempo. Eso sí, las infractoras podrán seguir pleiteando para desactivar el veto en la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que podrá suspenderlo cautelarmente, como suele ocurrir con las sanciones que impone la CNMC.
La guía, que el Pleno de la CNMC espera aprobar “antes del verano”, tiene varias ventajas, ha explicado Fernández. La primera que ha citado es dar “seguridad jurídica para las empresas”, porque en la CNMC están teniendo consultas de organismos internacionales que tienen dudas sobre si admitir a empresas para las que la CNMC ha pedido ese veto. Además, la Junta de contratos impondría la prohibición de contratar “con toda la Administración” y la CNMC “puede modularlo”. Y está la “disuasión” para las empresas: aunque puedan ir a los tribunales, pueden presentar programas de cumplimiento normativo “suficientemente sólidos” y “no cosméticos”, comprometerse a cumplir la normativa de competencia y ver levantado el veto.
Fernández ha recordado que las prohibiciones de contratar “no se están aplicando” porque las empresas están recurriendo, lo que “es perfectamente legítimo”, y ha lamentado que la Audiencia Nacional está suspendiendo cautelarmente “todas y cada una” de las sanciones, lo que, ha recordado, no implica que los tribunales acaben anulándolas.
Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro, la presidenta de la CNMC ha anunciado, en respuesta a preguntas de los diputados, que está realizando un “estudio” relacionado con la rebaja del IVA de los alimentos y su traslado al consumidor final.
Se trata de comprobar “si en algún entorno hay alguna empresa que tenga una posición de domino tan clara que puede permitirse el lujo de no bajar el IVA”. Para ello, se está requiriendo información a grandes superficies y centros de distribución de alimentos, “para verificar hasta qué punto la mayor concentración en un territorio determinado está impidiendo un traslado efectivo de esa rebaja” y “si hay alguna razón que tenga que ver con una falta de competencia”.
Fernández recordado que las Administraciones pueden pedir el resarcimiento de daños a cárteles que han perjudicado a las arcas públicas. Y ha puesto el ejemplo de la Generalitat de Catalunya, que va a reclamar 526 millones de euros de indemnización al conocido como cártel de los pañales para adultos, tras declarar firme el Tribunal Supremo la sanción que impuso la CNMC a las infractoras. “Animaría a todos los servicios de salud que hayan podido ser víctimas” a pedir ese resarcimiento, ha dicho Fernández.
La presidenta de la CNMC, cuyo mandato de seis años va a llegar a su ecuador en junio, ha puesto el foco en cómo han crecido “de forma inopinada” las competencias para el organismo, de cuya puesta en marcha se cumplirán diez años en octubre, y ha vuelto a reclamar que se dote al organismo de recursos y autonomía.
Como ejemplo, ha señalado que en 2022 la CNMC ha recibido 24 nuevas funciones en materia de energía mediante siete Reales Decretos-Ley y tres nuevas leyes: de vigilar el margen de las estaciones de servicio al análisis de los requisitos para subvenciones en digitalización de redes de energía o la supervisión de la repercusión de los nuevos impuestos al sector. Esto “no nos preocupa, siempre y cuando vaya acompañada de recursos”. Y así ha sido, con la generación de 53 nuevas plazas, si bien no se han materializado todavía al no haberse adjudicado las plazas.
En materia de energía, el organismo ha supervisado el pasado ejercicio las obligaciones de pago del mecanismo del tope al gas y ha tenido que responder a decenas de reclamaciones y consultas de las empresas sobre este asunto. O supervisar la declaración de unas 250 instalaciones de generación sobre los beneficios excesivos de las tecnologías inframarginales por el tope a sus ingresos por la subida del gas.
Sí “preocupa” a la entidad que se les atribuyan funciones “ajenas” a su función, que suponen un “esfuerzo sobrevenido que implica asumir una función desconocida en la que hay que empezar desde cero” y “desvía de los problemas de medio y largo plazo” que debe afrontar el organismo y a su organización interna.
Más plazo y más multas
La asunción de esas nuevas funciones hace “aún más urgente la necesaria reforma” de la ley de Defensa de la Competencia, ha dicho Fernández, que se ha felicitado porque varias enmiendas al anteproyecto de Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente financiero van a satisfacer algunas de las demandas del organismo.
La presidenta de la CNMC ha pedido a los diputados que “miren con mucho cariño” esas enmiendas, que entre otras cosas plantear ampliar el plazo de instrucción de los expedientes de la CNMC hasta 24 meses, frente a los 18 actuales. “Seguiremos siendo uno de los estados miembros con un plazo tan corto”, ha subrayado.
También se plantea endurecer las multas. En una enmienda a esa norma registrada por el PSOE, se propone ampliar hasta un máximo de 50 millones y un mínimo de un millón de euros las multas a empresas que vulneren la normativa de competencia, al fijarse una multa de un millón de euros en un caso leve, con hasta 10 millones si la infracción es grave y con 50 millones si es “muy grave”, como pertenecer a un cártel.
La normativa actual dispone que las multas leves oscilan en una horquilla de entre 100.000 y 500.000 euros; las graves entre 500.001 euros y 10 millones y las muy graves por encima de los 10 millones. Además, se elevan las sanciones máximas para los directivos de los 60.000 euros actuales a 400.000 euros. Y se plantea dar más independencia al organismo en la gestión de sus puestos de mayor responsabilidad, de modo que estos puedan ser asumidos por trabajadores del organismo y no solo por funcionarios del subgrupo A1, informa Europa Press.
Fernández ha destacado en su comparecencia que España tiene un “elevado nivel de resiliencia frente a los cortes de suministro” por su tupida red de regasificadoras. Y ha señalado que la apertura de la planta de El Musel (Gijón) como almacén de gas para Europa va a suponer un “ahorro” para los consumidores respecto a la situación de hibernación en la que se encontraba.