Competencia multa con 61,2 millones a doce constructoras por repartirse contratos de conservación y explotación de carreteras
La CNMC ha sancionado con un total de 61,28 millones de euros a 12 constructoras por formar un cártel para alterar licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) desde 2014 a 2018. Entre las sancionadas están las seis grandes del sector en España: ACS, FCC, Sacyr, Ferrovial y OHL.
La CNMC considera que las empresas han cometido una infracción muy grave prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (S/0013/19).
Las empresas sancionadas son Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. y solidariamente su matriz Acciona, S.A., Aceinsa Movilidad, S.A.) Alvac, S.A., API Movilidad, S.A. y solidariamente su matriz ACS, Audeca, S.L.U. (Audeca) y solidariamente su matriz Elecnor, S.A., Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa (COPASA), Elsamex, S.A. (Elsamex), Elsan, S.A. (Elsan), y solidariamente su matriz Obrascón Huarte Laín, S.A., Ferroser Infraestructras, S.A. y solidariamente su matriz, Ferrovial, Innovia Coptalia, S.A. (Innovia) y solidariamente su matriz Copcisa Corp. S.L., Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. (Matinsa) y solidariamente su matriz Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Sacyr Conservación, S.A.U. (Sacyr Conservación) y solidariamente su matriz Sacyr, S.A.
Las mayores sanciones han correspondido a API, filial de ACS (11,78 millones); Matinsa, de FCC (8,54 millones); Alvac (5,86 milones); Ferroser, de Ferrovial (5,17 millones); Copasa (5,6 millones); Sacyr Conservación (5,17 millones); y Elsamex (4 millones).
El funcionamiento del cártel se desarrollaba a través de reuniones “para tomar café” donde las infractoras establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas a presentar en las licitaciones de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado. “El asunto que constaba en las convocatorias era ”tomar un café“, ”adoptar posturas comunes“ o ”para tomar un café y contarnos nuestras penas y alegrías“”, se lee en la resolución. Esta no está firmada por la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, que se ha tenido que inhibir en varias decisiones del organismo por su pasado como abogada de élite para empresas en materia de competencia.
En la documentación interceptada por la CNMC, los participantes del cártel utilizaban “una jerga particular y común que emplea expresiones atípicas para describir la estrategia de las empresas en relación con las ofertas a presentar a las licitaciones. Son habituales en la prueba directa las expresiones ”tiro“, ”tanteo“, ”bono“, ”tacada“, ”renovador“, ”apoyos“”, indica la resolución.
El cártel agrupaba las licitaciones en grupos para los que se acordaban criterios comunes de presentación de ofertas. Se asignaba una “bolsa” de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación. A mayor baja, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específica para cada grupo de contratos.
Así se limitaba la cantidad de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo.
Este sistema, según la CNMC, incentivaba a cada empresa a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación. Esto es lo que se conoce como ofertas de cobertura.
Las empresas acordaban también el umbral de descuentos para esas ofertas de cobertura y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo. Así se conseguía alterar el umbral de anormalidad (calculado sobre la base de las ofertas presentadas en cada licitación) y podían conseguir que ofertas de empresas ajenas al cartel realmente competitivas fueran excluidas del proceso de contratación.
La CNMC destaca que “el sofisticado sistema diseñado por las empresas se fue adaptando a los sucesivos cambios en los pliegos de contratación introducidos por la administración. La mecánica empleada por el cártel resultaba particularmente compleja, facilitando la monitorización de su cumplimiento a la vez que se dificultaba enormemente su detección”.
El 70% de las adjudicaciones
Competencia ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque ha detectado conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, el 63% del importe total adjudicado por el ministerio para esta partida, “lo que da idea del impacto y alcance de este cártel”, destaca la CNMC.
La existencia de esta investigación la reveló elDiario.es en abril de 2019. El organismo recibió en octubre de 2017 una información anónima alertando de la posible existencia de un cártel que en este mercado. Tras inspeccionar varias sedes de las empresas en 2018, en julio de 2019 se incoó expediente sancionador contra 13 empresas y en diciembre de 2020 se incluyó a Ferrovial Servicios en el expediente. Finalmente no ha sido sancionada en concepto de autora, sino como responsable solidaria por la conducta de su filial.
La CNMC ha decidido remitir a la Junta de Contratación del Estado la notificación de esta resolución a fin de que se inicie el procedimiento de determinación de la duración y alcance a las empresas sancionadas, en la medida que puedan seguir siendo licitantes en procedimientos de contratación pública. Este procedimiento, cuya decisión corresponde en última instancia al Ministerio de Hacienda, nunca ha llegado a aplicarse. El veto dependerá de un informe de una junta consultiva en la que están representadas las propias constructoras.
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