Competencia oculta los conflictos de interés de su presidenta por “la relación de confidencialidad cliente-abogado”

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) esgrime “la relación de confidencialidad cliente-abogado” para no detallar los conflictos de interés en los que se ha visto inmersa su presidenta, Cani Fernández, desde su nombramiento en junio de 2020.

El último expediente en el que se ha tenido que inhibir Fernández ha sido la multa de 61,2 millones a un cártel de 12 empresas constructoras por repartirse contratos de conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Fomento, con el que la entidad ha pedido inhabilitar ya a filiales de todas las grandes de ese sector (ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC y OHL) para recibir contratos públicos.

El organismo que vela por el buen funcionamiento de los mercados explica que Fernández, que trabajó en el bufete Cuatrecasas desde 1997 hasta febrero de 2020, “estaba conflictuada” en ese procedimiento, sin precisar el motivo de la inhibición ni la empresa o empresas afectadas.

Competencia tampoco facilita la relación de expedientes y decisiones en las que se ha tenido que inhibir su presidenta por estar conflictuada desde que fue nombrada, ni las empresas afectadas. Esa información obra en poder del secretario del consejo, un abogado del Estado responsable de ejercer el control de la legalidad y la defensa de la institución. 

“No es un tema público” y “hay unos derechos a defender” porque “a los antiguos clientes les protege la relación de confidencialidad cliente-abogado”, explica Competencia. El organismo recuerda que “en cuanto aparece un asunto conflictuado se despliega un mecanismo por el que la presidenta no accede al expediente” y se remite a las resoluciones publicadas hasta ahora en su web. En ellas aparecen los nombres de los consejeros del organismo que han aprobado las decisiones y pueden adivinarse algunas de esas abstenciones.

Asesora de élite

El asunto de los posibles conflictos de interés ha acompañado a Fernández desde que fue propuesta para el cargo. Por su pasado como asesora de élite para numerosas empresas como Mediaset, multada junto a Atresmedia con 77 millones de euros por la CNMC por el duopolio televisivo en un contencioso pendiente de resolverse en los tribunales. Y por la actividad de su marido, Jorge Padilla, otro reputado abogado experto en competencia, director gerente sénior y jefe para EMEA de la consultora Compass Lexecon. Esta firma especifica en su web que Padilla “no representará a clientes” ante la CNMC mientras dure el mandato de su esposa al frente de este organismo.

Cuando fue propuesta para el cargo, un nombramiento que la ultraderecha de Vox intentó torpedear sin éxito ante el Tribunal Supremo (este tumbó sus recursos en mayo), Fernández garantizó en el Congreso que “nunca se producirá un conflicto de intereses” y se abstendría “voluntariamente cuando la ley no lo requiera pero deba dar un paso más allá”, para cumplir la Ley de Incompatibilidades de los Altos Cargos. 

“No preveo un número significativo de asuntos en los que habrá conflicto y desde luego no se va a producir esa situación de falta de operatividad que les preocupa, que entiendo que les preocupe pero que no se va a producir”, dijo a los diputados Fernández, que anunció su renuncia a la excedencia que había pedido meses antes en Cuatrecasas para incorporarse como asesora al Gabinete de Presidencia del Gobierno que en ese momento dirigía Iván Redondo. 

En febrero, en otra comparecencia en el Congreso en la que denunció la falta de medios y autonomía del organismo, la presidenta de la CNMC dio algunos datos a los diputados sobre los conflictos de interés que habían aflorado hasta entonces. Explicó que había tenido que abstenerse en 11 ocasiones, en referencia a seis asuntos, de un total de 698 decisiones. “Me abstengo cuando corresponde” y esta situación “no está bloqueando” el funcionamiento “normal” de la institución, afirmó.

Los datos disponibles en la web del organismo muestran que, además de en el expediente del conocido como “cártel del café” (las constructoras usaban esa excusa, tomar café, para repartirse los contratos), Fernández ya se inhibió poco después de llegar al cargo en otro procedimiento sancionador relacionado también con las seis grandes constructoras: el reinicio del expediente por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la obra civil que se abrió en octubre de 2018 y cuyo plazo de instrucción había caducado.

Fernández tampoco ha actuado en otro expediente sancionador abierto en 2019 contra Warner Bros, Paramount, Walt Disney y otras 11 empresas del sector de la distribución cinematográfica; ni en la multa a varios cárteles de combustibles sólidos anunciada el pasado enero; ni en la autorización de la venta de activos de Nortegas a la petrolera Cepsa; ni en la compra de los restaurantes Autogrill por parte del grupo Áreas. 

Entre los muchos asuntos en los que sí ha participado están el dictamen relativo a la absorción de Bankia por Caixabank o la nueva retribución de Red Eléctrica o el Operador del Mercado Eléctrico, por citar algunos de los más recientes. En el último año ha firmado resoluciones sobre otras grandes empresas españolas como Banco Santander, Telefónica, Repsol, Naturgy, Grifols, Telxius, las siderúrgicas Celsa y Gallardo, el grupo de sanidad privada Vithas, la petrolera Disa, los call center de Konecta, Idealista, Cristian Lay o la naviera Boluda. También en un expediente relativo a una operación de concentración protagonizada por una filial de Acciona, a la que Fernández asesoró en la opa sobre Endesa hace ya más de una década.

Asimismo, ha participado en el último año en resoluciones de la CNMC que afectaban a multinacionales como ArcelorMittal, las farmacéuticas Astrazeneca o MSD, el gigante eléctrico China Three Gorges, Google, Carrefour, la cementera mexicana Cemex, la química belga Solvay, la petrolera Shell, la aseguradora AXA, o gigantes de la inversión como los fondos PAI o Macquarie.

La CNMC ha estado en la picota estos días tras anunciar que algunas comercializadoras eléctricas (no ha dicho cuáles) han inflado irregularmente los precios de la luz aprovechando las nuevas tarifas que entraron en vigor en junio. La no publicación de esos nombres ha generado polémica y el viernes Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres mayores eléctricas, aseguraban que han aplicado correctamente la metodología de peajes eléctricos fijada por el organismo y que no han recibido ninguna comunicación de este para corregir errores en la adaptación de los contratos a la nueva normativa.

Facua ha considerado “intolerable la falta de transparencia de la CNMC, que oculta los nombres de las compañías eléctricas que han incurrido en esta ilegalidad, hecho que dificulta la reclamación por parte de los afectados de las cuantías cobradas de más”. Esta investigación corresponde a la Sala de Regulación del organismo, a la que no pertenece Fernández, que preside el Pleno y la Sala de Competencia. En un primer análisis, hay unos 240.000 contratos afectados, el 1,4% de los examinados.