La amenaza de inhabilitación para recibir contratos públicos en España ya pende sobre las seis grandes constructoras del país, por ahora sin más consecuencias que las reputacionales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha pedido vetar a las seis grandes del sector (ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC y OHL), a las que ha impuesto sanciones por importe de más de 100 millones de euros en los tres expedientes en los que ha pedido activar este procedimiento para ellas.
Las últimas en sumarse a esa lista han sido tres filiales de Ferrovial, Acciona y FCC. Se han unido a ACS, Sacyr y OHL, que ya eran reincidentes en esta materia. Todas han sido sancionadas en el cártel de contratos de carreteras del Ministerio de Transportes desmantelado este mes. Una docena de empresas han sido sancionadas con 61,2 millones por amañar licitaciones en reuniones “para tomar un café y contarnos nuestras penas y alegrías”, según la resolución conocida el viernes.
Este cartel se adjudicó más de 530 millones de euros en contratos de Fomento, el 63% del importe total adjudicado por el ministerio para esta partida, “lo que da idea del impacto y alcance” de estos acuerdos ilegales, según la CNMC. Las infractoras, según informa Europa Press, van a recurrir por la vía de lo contencioso administrativo. Consideran la multa una “barbaridad” que solo se basa en “especulaciones” y vulnera el principio de presunción de inocencia.
La empresa que ha recibido la mayor sanción en ese cártel, que consiguió 71 de las 101 licitaciones de carreteras del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018, es ACS. La mayor constructora española acumula más del 75% de las sanciones a constructoras para las que la CNMC ha pedido el veto en los últimos años. Siete filiales del grupo que preside Florentino Pérez han recibido multas por un importe total de cerca de 81 millones en tres expedientes sancionadores que incluían la petición de que la Administración deje de contratar con las infractoras. Casi todas esas filiales pertenecen a la división industrial de la multinacional española, cuya venta al gigante francés Vinci ha pactado recientemente ACS por cerca de 5.000 millones.
Tras ACS, que en 2019 se convirtió en líder en sanciones de la CNMC desde la creación de este organismo en 2013 y ese año consolidó esa posición tras ser sancionadas dos de sus filiales por participar en otro cártel de instalaciones industriales, destaca una empresa que no pertenece a ese grupo de las seis grandes constructoras españolas: la ingeniería Elecnor.
Esta empresa, controlada por varias familias de la aristocracia vasca y andaluza, ya lideró junto a ACS el citado cártel del AVE, primer expediente en el que la CNMC activó este procedimiento de inhabilitación. Elecnor también es una de las doce integrantes del cártel de carreteras recién desmantelado. La compañía, cuyo accionariado se reparten apellidos de alcurnia como los Ybarra Careaga, Real de Asúa, León Domecq o Morenés Giles, suma en total casi 23 millones en dos expedientes sancionadores en los que la CNMC ha pedido inhabilitar a las infractoras como contratistas de la Administración.
A gran distancia de ACS y Elecnor figuran FCC (con un expediente pidiendo su veto y una sanción de 8,5 millones); Sacyr (unos 6 millones en dos expedientes); Ferrovial (un expediente con una multa por 5,712 millones); OHL (dos multas por importe de 3,47 millones) y Acciona (un expediente por 2,33 millones).
Más de cien empresas
La posibilidad de vetar a una empresa como contratista por vulnerar las normas de la libre competencia se introdujo en la reforma de la Ley de Contratos públicos de 2017. Hasta ahora, la CNMC ha pedido vetar a más de cien empresas activando ese procedimiento en una decena de expedientes.
Entre ellas hay muchas pymes, pero también grandes compañías. Además de muchas constructoras, están los gigantes de la consultoría KPMG, PriceWaterHouseCoopers y Deloitte, que participaban en otro cártel desmantelado este año, y otras como Duro Felguera (recientemente rescatada por el fondo estatal de empresas afectadas por la pandemia), la farmacéutica suiza Novartis o el fabricante catalán de áridos Sorigué. Pero las empresas de construcción tienen un especial protagonismo. Esto se explica cuando los cárteles para repartirse contratos de la Administración copan alrededor de la mitad de las sanciones que impone la CNMC, según el propio organismo.
Hasta ahora, las empresas han esquivado el veto propuesto por la entidad que preside Cani Fernández porque las resoluciones están recurridas en la Audiencia Nacional y las sanciones no son firmes. Cuando lo sean, el Ministerio de Hacienda deberá pronunciarse sobre la duración y alcance de la prohibición de contratar basándose en un informe de la Junta Consultiva de Contratación, en la que participa la patronal de las constructoras.
“Se ríen de las multas”
Para que las resoluciones sean firmes pueden pasar hasta ocho años, si el contencioso acaba en el Tribunal Supremo. Y hay voces que reclaman agilizar el veto. Es el caso de la asociación de consumidores Facua. Su secretario general, Rubén Sánchez, pedía el viernes cambiar la ley para que los vetos sean efectivos de manera inmediata. “Se ríen de las multas”, afirmaba.
En una reciente guía informativa, Competencia señalaba que “entre 2015 y 2019, en torno al 50% del importe de las sanciones impuestas por la CNMC se corresponden con la desarticulación de cárteles en licitaciones públicas”. Añadía el organismo que “si las empresas que suministran bienes y servicios se ponen de acuerdo entre ellas para subir los precios o repartirse los contratos públicos, ello supondrá un sobrecoste importante para la Administración, un encarecimiento que pagarán los contribuyentes”.
“Se trata de un mayor uso innecesario de recursos públicos que podrían destinarse a otros servicios públicos. Este tipo de acuerdos entre empresas es una de las prácticas que más preocupan a la CNMC”.