El Gobierno quiere aprobar este viernes la Estrategia Española para la Activación por el Empleo, un nombre largo que no significa mucho para el común de los mortales pero que es el documento que fija las prioridades de la política de empleo para los próximos tres años. Su aprobación, sin embargo, no será consensuada: diez comunidades autónomas se oponen frontalmente al documento y plantearan este miércoles al Ministerio medidas alternativas. Como parte de su Estrategia para los próximos tres años, el Gobierno incluye el Plan de Choque Por el Empleo Joven, que contempla dar más flexibilidad para los contratos de formación y que las comunidades rebeldes también rechazan.
“Es consolidar el modelo de precariedad instaurado por la reforma laboral de 2012. Es la estrategia del empleo precario”, dijo este martes el consejero balear de Empleo, Yago Negueruela, después de la reunión que las diez comunidades díscolas mantuvieron para fijar posturas. Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana son los diez territorios que este miércoles plantearán al Ministerio un cambio en el rumbo de las políticas para el empleo.
El documento que trasladarán a Fátima Báñez critica la falta de evaluación de la anterior estrategia. El presupuesto para políticas activas de empleo ha pasado de los 3.200 millones de euros invertidos en 2011 a 1.800 en 2016. El gasto central, critican, se hace fundamentalmente en bonificaciones para las empresas, una medida de escaso impacto en términos de creación de empleo.
Por contra, recuerdan que 3.000 orientadores de los Servicios Públicos de Empleo se fueron a la calle en 2012, a lo que hay que sumar las plazas amortizadas por jubilación desde entonces. “Por el contrario, el Estado ha destinado ingentes sumas de dinero a las ETT y agencias de colocación, con resultado, como poco incierto”, aseguran en el documento que presentarán en el Ministerio.
Las diez comunidades quieren recuperar, al menos, el presupuesto disponible en 2011. “No pueden anunciarse nuevas bajadas de impuestos cuando se sabe que el gasto dirigido a los más perjudicados por la crisis, los jóvenes sin empleo y los parados y paradas de larga duración, es claramente insuficiente”, dicen. Plantean programas específicos para colectivos concretos, como parados de larga duración y mayores de 45 años, así como reforzar los servicios públicos de empleo para que puedan mediar de forma efectiva en la oferta y demanda laboral.
Apenas 46.000 contratos de formación
La medida más polémica del Plan de Choque Por el Empleo Joven que prepara el Gobierno es la flexibilización del contrato de formación y aprendizaje. A las facilidades que el Ejecutivo ya ha dado en los últimos años a las empresas para suscribirlo añade dos más: que los jóvenes con estos contratos puedan hacer trabajo a turnos y que se pueda “flexibilizar” las horas formativas que obligatoriamente tienen que ir ligadas a estos contratos.
El uso que las empresas hacen de este contrato es limitado. Durante la crisis ha aumentado hasta llegar al pico de 174.923 contratos firmados en 2015. Desde entonces, sin embargo, su uso ha caído drásticamente. El año pasado solo se firmaron 46.384 de estos contratos, a los que a partir de ahora irá ligado el complemento salarial de 430 euros que el Gobierno pactó con Ciudadanos.
Para el vicepresidente del Consejo de la Juventud, Víctor Reloba, su escaso uso se debe a que las empresas optan por becarios antes incluso que por contratos de formación. Reloba dice que los nuevos cambios que el Ejecutivo plantea para estos contratos son “un giro de tuerca más en la precarización de las condiciones de vida de la población joven”. Rechaza también el complemento salarial que, dice, pervierte el uso de los fondos para la Garantía Juvenil. “Son ayudas a las empresas, no un programa para garantizar el derecho real a un itinerario de formación, o a orientación”, dice.