Marcha atrás de las comunidades autónomas del PP que estaban boicoteando la llegada a sus propias regiones de fondos millonarios para el autoconsumo, con el argumento de que el sistema de reparto de las ayudas es demasiado complejo.
Finalmente, todas las regiones van a pedir ese dinero extra del Plan de Recuperación, dotado en total con 500 millones de euros, de los que a las comunidades gobernadas por los populares les correspondían más de 300 millones.
Así se ha podido confirmar este viernes, en una reunión de trabajo telemática entre el Ministerio para la Transición Ecológica, a la que ha acudido la vicepresidenta tercera y ministra, Teresa Ribera, y las comunidades autónomas, para tratar aspectos del reparto de fondos y de la adenda del Plan de Recuperación.
En la reunión se ha tratado el asunto de autoconsumo y, según ha podido saber elDiario.es, todas las comunidades autónomas van a pedir finalmente la ampliación de los fondos incluida en la adenda, los citados 500 millones, si no lo han hecho ya, después de que alguna, como Castilla y León, anunciara que no iba a pedir esos fondos y dijera que se negaba a tramitarlos “por su complejidad”.
Fuentes del ministerio destacan “la buena colaboración y el compromiso para que las ayudas lleguen cuanto antes a los ciudadanos, implementando mejoras en función de la experiencia acumulada estos años y cumpliendo las exigencias de la Comisión Europea y Hacienda”.
Como avanzó elDiario.es el 4 de diciembre, la inmensa mayoría de las regiones gobernadas por los populares, a las que les tocan más de 300 millones en ayudas al autoconsumo para familias y empresas, habían dejado pasar el plazo inicialmente otorgado para pedir esos fondos extra, el pasado 15 de noviembre, mientras otras regiones ya habían pedido ese dinero.
En su lugar, ese día todos los consejeros autonómcos de Energía del PP mandaron una carta al director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), Joan Groizard, pidiendo a última hora cambios en la gestión de esos fondos, simplificando trámites “para que el dinero llegue lo antes posible a los beneficiarios”.
Carta a la que luego respondió Groizard con otra misiva en la que, como avanzó este medio, les emplazó a pedir los fondos antes del 8 de diciembre. Finalmente, ese plazo se va a ampliar, explican fuentes del ministerio.
En esa carta, entre otras cosas el alto cargo del ministerio recordó a las regiones que “desde su aprobación en 2021, los programas de ayuda dan libertad a las comunidades autónomas para aplicar las medidas de simplificación administrativa que consideren necesarias”.
Estas “pueden simplificar, sustituir o eliminar la documentación exigible a los beneficiarios y establecer los procedimientos alternativos y/o medios electrónicos que permitan la comprobación de los extremos necesarios”.
También les recordó Groizard que desde enero de 2021 se pueden imputar a los presupuestos transferidos a las Comunidades Autónomas los gastos de gestión relativos a estos programas de ayuda, para reforzar equipos y sistemas informáticos para la gestión de los fondos. Este importe era del 3,5% de los fondos transferidos al inicio del programa y se elevó al 5% al principio de 2023.
Groizard también les trasladó que la posibilidad de reforzar los equipos y los recursos, y flexibilizar la gestión “ha facilitado que algunas comunidades hayan resuelto ya la práctica totalidad del presupuesto disponible, según consta en la información que han ido remitiendo”.
Si las regiones gobernadas por el PP no hubieran pedido su parte de esos 500 millones, los fondos no solicitados se habrían prorrateado entre el resto de regiones. Finalmente, la amenaza de los populares se ha quedado en un farol.
El amago de bloqueo se ha producido en un contexto complejo para el autoconsumo. Tras el boom de 2022, la instalación en el segmento doméstico está cayendo en picado por la bajada de precios de la luz, la subida de tipos de interés y la “percepción” de que las ayudas no llegan, como dijo en septiembre la patronal sectorial UNEF, como consecuencia de la lentitud en su tramitación (en algunas comunidades se tarda más de un año en cobrarlas).
A ello se suman los retrasos en la legalización de las instalaciones, que la OCU ha achacado a “trabas de las distribuidoras y de la propia Administración”. Hay incluso una investigación abierta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que afecta a Endesa.