Castilla y León perderá las ayudas procedentes de fondos europeos para el autoconsumo eléctrico. Tal y como avanzó elDiario.es, la Junta forma parte de la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PP que han boicoteado la llegada a sus propias regiones de más de 300 millones de euros a las que tienen derecho sus ciudadanos y empresas, con el argumento de que el sistema de reparto es demasiado complejo. El plazo para sumarse a la recepción de esos fondos acababa este jueves.
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha restado importancia a la pérdida de los fondos porque confía en que el Gobierno de España publicará una nueva convocatoria. “Siempre hemos querido que las ayudas lleguen a la gente”, ha justificado. Sin embargo se ha escudado en que el modelo de las bases de convocatoria es de ámbito nacional y las comunidades autónomas comparten que es “excesivamente complejo para las familias y para las pequeñas y medianas empresas” y tendría que “flexibilizarse y simplificarse” porque “son requisitos muy complejos y muy farragosos”
Como ejemplo, se ha referido al Perte del vehículo eléctrico y conectado, que ya se ha convocado por tercera vez ante el fracaso de los dos anteriores intentos. “Desde el principio, ya dijimos que estaba mal diseñada y que era muy complicado y el Gobierno, con cada nueva convocatoria, va modificando algunos requisitos, a medida que van asumiendo sus fracasos”, ha afirmado.
Las bases para solicitar las ayudas al autoconsumo “se hicieron sin consultar a las comunidades autónomas” que son quienes gestionan los fondos. Lo que Carriedo no ha explicado es por qué otras comunidades gobernadas por el PP como la Comunidad Valenciana y Cantabria sí están tramitando esos fondos que para Castilla y León “son farragosos y difíciles de entender”. “Queremos los fondos, pero los queremos para gestionarlos y que lleguen a las familias y a las empresas, no simplemente para decir en Europa que estos fondos se han dado a las comunidades autónomas y las comunidades no tienen capacidad alguna de actuación y de margen de maniobra para que lleguen al territorio. La mayoría de las comunidades estamos en esa posición”, ha insistido el portavoz. Además, ha añadido que hay “una queja generalizada” de familias y empresas que “no saben cómo pedirlo” y no saben “cómo tienen que hacer para que les llegue ”porque el procedimiento es muy complicado y muy difícil“. También ha recordado que la primera convocatoria excluyó directamente a los autónomos y posteriormente los incorporó, por lo que confía en una cuarta convocatoria negociada con las comunidades.
En una rueda de prensa, el PSOE ha echado por tierra los argumentos del PP sobre la complejidad de las bases. “Vuelve a ser una mentira en la que encontrará seguramente la cobertura suficiente en los medios de comunicación, en grandes titulares, para anular lo que es la realidad”, ha criticado para recordarle al portavoz que son las propias Autonomías las que “determinan los criterios y fijan cuáles son los procedimientos en el seno de la conferencia sectorial”, ha dicho el portavoz socialista de Fomento, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en las Cortes, José Luis Vázquez. Así, ha desmentido a la Junta al explicar que es la “asociación de instaladores” las que tramitan las ayudas y que las inversiones que se hacen en los hogares responden “a los procedimientos acordados” porque “ninguna familia está capacitada para hacer esa inversión”.
La negativa de la Junta deja “a más de 18.000 familias” sin la inversión “de hasta 8.000 euros” que han realizado en sus hogares, “cumpliendo” con los requisitos de la convocatoria. “Más de 18.000 familias se van a quedar con la inversión hecha en sus casas en placas solares y sin las ayudas en sus domicilios, haciéndoles un roto en su economía que seguramente tendrán que soportar durante varios años, porque, desgraciadamente, en las familias de Castilla y León, como en las del resto de España, el dinero no sobra”, ha lamentado.
El procurador socialista, que ha comparecido ante los medios para analizar la gestión del Ejecutivo autonómico en este apartado, ha iniciado su intervención denunciando lo que para él es “una realidad”, que la Junta “del PP y Vox” han incorporado a Castilla y León el “colapso definitivo”. Un “colapso” que les convierte en “negacionistas” al no sumarse a esa segunda ampliación que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado para la instalación de placas solares y cuyo plazo concluye este jueves, informa Europa Press.
A día de hoy, Vázquez ha avanzado que de las “más de 23.000 familias” que han solicitado esas ayudas, “solo 5.000” la tienen reconocida. “Es decir, dentro de dos semanas --el 31 de diciembre concluye el plazo de tramitación de ayudas-- más de 22.000 familias se van a quedar sin haber recibido las ayudas que el Gobierno de España gestionó a través de los fondos europeos y que tenía que tramitar la Junta porque tiene colapsada a la propia Administración. Una Junta que se suma a ese boicot que otras diez Comunidades Autónomas están haciendo al Gobierno de España en esa segunda entrega”, ha añadido.