A Oriol Barri, un joven músico catalán cuyo abuelo murió la semana pasada, le han dicho que no pare. Que su lucha no acabe con el coronavirus. “Es como Greta, la del cambio climático”, ríe. “Cuando la gente tiene un referente, es más fácil continuar”.
La historia de Oriol es la de una familia a la que el grupo funerario más grande de España, Mémora, intentó colocar un “ataúd especial” y un velatorio inexistente por 1.500 y 420 euros, respectivamente. “Con la excusa del coronavirus nos dijeron que debíamos comprarlo”, cuenta. “En ese momento haces lo que haga falta. Pero cuando vimos el precio llamamos y dijimos que no. Entonces nos dijeron que no pasaba nada. Que podíamos comprar un ataúd normal. Es lo más grave”.
La primera factura con IVA era de 4.000 euros; la segunda, con ataúd normal, de 3.000. Oriol compartió su caso en Twitter y lleva varios días explicándolo en medios. Otros afectados por Mémora —de antes del coronavirus — le piden que ahora que es mediático, continúe. La empresa le acusa de mentir, de tener “intereses comerciales” y recalca que “se reserva el derecho a emprender acciones legales” contra él.
“Están rabiosos. Mémora fue comprada por un fondo de pensiones canadiense por 450 millones hace tres años”, dice Aurelio Sánchez, presidente de la asociación Esfune. “Tienen una estructura tan grande que si les bajan un poco los precios se les desmonta todo. Para ellos, puede ser la ruina”.
Sánchez sabe bien de lo que habla. Como trabajador de una pequeña funeraria lleva años denunciando las prácticas abusivas del sector, que perjudican tanto a los clientes como a las empresas locales, sin grandes grupos detrás. El 30% del negocio funerario en España se concentra en unas pocas manos, que a su vez concentran la mayoría de seguros de deceso, el llamado 'seguro de los muertos'. “No es casualidad que el primer caso conocido en esta crisis suceda en Barcelona”, añade Alván Gómez, abogado canario especializado en servicios funerarios. “Barcelona es el punto neurálgico de este asunto, Mémora ha sido denunciada muchas veces y las sanciones económicas le dan igual. Pero los abusos funerarios ocurren en toda España desde hace mucho tiempo”.
Cuando una persona muere, su familia no tiene tiempo de pararse a examinar qué contrata ni de comparar precios. Tampoco ganas de denunciar si detecta irregularidades cuando todo queda atrás. “Nosotros lo llamamos el 'síndrome funerario'”, dice Sánchez. “Después de un trastorno psicológico puntual, en el que te han engañado, dices: qué va a pensar la familia si denuncio. Lo dejas, te olvidas. Por eso creamos la asociación”.
Los gigantes del negocio de la muerte
Mémora, Funespaña, Albia, Grupo ASV, Servisa y Parcesa son las principales funerarias de España. Entre todas ingresan más de 400 millones anuales, del total de 1.500 que factura el sector. Mémora es la más grande y pertenece a Ontario Teacher's Pension Plan y a Taurus Bidco, gestionada por el fondo de capital riesgo KKR. El resto son funerarias de aseguradoras: Funespaña es de Mapfre, Albia de Santalucía, Servisa de Ocaso y el Grupo ASV incluye a Seguros Meridiano. Parcesa es la excepción a la norma: pertenece al grupo inmobiliario Promociones Keops.
Aunque hay distintas teorías sobre su origen, una verdad constatada es que el 'seguro de los muertos' es algo muy español. “Después de la Guerra Civil, España estaba destrozada y la gente no tenía dinero ni para enterrar”, dice Sánchez. “Se creó esta figura y hoy hay 22 millones de pólizas”. Casi la mitad de la población española paga un seguro de decesos, que oscila entre 30 y 100 euros anuales, y cubre los gastos del sepelio al morir. Este seguro no existe en otros países y la legislación europea lo pone en entredicho.
Santalucía y Ocaso controlan la mitad del mercado, con Mapfre en tercer lugar. En 2015, este tipo de pólizas generó un volumen superior a los 2.100 millones de euros. Tanto Isabel Castelo e Isabel Elena de Mandalúniz, propietarias de Ocaso, como Carlos Álvarez Navarro y su primo Modesto Álvarez Calvo, propietarios de Santalucía, se encuentran entre las personas más ricas de España (puestos 48, 54 y 55), según el ranking que elabora anualmente El Mundo. También el dueño de la funeraria Parcesa, Leonardo Sánchez, está en el puesto 352.
“Las compañías de seguros son históricamente anteriores”, apunta el abogado Gómez. “Cuando vieron que el dinero del seguro se lo daban al funerario del pueblo, se dieron cuenta de que lo mejor era crear sus propias funerarias [o comprar otras más pequeñas] y que el negocio quedara en casa. Si un familiar fallece y está asegurado con Ocaso, ¿quién le presta servicio? Pues su funeraria”. Recientemente, Funespaña (Mapfre) y Albia (Santalucía) se fusionaron para crear la mayor funeraria del país, una operación que está siendo investigada por la CNMC por el riesgo de concentración que supone.
El binomio entre aseguradoras y funerarias redunda en la competencia y en la libertad de elección del consumidor, que cuando llame al seguro de su familiar fallecido verá cómo le intentan 'colocar' a su funeraria, sin darle la posibilidad de comparar precios. Pero no es la única pareja de la ecuación. Las funerarias suelen tener a comerciales en los hospitales para ofrecer sus servicios. Y en ocasiones, estos las imponen. Otro caso mediático en Barcelona fue el de Manuel Monterde, al que el hospital obligó a utilizar los servicios funerarios del tanatorio Sancho de Ávila, gestionado por Mémora. La Generalitat dio la razón a Monterde e instó al Ayuntamiento de Barcelona a sancionar a la funeraria por monopolio.
Imposición en tiempos de coronavirus
A Pepe Jordana le pasó algo similar. Su madre murió de coronavirus el domingo pasado en el hospital de Cantoblanco, en Madrid. No tenía seguro. “En el hospital me dijeron que habían llamado a la funeraria y que yo no tenía que hacer nada, que ellos se ocupaban de todo. Me llamaron de Parcesa y me dijeron que no se podía hacer ni funeral, ni velatorio, ni nada. Que todo el mundo prefiere la incineración. Me mandan un presupuesto y flipo: 5.000 euros”.
Pepe no sabía que ese tanatorio está gestionado por una empresa privada, que al quedarse con su caso le dio un presupuesto por el servicio funerario completo. Los clientes pueden escoger distintos proveedores, no tienen por qué contratar el pack a la misma compañía. Pero la mayoría de las veces no lo saben. Además, les resulta más cómodo así.
Parcesa pasó presupuesto para una incineración. Incluía un féretro básico (1.095 euros) y un 'interior féretro especial' (325 euros). Además, añadió 446 euros de vehículo fúnebre, 450 euros de acondicionamiento y 450 de cámara.
De esos conceptos, al menos tres son cuestionables según los expertos consultados. El Ministerio de Sanidad envió una circular con el procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de Covid-19 que especifica claramente que el féretro puede ser normal. Dentro de este, el cadáver debe ir en una bolsa sanitaria estanca, que es un saco con cremallera. Fuentes del sector cifran su coste en menos de 100 euros. No es necesario utilizar un interior 'especial' ni de cinc, concepto que aparece en otro presupuesto al que ha tenido acceso este periódico, esta vez de la Funeraria Municipal de Madrid (por 305 euros).
Los 450 euros de acondicionamiento y los 450 de cámara tampoco deberían incluirse, recuerda el abogado Gómez. El acondicionamiento incluye las prácticas de conservación del cadáver, habituales cuando hay velatorio y este se expone ante los familiares. Pero el Gobierno ha recomendado suspender los velatorios y ha prohibido “realizar actuaciones de limpieza ni intervenciones de tanatopraxia o tanatoestética” sobre el cuerpo. El cargo por la cámara —por mantener el cadáver refrigerado antes de incinerarlo — también es “exagerado”, dice Gómez. En condiciones normales, si hubiera velatorio, tendría sentido porque incluye el alquiler de la sala. Pero si está esperando a la incineración porque la funeraria está saturada, no debería repercutirse al cliente.
Este diario se ha puesto en contacto con Parcesa para preguntar por esos conceptos, sin haber recibido respuesta aún. Al pedir un presupuesto como un cliente normal, la funeraria indica que el precio cerrado del servicio son 4.318 euros y que ya no hacen incineraciones. Así, sube a 6.833 euros incluyendo el nicho.
“Cuando vi el presupuesto, me di cuenta de que era absurdo”, continúa Pepe Jordana. “Nadie se ha planteado que debe haber medidas excepcionales para unificar el precio y que salga más barato. Estamos todos pensando si cobraremos el mes que viene. No puede ser que morirse ahora salga más caro que hace un mes”. Otras fuentes del sector consultadas reconocen que muchas funerarias han subido sus precios entre 200 y 300 euros para incluir las medidas “especiales” que requiere el protocolo y que algunas lo han duplicado.
Panasef, la patronal, ha emitido un comunicado diciendo que “se apunta innecesariamente a las empresas funerarias, acusándolas de que incrementarán sus precios, cuando esto es absolutamente incierto”.
Intervención gubernamental
En Panasef están enfadados. En primer lugar, porque la Comunidad de Madrid estableció que fuera la Unidad Militar de Emergencia la que retirara los cuerpos de los fallecidos en hospitales. “No han contado con nosotros”, dice su presidente, Alfredo Gosálvez, a eldiario.es. “Imagina que alguien coge y se pone a hacer tu trabajo. Deberían habernos avisado. La coordinación no es demasiado fluida”.
Ante la pregunta de si esto les quita negocio —al no recoger el cadáver no tendrían por qué facturar ese servicio y pierden la posibilidad de vender el resto del pack desde el hospital — Gosálvez indica que “aquí lo importante no es el negocio, sino atender a las familias”.
Para no preocuparles el negocio, su reacción ante la intervención de la Generalitat de Catalunya es más que curiosa. El Govern aprobó este sábado un decreto en el que define las condiciones de prestación de servicios funerarios durante la crisis. El decreto incluye la determinación de un precio máximo, que queda en manos de los municipios. En Barcelona, el Ayuntamiento propuso un máximo de 2.450 euros. En su comunicado, Panasef muestra “su total desacuerdo” con el mismo.
“Nuestros esfuerzos deben centrarse en atender a la sociedad y no en tener que dedicar tiempo a recurrir medidas no fundamentadas, intervencionistas y rara vez vistas en el periodo democrático, cuyo objetivo final, por innecesario, no alcanzamos a entender”, dice.
Desde la Funeraria Municipal de Madrid —semiprivatizada por cien pesetas en 1993 para dársela a Funespaña y remunicipalizada en 2016 — el sindicato CCOO insiste en la necesidad de una intervención del Gobierno total. “Las empresas privadas no están prestando la totalidad del servicio”, considera Rufino Ramos, representante sindical. “Parte del trabajo lo hace el Estado por una razón de urgencia. La situación es crítica. Sumemos fuerzas. Creo que habría que montar un operativo, como se hizo en el 11M o en el accidente de Spanair, en el que las decisiones se arbitren desde lo público”. El Gobierno ya ha habilitado a las Fuerzas Armadas para la conducción y el traslado de cadáveres, pero no queda claro si las funerarias dejarán de repercutir este coste a sus clientes si el trabajo se lo hacen otros.
Tanto Oriol Barri como Pepe Jordana piden que el servicio sea gratuito para los fallecidos por coronavirus. “Debería ser gratis y ya está”, dice Barri. “Es lo que me parece intolerable”, concluye Jordana, que creó una petición en Change.org para que el Estado intervenga. En el BOE de hoy, el Gobierno impone a las funerarias no cobrar más ahora que antes de la crisis. “Todas las empresas tienen ahora un agujero en sus cuentas. No puede ser que las funerarias carguen sus costes extra en los ciudadanos, cuando en este caso se van a forrar”.