Condenados 11 directivos de Afinsa a penas de hasta 12 años por la gran estafa de los sellos

La Audiencia Nacional ha hecho pública este miércoles la sentencia por la mayor estafa piramidal en la historia de España, los sellos de Afinsa, por la que ha condenado a 11 de los 13 directivos que se sentaron en el banquillo a penas que en algunos casos superan los 12 años de cárcel. Es el caso del expresidente de Afinsa Juan Antonio Cano Cuevas, condenado a 12 años y 10 meses de cárcel.

El fallo de la Sección Primera de la Sala de lo Penal recoge cómo la “clase media” española se vio afectada por la estafa, sus jubilaciones y sus ahorros. En total fueron 190.022 pequeños inversores afectados, 2.438 acreedores en el momento de la intervención (9 de mayo de 2006) y 2.574 millones de euros en su pasivo y 150 millones de sellos en sus almacenes.

Los once condenados se reparten delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública. El tribunal les aplica el tipo agravado de la estafa al valorar el perjuicio masivo que produjo la compañía filatélica.

La sentencia se refiere a Afinsa como un negocio ficticio “sin ningún sentido económico” basado en una “sobrevaloración constante de sellos que no tenían valor intrínseco y que clientes no informados y crédulos invertían en la medida que se les prometía la devolución de su dinero, incrementado con un interés muy superior a lo que ofrecían las entidades financieras de la época”.

El expresidente Cano Cuevas y otros cuatro directivos ­–Albertino de Figueiredo (11 años), Carlos de Figueiredo (11 años y 11 meses), Vicente Martín Peña (11 años y 6 meses), Emilio Ballester López (10 años y 3 meses)- alcanzan las penas más altas. Junto a José Joaquín Abajo Quintana son condenados a indemnizar con 2.574 millones de euros, de forma conjunta y solidaria, a los 190.022 titulares de los 269.570 contratos reconocidos por la administración concursal de Afinsa Bienes Tangibles S.A del Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid. La sentencia no fija la responsabilidad civil subsidiaria en Estado, por lo que la insolvencia de los condenados motivará que los inversores no recuperen su dinero.

Juan Antonio Cano, el presidente, recabó los conocimientos en filatelia de Albertino Figueiredo para idear la gran estafa y, a partir de ahí, reclutaron al resto. Todos son condenados por estafa en su grado más alto, al tratarse de un delito “masa” en razón de la cantidad total y el número de afectados. Esto provoca que de entre el año y los 7 años a los que podían ser condenados solo por este delito, todos ellos lo sean a la pena más alta. El tribunal ha absuelto a Francisco Blázquez Ortiz y a Ramón Egurbide.

Comerciales como 'zombies'

El fallo, de 160 páginas, considera probado que los condenados actuaron desde comienzos de 1998 y hasta 2006 captando pequeños ahorradores que eran engañados por los agentes comerciales de Afinsa. A estos comerciales los describe como una suerte de zombies, “profesionales sobreintegrados en la subcultura de la organización, hasta el punto de atraer y hacer caer a familiares, amigos, vecinos y conocidos en la red especulativa tejida por los administradores” de la compañía.

Estos comerciales, por orden de los condenados, ofrecían las estampillas prometiendo a los inversores el dinero entregado más una rentabilidad que se situaba siempre por encima de lo que ofrecía cualquier banco. La explicación que ofrecían a los crédulos inversores es que la filatelia se revalorizaba constantemente. La consecuencia aparece en la sentencia: “Los administradores de Afinsa lograron levantar un espacio económico cerrado con sus clientes, que denominaron mercado de valores filatélicos y que funcionaba como de modo separado del mercado del coleccionismo, con precios muy superiores que fijaba la compañía”.

Pero se trataba de un mercado irreal, ya que los lotes de sellos no tenían valor en el mercado exterior, el único lugar donde podrían conseguir ser canjeados por dinero. La filatelia apenas tiene valor en el mercado, en cualquier caso es muy inferior al precio que los inversores habían pagado por los sellos. Además, las estampillas eran de muy baja calidad, falsas o manipuladas. Se construyó “un relato imaginado, que solo inversores no informados y crédulos podían aceptar sin reserva”, dice el ponente de la sentencia, el magistrado Ramón Sáez.

Sáez explica cómo el negocio se precipitó al abismo: “La compañía colapsó en el momento de la intervención judicial porque no se podía seguir una actividad sin sentido económico, que generaba pérdidas. El negocio de Afinsa llevaba plazo de caducidad. Cualquier crisis de confianza derribaría la pirámide”.

Afinsa llegó a tener 716 delegaciones. Unos clientes atraían a otros y en el momento de la intervención acumulaban 150 millones de sellos. Había que alimentar la maquinaria de cualquier forma y así se adquirían como sellos cualquier cosa: pruebas de imprenta, desechos, bocetos, propaganda, sellos fiscales, “especímenes y otras rarezas a las que adjudicaron precios elevados”, recoge el fallo. Para disimular la estafa fue necesario una contabilidad ficticia de la compañía asentada en la liquidez que ofrecían los nuevos inversores.

Un abogado del Estado, clave en la trama

La sentencia se detiene en el caso de uno de los condenados, José Joaquín Abajo Quintana, el jurista responsable de la redacción de los contratos de Afinsa y su adaptación. Abajo Quintana era nada menos que el jefe de la Abogacía del Estado en Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hasta 2006, cuando estalló el escándalo.

Las propuestas en la redacción de los contratos se realizaban en papel de la Abogacía del Estado ante el TSJM. En el juicio aseguró que los borradores procedían del despacho Cuatrecasas, pero que lo imprimió en papel de Justicia porque hacía en su despacho de Afinsa las contstaciones a las demandas propias de su labor como facultativo del Estado. Abajo Quintana ha sido condenado como cooperador necesario de un delito de estafa, asimilando la pena impuesta al administrador de la compañía porque se dedicó a la tarea manteniendo su puesto de funcionario cualificado del Estado.

Una década esperando la sentencia

El retraso en la administración de justicia, del que tanto se han quejado los afectados desde la intervención de Afinsa en 2006, intentó ser utilizado por los acusados para lograr atenuantes en sus condenas. Pero el tribunal rechaza las mayores rebajas porque cree que hay proporción entre una investigación tan complicada y el espacio de tiempo en el que se ha desarrollado.

El fallo recoge los números de la investigación: 25 años de longevidad de la empresa, 190.022 clientes, 2.438 acreedores, 269.570 contratos en vigor, 2.574 millones de euros en pasivo, 150 millones de sellos en stock, miles de comerciales en las 716 delegaciones, un sumario de 59.600 folios, 71 cajas de documentos en los registros, 9,5 millones de euros escondidos en una pared y 30 comisiones rogatorias libradas al extranjero.