El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la nueva Ley de Empleo, que transformará el actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una nueva 'Agencia Española de Empleo', con la intención de “modernizar” y hacer más “individualizada” la atención al ciudadano, según ha defendido el Gobierno. Además, la norma incluye un mayor control previo de los despidos colectivos (ERE) a través de la Inspección de Trabajo, a través de una enmienda pactada entre EH Bildu y las fuerzas de la coalición, PSOE y Unidas Podemos.
La ley ha contado con 187 votos a favor, 58 en contra y 101 abstenciones. Por grupos, el voto favorable de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV, Coalición Canaria y PDeCAT, informa Europa Press, mientras que PP, Ciudadanos y Junts se han abstenido y Vox y BNG han votado en contra.
El Proyecto de Ley del Gobierno pasa así a tramitarse en el Senado. En caso de incorporar enmiendas en la Cámara Alta, con cambios como intentan conseguir los empresarios, el texto volvería al Congreso para su aprobación definitiva.
Adiós al SEPE, llega la 'Agencia Española de Empleo'
La Ley de Empleo pretende “un nuevo enfoque” sobre los servicios públicos de empleo, con la creación de la nueva Agencia Española Estatal que sustituirá al actual SEPE, así como sobre las políticas activas, explicó la vicepresidenta Yolanda Díaz el miércoles en el Congreso.
Se pretende ofrecer un servicio desde un punto de vista más individualizado, a través de itinerarios personalizados, con los que el Ministerio de Trabajo espera “facilitar la integración” en el mercado laboral de las personas desempleadas, así como una mayor formación y relación con las personas ya ocupadas.
Habrá nuevos “colectivos prioritarios” de atención y también se ha puesto el foco en facilitar el 'mapeo' de los puestos vacantes en las empresas, con la obligación de que las empresas usuarias de los servicios públicos comuniquen todos sus ofertas disponibles.
Varios grupos parlamentarios advirtieron al Gobierno que la ley es “insuficiente” dadas las necesidades de un país con casi tres millones de personas paradas, pero reconocieron una “mejora”, por lo que la mayoría apoyó la legislación. Queda pendiente aún la regulación de los nuevos incentivos al empleo, ante la poca efectividad de los actuales, que es otra de las reformas del Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia.
Más vigilancia de las causas de los ERE
La norma incluyó además en la tramitación parlamentaria un tema ajeno a estas políticas para mejorar la empleabilidad. EH Bildu pactó con los partidos del Gobierno una enmienda con un mayor control previo de los despidos colectivos (ERE) a través de la Inspección de Trabajo, una medida que ha levantado a la patronal contra el Ministerio de Trabajo.
Sin recuperar la autorización administrativa previa, la medida supone que la Inspección tendrá entre sus competencias la vigilancia de las causas de los ERE. Así, podrá emitir desde su origen un informe preceptivo sobre si la empresa cumple con la justificación necesaria para aplicar un despido colectivo. En caso de que no sea así, la Inspección no podrá echar atrás el ERE, pero su dictamen puede utilizarse para impugnarlo en los tribunales.
La modificación ha enfurecido a las patronales, que insisten en que este tema no se incluyó en la reforma laboral, por lo que consideran una “traición” al acuerdo social. La CEOE ha pedido una rectificación al Ministerio de Yolanda Díaz y está explorando todas las posibilidades para tumbar la medida. Por el momento, están hablando con las fuerzas políticas para intentar anularla en el Senado, según fuentes patronales.
Desde el Ministerio de Trabajo insisten en la legitimidad del Parlamento para legislar, como ha ocurrido en este caso tras una mayoría parlamentaria en la que hasta el PP se ha abstenido, recuerda. Además, reiteran que la reforma laboral no abordó esta cuestión, sino que se centró en otras, como las modalidades de contratos, la prevalencia del convenio sectorial y la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otras.
Blindar el salario mínimo inembargable
Durante la fase de ponencia de la ley, en la Comisión de Trabajo, se han incorporado 46 enmiendas de los grupos parlamentarios. Entre las modificaciones se ha incluido una disposición final que modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 'blindar' la inembargabilidad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en cualquiera de sus cuantías, ya sea en términos mensuales o anuales.
Además, el Gobierno acordó con ERC la elaboración de un plan bienal para el fomento del empleo digno que estará financiado con los Presupuestos Generales del Estado, recoge Europa Press. En lo que respecta al plan bienal, este se elaborará por el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las CCAA y la Agencia Estatal de Empleo y previa consulta de organizaciones empresariales y sindicales.
No obstante, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aclaró el miércoles que la nueva Ley de Empleo no transferirá la gestión de las prestaciones públicas de desempleo a las comunidades autónomas, como afirmó el diputado del PP Diego Movellán.