La maratoniana jornada de este miércoles en el Congreso de los Diputados —aunque físicamente se ha celebrado en el Senado— ha dado el aval de la Cámara Baja a los objetivos de déficit del Gobierno para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de este año. La votación ha salido adelante con 179 votos a favor y 171 en contra, después de que Junts optara por no participar en las votaciones que se han celebrado de manera telemática.
El texto ha sido uno de los dos que han tenido que volver a ser votados después de que en un primer momento se produjera un empate a 171 votos. Esta circunstancia se ha producido tras el error del diputado de Sumar Gerardo Pisarello. Tras su repetición, la medida ha salido adelante como estaba esperado.
La medida supone fijar una senda del déficit que ya fue anunciada por el Gobierno a mediados de diciembre. El objetivo es que cierre de 2023 es del 3,9%, el dato final se conocerá en unas semanas, y este curso en el 3%, coincidiendo con la entrada en vigor de las reglas fiscales en Europa. Además, prevé un déficit del 2,7% para 2025 y del 2,5% para 2026. Para las comunidades, tendrán que cumplir con el 0,1% de déficit, mientras que los ayuntamientos quedarán en equilibrio, el 0%. Por su parte, la Seguridad Social tendrá un déficit del 0,2%. De este modo, ayuntamientos y comunidades realizarán un ajuste de tres décimas del déficit entre 2023 y 2024, mientras que la administración central lo hará de seis décimas.
Sin embargo, ahora queda la parte más difícil para este trámite. El Gobierno necesita del aval de ambas cámaras para sacar adelante el esquema de estabilidad sobre el que se redactarán los Presupuestos Generales del Estado y que también marcan a las cuentas públicas de las comunidades y de los ayuntamientos. El aval del Congreso se daba por hecho, no así el del Senado.
En su debate en el Congreso, la vicepresidenta María Jesús Montero ha cargado contra el intento del PP de bloquear este trámite en la Cámara alta. “En definitiva, supone rebajar más de 50.000 millones en apenas tres ejercicios, para que luego venga el Partido Popular a dar lecciones a este Gobierno de control de las cuentas públicas déficit o de la deuda”, ha afeado a los populares. La ministra ha defendido el “firme el compromiso” con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas, algo que se ha plasmado en una estrategia fiscal “prudente y creíble, a pesar del complejo contexto vivido”.
En el Senado, el PP cuenta con la mayoría absoluta que obtuvo tras las elecciones del 23J. Esta mayoría le permite tener la capacidad de tumbar el objetivo de déficit. De producirse, el Gobierno tendría otro mes para plantear una nueva votación, lo que dilataría la presentación de los Presupuestos. Unas cuentas públicas que cabe señalar que ya van con retraso, ya que el ejercicio ha comenzado con los presupuestos de 2023 prorrogados. De volver a recibir el voto en contra, el objetivo de déficit decaería.
El Gobierno ya ha hecho una consulta a la Abogacía del Estado por la situación que se abriría y las alternativas que se abrirían. En ningún caso, la negativa del Senado supondría que se cerrara la puerta a la elaboración de unos nuevos presupuestos. El informe encargado por el Ejecutivo le señalaba que, en ese caso, la ley presupuestaria se realizaría con el Programa de Estabilidad presentado por el Gobierno a Bruselas la pasada primavera y no con el objetivo de déficit aprobado a finales del año pasado en el Consejo de Ministros.
La diferencia entre una alternativa o la otra es ligera pero importante para comunidades y ayuntamientos. En ambos casos, el Estado se compromete a tener un déficit del 3%, en línea con la vuelta de las reglas fiscales a Europa, que todavía tiene que ser aprobada por el Parlamento Europeo. Sin embargo, en el caso del documento presentado en abril, comunidades y ayuntamientos tienen menos margen fiscal, ya que tendrían que cumplir con un equilibrio de cuentas y con un superávit del 0,2%, respectivamente. Sin embargo, la norma aprobada por el Congreso este miércoles le da a las comunidades un déficit del 0,1% y a los ayuntamientos les permite tener el 0%, el equilibrio en las cuentas.
“Creo que es muy difícil justificar un voto en contra de aquellas formaciones políticas que no quieren aprobar estos objetivos de estabilidad. Que estas formaciones se posicionen en contra de esta senda significa menor capacidad de gasto en los territorios, significa que tienen que explicar por qué someten a comunidades autónomas y a entidades locales a una mayor asfixia económica de la que propone el Gobierno”, ha defendido la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La norma votada este miércoles incluía también la referencia del techo de gasto para los Presupuestos Generales. Sin embargo, este apartado no formaba parte de la votación, ya que únicamente se informa a las cortes. Para este año el techo de gasto se fija en 199.120 millones de euros, el más alto de la historia. La cifra incluye fondos europeos y supone un crecimiento del 0,5% respecto al año pasado. Restando el impacto de las ayudas comunitarias, el límite de gasto es de 189.215 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,3%.