El Pleno del Congreso ha avalado este jueves, sin votos en contra, el nuevo régimen sancionador de bienes en el exterior, el modelo 720, modificado a través de una enmienda en el Senado para eliminar su imprescriptibilidad y reducir sus sanciones, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE).
Así, la enmienda sometida a votación ha contado con el apoyo del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, el PNV, Junts, el PDeCAT, Más País-Equo, UPN, Compromís, el PRC, Teruel Existe, Coalición Canaria y Foro Asturias.
Tras conocerse la sentencia, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya adelantó que el Gobierno aprovecharía alguna ley en tramitación para introducir los cambios necesarios, con la finalidad de que pudieran entrar en vigor antes del 31 de marzo, que es cuando vence el plazo para presentar el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero referido al año 2020.
Así lo hizo, a través del PSOE en el Senado con una enmienda a la reforma del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con las asimetrías híbridas, cuyos cambios en la Cámara Alta han sido refrendados este jueves en el Congreso.
Cumplir con sentencia europea
Durante el debate en el Pleno del Congreso, el diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes ha destacado la necesidad de cumplir con la sentencia del tribunal europeo y de que se trata de “un problema heredado” del Gobierno de Mariano Rajoy.
Carolina España, portavoz fiscal del PP, ha justificado ese régimen ante una caída de los ingresos tributarios y una situación económica que dejaba al país “al borde del precipicio” y ha destacado que permitió destapar 103.340 millones de euros de activos de 176.000 contribuyentes, a 600.000 euros de bienes por persona. “Teníamos que aflorar el dinero y los bienes sacados de España ante el temor de una intervención o un corralito”, ha dicho.
Unidas Podemos ha justificado la modificación por cumplir la sentencia, cuyo portavoz económico, Txema Guijarro, ha dicho no compartir, pues cree que “todos los esfuerzos son pocos” para exigir información fidedigna ante la falta de una gobernanza global y los mecanismos de elusión de los grandes patrimonios.
Por Cs, Mari Carmen Martínez Granados ha recordado al PSOE su rechazo a enmiendas en este sentido antes de la sentencia, y ha defendido un modelo de declaración similar al del IRPF, con toda la información a falta de ser confirmada, mientras que el PDeCAT, a través de su portavoz Ferrán Bel, ha dicho que no tenía ningún sentido la desproporción de las sanciones y que no declarar bienes en el exterior no pudiera prescribir.
Medida “desproporcionada”
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal a finales de enero el sistema de sanciones que aplicaba Hacienda a los contribuyentes que no declaran correctamente y a tiempo sus bienes y activos en el extranjero, al concluir que se trata de una medida “desproporcionada” que contraviene el Derecho de la UE.
En su dictamen, el Tribunal de Justicia de la UE consideraba que tales multas “establecen una restricción desproporcionada a la libre circulación de capitales” y que, por tanto, contraviene el Derecho de la Unión.
En concreto, la declaración de bienes en el extranjero contempla una sanción máxima que puede llegar hasta el 150% de la cuota defraudada, al tiempo que establece multas de cuantía fija “muy elevadas”, según el TJUE, ya que se aplican a cada dato o conjunto de datos omitidos, y van acompañadas, según los casos, de una cuantía mínima de 1.500 o 10.000 euros y su importe total no está limitado.
Asimismo, la norma española, aprobada por el anterior Gobierno del PP, contemplaba que los delitos derivados por la no comunicación de bienes en el extranjero no prescribían, algo también cuestionado por el alto tribunal.