El Congreso ha dado este martes el primer paso para derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que penaliza con penas de cárcel los piquetes en las huelgas y que fue reformado en 2015 por el Gobierno del PP. La mayoría de la Cámara ha anunciado su respaldo a una proposición de ley del grupo socialista que incluye la supresión de este apartado y la revisión de las sentencias firmes dictadas de conformidad a esta legislación. La eliminación de este artículo del Código Penal ha sido una constante de los sindicatos, que calculan que unas 300 personas –gran parte de ellas sindicalistas– han sido procesadas bajo este precepto en su participación en huelgas y piquetes.
La diputada socialista Andrea Fernández ha sido la encargada de defender la tramitación de esta ley en el Congreso para derogar el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal, que establece un tipo especial para las coacciones en las huelgas. En concreto, establece: “Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.
Fernández ha pedido el voto a favor del resto de formaciones políticas argumentando que este tipo específico “deja espacio a una interpretación interesada y peligrosa” del mismo, con la consecuencia práctica de la limitación del derecho a huelga, como ocurrió en muchos conflictos laborales durante el mandao del PP, en el que la Fiscalía se ceñía a este artículo para pedir penas de cárcel para muchos huelguistas. “No podemos volver a consentir que las leyes se usen para castigos ejemplarizantes ante derechos que son constitucionales”, ha insistido la parlamentaria del PSOE.
Andrea Fernández ha defendido además que, en caso de existir coacciones en una huelga, los jueces y tribunales ya cuentan con el delito de coacciones en el artículo 172 del Código Penal, que les puede permitir enjuiciar estas conductas.
A favor de la iniciativa se han pronunciado la mayoría de los grupos parlamentarios. En Unidas Podemos, que presentó una proposición de ley con el mismo fin en 2017 que no llegó a concretarse, el diputado Alberto Rodríguez ha destacado que “en este país ya es hora de no criminalizar más aún el derecho a huelga”, que ha defendido que es “la herramienta más poderosa, y a veces la única, para que los trabajadores puedan hacer valer sus derechos y vivir decentemente”.
Del mismo modo, PNV, ERC, EH Bildu, Más País, la CUP y BNG han expresado su apoyo a la iniciativa para hacer desaparecer este artículo del Código Penal, así como otros, como la denominada 'Ley Mordaza'. El diputado de ERC, Jordi Salvador, ha afirmado que “la urgencia” de la derogación de este precepto, con “más de 250 sindicalistas aún esperando sentencias”, justificaría que el Gobierno hubiera aprobado la medida por decreto-ley.
El PP se opone por el “derecho a trabajar en paz”
El Partido Popular ha rechazado la proposición de ley con el argumento de que el apartado 3 del artículo 315 “protege un derecho fundamental a trabajar y a poder trabajar en paz”, ha sostenido el diputado Miguel Ángel Jeréz en la tribuna. En realidad, el derecho al trabajo está recogido en la Constitución (artículo 35), pero no es un derecho fundamental, como sí lo es el derecho a huelga (artículo 28).
El PP ha rechazado que se retire este artículo del Código Penal que sanciona especificamente las coacciones en los piquetes porque considera que protege a los trabajadores que no quieren sumarse a los paros. Miguel Ángel Jérez ha afirmado que el tipo general recogido en el artículo 172 del Código Penal podría conllevar finalmente mayores penas de cárcel a los huelguistas, por lo que ha tachado la propuesta de ley del PSOE de “una escenificación, una performance más”. En el pasado el PP intentó tumbar con una enmienda a la totalidad la proposición de ley de Unidas Podemos que buscaba el mismo fin que la votada este martes, pero fue rechazada por la Cámara.
Desde el PNV, que apoya la proposición de ley, han coincidido no obstante en debatir con cuidado la iniciativa, porque consideran que en algunos casos el tipo general podría aumentar las penas a las que se enfrentaran los trabajadores acusados de coacción en una huelga. “Quizá no sea una cuestión tan sencilla el derogar el 315 y aplicar el 172”, ha afirmado el diputado Mikel Legarda, que ha llamado a “una reflexión parlamentaria”, en la que participen expertos.
El resto de la derecha, desde el extremo de Vox hasta el centro-derecha de Ciudadanos, se han opuesto también a la proposición de ley de los socialistas. En Ciudadanos, el diputado Pablo Cambronero ha afirmado que “el derecho de huelga es un derecho, no una obligación” y que el partido dirigido por Inés Arrimadas entiende que debe seguir penalizado en este tipo específico. En Vox, la diputada Patricia de las Heras se ha opuesto a la iniciativa, que ha tachado de “desprotección para los trabajadores” en favor de “los sindicatos subvencionados y corruptos”.
Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT ha reclamado en los últimos días de nuevo el apoyo a esta proposición de ley para enterrar el artículo 315.3 del Código Penal, contra el que han hecho numerosas campañas para exigir su eliminación. “En la práctica ha venido siendo aplicado como una forma de persecución y criminalización del ejercicio del derecho de huelga por los sindicalistas”, ha denunciado UGT en un comunicado este martes. Desde CCOO advertían también de la necesidad del “archivo de todos los procesos que afectaban a más de 300 sindicalistas que participaron en diferentes huelgas contra las reformas laborales y otros conflictos. Algunos de ellos ya han sido juzgados, incluso, con sentencia firme”.