El Congreso ha dado el primer paso para eliminar la capacidad de veto del Senado a la senda de déficit propuesta por el Gobierno, que recoge la la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Solo el Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra de la reforma de la norma acusando al resto de la Cámara de saltarse las reglas de juego. La votación se ha saldado con 181 votos a favor, 164 en contra y una abstención.
La diputada socialista Patricia Blanquer ha defendido la toma en consideración de la la proposición de ley para reformar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Lo que se pretende es modificar el modo por el que Congreso y Senado aprueban los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda. En la actualidad, el Gobierno presenta estos objetivos primero en el Congreso y, si son aprobados por esta Cámara, pasan a ser debatidos en el Senado, donde pueden ser vetados de forma definitiva sin producirse una segunda lectura por parte del Congreso. La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta provoca que este sea el escenario previsible.
Según Blanquer, el Gobierno socialista no plantea más déficit para 2018 y 2019, “sino poner de manifiesto que los objetivos que planteaba el anterior Gobierno eran irrealizables”. Los nuevos objetivos de déficit propuestos por el Ejecutivo son del 1,8 % del PIB en 2019, del 1,1 % en 2020 y del 0,4 % en 2021, cuando los anteriores era del 2,2 %, el 0,3 % y superávit, respectivamente, por lo que ahora habría un margen de 6.000 millones de euros.
Blanquer ha acusado a Montoro, presente en el Hemiciclo, de hacer valor su mayoría absoluta para mantener su capacidad de decisión “de manera torticera, sin diálogo, imponiéndolo, sin consenso”. Ha recordado que mantener este “bloqueo a las decisiones de un gobierno legítimo” impedirá usarlos como base de unos presupuestos “sociales y justos” en 2019 y tampoco las comunidades autónomas podrán aplicar el margen en sus procesos presupuestarios. “Si el Senado veta se da una eventual situación de bloqueo parlamentario totalmente rechazable desde el punto de vista técnico-jurídico y político”.
Para los promotores de la propuesta de modificación, los grupos Socialista, Confederal de Unidos Podemos-ECP-EM, Esquerra Republicana y Mixto, este sistema “no respeta la posición atribuida por nuestra Constitución al Congreso de los Diputados y al Senado y abre la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias contraídas por España”. Para solucionarlo, la reforma pretende asimilar la aprobación de los objetivos de estabilidad con la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, permitir al Congreso levantar el veto del Senado con una segunda votación en la que se requiere la mayoría simple del Pleno.
El portavoz de Unidos Podemos Txema Guijarro ha criticado al PP por su “actitud de niño al que le han quitado el juguete” y a Ciudadanos, que “saben que la jugada en el Senado es infame”. A su juicio, superado el trámite de hoy “habrá dificultades” (en referencia a la imposibilidad de aprobar esta ley a tiempo antes del veto del Senado “pero eso no exime al Gobierno de su responsabilidad”, ha advertido.
La mayoría de los diputados aboga por modificar la redacción del apartado 6 del artículo 15 para volver a la redacción que tenía la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2007 y que no merma las exigencias constitucionales ni la participación de las Comunidades Autónomas.Sin embargo, la Mesa de la Cámara Baja, donde tiene mayoría PP y Ciudadanos, debería reconsiderar su acuerdo de impedir que esta tramitación sea por el procedimiento de urgencia y lectura única, informa EFE.
Joan Margall, de ERC, ha recordado que estas administraciones cuentan con 24.000 millones bloqueados en depósitos bancarios que no pueden destinar por estas restricciones, mientras que Ferrán Bel, del PDeCAT, ha dicho que condicionarán cualquier apoyo a la flexibilización de la norma, cuyo cambio también han demandado los diputados de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, y Coalición Canaria, Ana Oramas. Compromís y EH-Bildu también han apoyado también el cambio, subrayando su oposición a la propia norma en sí.
En el lado contrario se han posicionado los grupos Popular y Ciudadanos. El diputado del PP Víctor Piriz Maya ha empezado preguntándose si esta propuesta tendría sentido si no fuera el PP quien tuviera mayoría absoluta en la Cámara Alta. “¿Estaríamos aquí si el PP no hubiera obtenido una mayoría absoluta en el senado?”, ha apuntado para posteriormente argumentar que la propuesta de los partidos de izquierdas “tiene más que ver con las artimaña de Nicolás Maduro en Venezuela que el respecto de las reglas del juego” con el objetivo de “cercenar las funciones del Senado”.
Piriz ha añadido que esta propuesta solo pretende “quitar la voz al Senado” para aprobar una medidas que “perjudican a España con el objetivo final de subir los impuestos y de despilfarrar”.
El diputado de Ciudadanos Toni Roldán ha mostrado la aposición de su grupo parlamentario a esta reforma: “tienen que aceptar de una vez que no tienen mayoría. No estamos de acuerdo con saltarse las normas y hurtar el debate democrático”. Ha afirmado que a él tampoco le gusta el Senado, pero a su juicio es una reforma pendiente que debe ser consensuada y debatida. “Y si no les gusta la mayoría que tienen convoquen elecciones”, ha concluido.