Las recomendaciones del Pacto de Toledo para reformar el sistema de pensiones han recibido este jueves el respaldo de una gran mayoría del Congreso de los Diputados, con el único voto en contra de la CUP. Aunque el portavoz de Vox ha anunciado su rechazo al acuerdo, como ocurrió en el seno de la comisión parlamentaria con su voto negativo, la formación de extrema derecha al final se ha abstenido. El Pleno de la Cámara avala así el informe de la Comisión, con medidas como la revalorización de las pensiones en base al IPC y la revisión de la jubilación anticipada, que funcionará como guía para que el Gobierno de coalición lleve a cabo la reforma del sistema público de pensiones, como ha expresado el ministro José Luis Escrivá. Tras confirmar este pacto político, el Ejecutivo pretende lograr otro acuerdo con los sindicatos y la patronal, para que la nueva legislación cuente también con el visto bueno del diálogo social.
Magdalena Valerio, exministra de Trabajo y actual presidenta del Pacto de Toledo, ha sido la encargada de presentar las recomendaciones en la Cámara. Valerio ha agradecido el trabajo de todos los portavoces de la Comisión para alcanzar este acuerdo “pese a sus discrepancias”, así como la labor del letrado Ignacio Gutiérrez y de Borja Suárez, director general de Ordenación de la Seguridad Social, entre otros actores que han facilitado el pacto entre las diferentes fuerzas políticas. El objetivo fundamental del texto, ha destacado, consiste en reunir medidas que garanticen el futuro de las pensiones sin “desnaturalizar o hacer irreconocible” el sistema público.
El amplio aval del Congreso a las 22 recomendaciones concluye con una negociación de casi cinco años en el seno del Pacto de Toledo, con un importante retraso, después de mucho tiempo de conversaciones infructuosas entre los diferentes partidos políticos. Finalmente, hace unas semanas la Comisión logró pactar un texto final de recomendaciones para llevar a votación, que ha obtenido este jueves los votos a favor de la mayoría de formaciones, incluida el PP, mientras que partidos independentistas, nacionalistas (ERC, EH Bildu, BNG y Foro Asturias) y Vox han optado por la abstención y, finalmente, la CUP se ha quedado como la única formación que ha votado en contra.
El PP ha destacado su voto a favor de las recomendaciones como una muestra de que “el Partido Popular es un partido de acuerdos”, ha subrayado el portavoz en el Pacto de Toledo, Tomás Cabezón. El parlamentario ha aprovechado este acuerdo para poner en valor el “diálogo” y criticar de paso la Ley Celaá, como una muestra de “imposición” por parte del Ejecutivo, ha apuntado.
Entre el resto de formaciones que han avalado el texto, varias han destacado las cesiones ligadas a sus votos a favor, porque las recomendaciones contemplan cuestiones que no les contentan por completo, pero entienden que son el mejor resultado posible. Ha sido el caso, por ejemplo, de Unidas Podemos, que en la pasada legislatura se desmarcó en el último momento de las recomentaciones del Pacto de Toledo. La diputada Meri Pita ha recordado que los movimientos de pensiones están “decepcionados” con el documento, pero ha justificado que este pacto era un paso indispensable para pasar a legislar las pensiones, uno de los acuerdos del Gobierno de coalición del que forman parte. Pita ha advertido que Unidas Podemos estará vigilante en esta tarea legislativa. “Hoy no termina nada”, ha afirmado, “la lucha continúa”.
Los partidos que se han abstenido han fundamentado su voto por las insuficiencias de las recomendaciones, sobre todo a la hora de reconocer unas pensiones mínimas más elevadas y “suficientes”, así como por lo que consideran que serán recortes a las pensiones en un futuro. Jordi Salvador, portavoz de ERC, ha afirmado que en su grupo se sienten “orgullosos de demostrar que el sistema es sostenible”, pero con base a esto mismo consideran que “no están justificadas las reformas a la baja” derivadas del acuerdo. En todo caso, los diputados de ERC, EH Bildu y BNG han destacado que el trabajo de la Comisión ha obtenido también algunas mejoras que han evitado su voto en contra, como la vuelta a relavorización de las pensiones según el IPC y el reconocimiento de los “gastos impropios” que ha pagado la Seguridad Social durante años y han debilitado sus cuentas.
Por su parte, el portavoz de Vox en el Pacto de Toledo, Pablo Sáez, ha justificado el rechazo del partido de extrema derecha a las recomendaciones (al final expresado mediante una abstención frente a su 'no' en la comisión hace unas semanas) porque asegura que las cuentas públicas en España son “insostenibles”. Así, Vox considera que el acuerdo del Pacto de Toledo es “un engaño a los españoles”, ya que asegura que el sistema de pensiones es sostenible y garantiza la viabilidad de las pensiones públicas en el tiempo. Sáez ha defendido, como medida para sufragar el sistema, la reducción “del gasto político”, lo que la portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo ha calificado de “tomadura de pelo”, ha respondido Mercè Perea.
El parlamentario de la CUP Albert Botran ha defendido el voto en contra de la formación catalana, que han supuestos los dos únicos 'noes' al texto, porque el partido considera que “abre la puerta a reformas regresivas” del sistema de pensiones y no recomienda la derogación de las reformas del 2011 y 2013.
Los votos particulares no salen adelante
Más allá de esa propuesta de reducir el “gasto político”, los de Santiago Abascal no han aportado ninguna propuesta para la modificación del sistema de pensiones a través de votos particulares, como sí han hecho otros grupos políticos. El PP y Ciudadanos, por ejemplo, propusieron otra redacción para la recomendación 16, para impulsar más los planes privados individuales de pensiones y el grupo de Inés Arrimadas también pidió impulsar más la jubilación activa, por la que se puede trabajar y cobrar la pensión a la vez.
ERC y EH Bildu son los partidos que emitieron votos, para más de la mitad de recomendaciones hasta un total de 13, en los que proponían eliminar el impulso de los planes complementarios de pensiones, una auditoría del gasto del Fondo de Reserva (la llamada “hucha de las pensiones”), recomendaban que la edad de jubilación a los 67 años sea “voluntaria” y la eliminación de la base máxima de cotización, entre otras cuestiones.
También presentaron votos particulares Más País, Compromís, para la eliminación de penalizaciones a las personas jubiladas de forma anticipada que haya cotizado 40 años o más, y BNG, con medidas como la recuperación de la edad de jubilación a los 65 años y una pensión mínima al 60% del salario medio, entre otras. Como anunció la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ninguno de los votos particulares ha salido adelante en su votación. Varios partidos, como el PSOE y PNV, han argumentado su rechazo a los votos particulares por entender que debe primar el acuerdo sobre el texto pactado y trabajado entre todas las formaciones, sin destacar las diferentes posiciones de unos y otros, que ya han sido expresadas en el seno del Pacto.