Los primeros pasos del Gobierno en su prometida reforma de las pensiones han comenzado con algunas medidas incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Una de ellas es el traspaso de los llamados “gastos impropios” de las arcas de la Seguridad Social al Estado, unos 14.000 millones de euros en 2021, pero hay otra línea centrada en los planes complementarios a las pensiones públicas que es poco conocida en España. Se trata del impulso de los planes de pensiones de empleo, que las empresas ponen a disposición de los trabajadores. De salir adelante las cuentas presentadas por el Ejecutivo, estos planes de empleo obtendrán mayores deducciones fiscales a partir del año que viene y contarán además con el impulso de un nuevo macrofondo público que pretende generar competencia a las compañías privadas y extenderlos entre los autónomos y las pymes (pequeñas y medianas empresas).
Al contrario que en otros países de la UE, en España los planes de empleo están muy poco extendidos. Se trata de planes de pensiones complementarios que las empresas ponen a disposición de sus trabajadores para que, de manera voluntaria, tengan un complemento a su pensión pública cuando se jubilen. Hay diversas fórmulas en el cobro del montante acumulado en los años de trabajo, de golpe o de manera gradual, y en el mecanismo de las aportaciones al fondo de pensiones, que pueden realizar el trabajador y la empresa como parte de las retribuciones al empleado más allá del salario.
Esta fórmula de pensión complementaria a la pública se conoce como “segundo pilar” de las pensiones y luego está el “tercer pilar”, que son los planes de pensiones individuales que puede contratar cualquier ciudadano para engordar su pensión pública en el futuro.
¿Quiénes usan estos planes de empleo? En España, hay 1,9 millones de trabajadores partícipes de estos planes de pensiones de empleo, frente a los 7,5 millones que tienen planes individuales, según los datos de la patronal de fondos Inverco del pasado septiembre. La Seguridad Social indica que en España hay un 13% de trabajadores cubiertos por planes complementarios de empleo, frente a un 19,6% en Italia, un 24,5% en Francia, un 39,9% en Alemania y un 59,6% en Bélgica.
En general, hasta el momento ha sido una fórmula más explorada por las grandes empresas, pero con apenas desarrollo en compañías de menor tamaño, lo que en España es muy relevante porque la inmensa mayoría del tejido empresarial está compuesta por pymes. Los planes del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pasan por fomentar estos planes complementarios de empleo y que además lleguen a los autónomos y a las pymes.
Esta línea ya había sido defendida por el anterior secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que destacaba que estos planes permiten una “flexibilidad” para planificar la jubilación que no puede facilitar la Seguridad Social: “Por ejemplo, articular de forma más flexible anticipos o retrasos en la edad de jubilación”. Granado también destaca el valor de esta herramienta para acercar la cuantía de la pensión futura al salario que tenía el trabajador en activo.
Sin embargo, algunas de las voces más escépticas con estos planes de empleo advierten de la escasa capacidad de ahorro de los trabajadores en España, muchos con bajos salarios y más aún con la devaluación salarial que se produjo tras la crisis financiera. En Unidas Podemos, por ejemplo, han sido además muy críticos con impulsar estos planes complementarios desde el Pacto de Toledo, sobre todo antes de formar parte del Gobierno, ya que entienden que las instituciones deben centrarse solo en el refuerzo y la garantía del sistema público de pensiones, en lugar de fomentar el ahorro privado.
Un macrofondo planeado en los Presupuestos
El proyecto de Presupuestos de 2021 avanza en el impulso de los planes de pensiones de empleo en dos líneas. Por un lado, aumenta las ayudas fiscales para sus usuarios. El Ejecutivo ha reducido las deducciones de los planes individuales, de un máximo de 8.000 euros al año a 2.000 euros, mientras que ha aumentando las desgravaciones de los planes colectivos o de empleo, de los 8.000 a los 10.000 euros, como explica el ministro José Luis Escrivá en esta entrevista con elDiario.es.
Por otro lado, las Cuentas Públicas emplazan en una disposición adicional a que el Gobierno cree un gran fondo público de pensiones en el plazo de doce meses. Como explicó el viernes el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, este macrofondo público tiene varias funciones: extender los planes de empleo entre los autónomos y pymes, “introducir competencia” frente a los fondos de pensiones privadas que permita reducir las comisiones que pagan los usuarios, así como “incentivar el ahorro”, que se supone que es el fin último de estos planes.
Sobre las comisiones, desde la Seguridad Social indican que estas serían “muy bajas”, inferiores al 0,4%, lo que empujaría a la baja las comisiones en el sector. El ministro Escrivá es muy crítico con los planes de pensiones privados, especialmente los individuales, que tacha de un producto “muy caro” por sus elevadas comisiones y que además es “muy regresivo”, como concluyó el análisis de la Autoridad Fiscal al respecto.
Pendientes también de Calviño
Aunque el desarrollo de este fondo público queda a la espera de su regulación, entre el ministerio que dirige Escrivá y el de Economía, en manos de Nadia Calviño, la disposición adicional de los Presupuestos ya adelanta algunas de sus características. Por ejemplo, que el proceso de selección de las entidades gestoras del fondo –ya que la Administración no tiene capacidad para ello, ha apuntado Arroyo– se hará a través de “concurso competitivo abierto”. El macrofondo público estará regido por una comisión de control y se da poder de vigilancia a la Administración Pública: la política de inversiones del organismo “no podrá ser modificada, salvo con autorización expresa otorgada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, por ejemplo.
Además, el Gobierno está estudiando una posibilidad de adscripción a estos planes de empleo “por defecto”, aunque Israel Arroyo ha afirmado que aún está en fase de estudio. El ejemplo más conocido de adscripción automática es el sistema de planes de empleo de Reino Unido, por el que las empresas deben ofrecer un plan de empleo a sus trabajadores, aunque luego ellos pueden voluntariamente no sumarse a ellos. El secretario de Estado de la Seguridad Social ha reconocido que es una de las referencias posibles, aunque tal vez no la mejor, ha apuntado, por las excesivas diferencias entre la legislación laboral británica y la española. Arroyo ha subrayado que el Ejecutivo se fija más en la experiencia en Euskadi de entidades de previsión social complementaria, las llamadas EPSV, con una gran implantación: la mitad de los trabajadores en la comunidad están adscritos a estos planes de empleo.