El Congreso de los diputados ha dado el visto bueno por segunda vez a los objetivos de estabilidad (deuda y déficit) del Gobierno para la elaboración de presupuestos. La norma ha salido adelante con los votos de todos los partidos que respaldaron la investidura y con el rechazo del PP y Vox. Este voto en contra hace prever un nuevo rechazo en el Senado que obligaría al Gobierno a realizar sus cuentas públicas con otro esquema, más severo con las comunidades y los ayuntamientos.
El Ministerio de Hacienda ha vuelto a presentar los objetivos de déficit que ya aprobó el Congreso hace un mes. Sin embargo, el Senado, con mayoría absoluta del PP, votó en contra. La ley de estabilidad presupuestaria, de 2012, marcaba un plazo de un mes para que el Gobierno presentara de nuevo los objetivos para la votación de ambas cámaras.
Este trámite es fundamental para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, pero también para las comunidades y ayuntamientos. El Gobierno marca el objetivo de déficit del Estado y lo reparte entre las administraciones. La norma votada este jueves establece un objetivo conjunto del 3%. Los ayuntamientos tendrán que cumplir con el 0%; las comunidades con un déficit del 0,1%; la administración central del 2,7% y la Seguridad Social, del 0,2%.
Ahora, este esquema de estabilidad volverá a pasar al Senado. Se espera de nuevo el rechazo por parte de la Cámara Alta donde el PP cuenta con mayoría absoluta. El partido se ha mostrado desde hace meses reacio a aprobar esta medida y aprovecha para cargar contra el Gobierno. “Votamos no a una política económica y presupuestaria que empobrece a los españoles y votamos sí a una alternativa de política económica mejor, que genere crecimiento y empleo”, ha señalado el diputado del PP, José Vicente Marí Bosó, durante su intervención en el debate sobre los objetivos en el Congreso de los Diputados. También Vox se opone a estos objetivos.
El rechazo del PP en el Senado no provocará que los presupuestos decaigan y, por tanto, el Gobierno no pueda cumplir con su objetivo de tener unas cuentas nuevas para este año. El Ministerio de Hacienda ya consultó con la Abogacía del Estado cuál era el escenario que se abriría con este nuevo rechazo, que se prevé en los próximos días. En lugar de estos objetivos de déficit aprobados por el Congreso, entraría en funcionamiento el que planteó a Bruselas el Gobierno hace casi un año en el conocido como Programa de Estabilidad que tiene que actualizar cada primavera.
Este esquema alternativo tiene un objetivo global idéntico, el 3%. Sin embargo, el reparto entre administraciones es distinto. Los ayuntamientos tendrán que tener un superávit del 0,2% y las comunidades, del 0,1%. Esto provocaría que seis comunidades autónomas, cuatro de ellas del PP, que ya han presentado sus presupuestos, incumplirían con sus actuales cuentas los objetivos de déficit más restrictivos.
Lo que sí ha provocado este rechazo por parte del PP a los objetivos de estabilidad del Gobierno es un retraso de varias semanas en el intento del Gobierno de contar con unos presupuestos para este año. En un inicio, el objetivo era tenerlo en el primer trimestre, pero la complejidad de las negociaciones y los problemas con los objetivos de déficit han provocado un rechazo de varios meses. Mientras tanto, están prorrogados los presupuestos de 2023.