El Ministerio de Consumo ha obligado a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a entregarle un “acuerdo de cooperación” que esta entidad firmó con Facebook en mayo de 2021 junto al resto de asociaciones de consumidores europeas agrupadas en la organización Euroconsumers, a cambio de retirar una multimillonaria demanda colectiva contra la multinacional por vulnerar la privacidad de los usuarios.
El acuerdo, que prevé que el gigante tecnológico compense “monetariamente” a las entidades firmantes a cambio de acciones “para la protección y beneficio de los usuarios”, fue “entregado” a Consumo “en el mes de julio pasado, a requerimiento del ministerio”, según OCU.
“Ha sido depositado cuando el ministerio ha valorado y comunicado a OCU, en septiembre, que en su entender, el acuerdo requería ser depositado, criterio con el que OCU no coincidía, pero que se aceptó, al ser ese el criterio del ministerio en su interpretación de la Ley”, indica la asociación por correo electrónico.
La ley de Consumidores española solo permite a las asociaciones “percibir ayudas económicas o financieras de las empresas o grupo de empresas que suministran bienes o servicios a los consumidores o usuarios” si se articulan a través de convenios con la debida “transparencia” e “independencia”, que deben depositarse obligatoriamente en el ministerio. Consumo lleva tiempo “analizando” si se ajustan a la ley los convenios de OCU con empresas como Facebook o con Repsol, que pagó a OCU una comisión de 15 euros por cliente captado en una de sus compras colectivas de energía.
OCU asegura que “ha cumplido en todo momento con las indicaciones de la Dirección General de Consumo” (DGC). El departamento de Alberto Garzón explica que, en el caso de Facebook, “inicialmente, el ministerio contaba con la información de que se trataba de un acuerdo extrajudicial firmado por Euroconsumers, no por OCU. Por tanto, de ser así, no era susceptible de depósito en la Dirección General de Consumo”.
Sin embargo, “no es hasta este verano -en el que trasciende el contenido del convenio- cuando la DGC tiene indicios de que, pese a que no se llamara así, el acuerdo equivalía a un convenio e implicaba a OCU, por lo cual debía ser depositado. Es en ese momento cuando se requiere a OCU su depósito”, añade el ministerio.
El acuerdo fue firmado por Facebook Ireland LTD, por un lado, y Euroconsumers, la OCU y las asociaciones adheridas a esa organización en Italia (Altroconsumo), Bélgica (Test Aankoop) y Portugal (Deco). Según la OCU, “se firmó inmediatamente antes de su comunicación a la opinión pública, mediante nota de prensa de 28 de mayo de 2021”.
El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, indica que tras las conversaciones respecto a las demandas colectivas presentadas contra Facebook en varios países europeos, “las Partes se dieron cuenta de que compartían un interés en proteger los derechos y la seguridad de los usuarios” de esa red social y se comprometieron a una “relación cooperativa”.
El documento deja claro que Facebook Ireland “rechaza las alegaciones de los Casos de Euroconsumers y rechaza expresamente toda responsabilidad”. Mientras, “las Entidades de Euroconsumers, por el contrario, reafirman la validez de sus afirmaciones”.
Pero Facebook “comparte la dedicación de las Entidades de Euroconsumers a los derechos a la seguridad y privacidad de los usuarios”. Y las partes se comprometen a promover acciones de “empoderamiento digital”, contra las estafas online y a favor de la “sostenibilidad”.
El punto 2. 2. 2. del acuerdo dice que a cambio de “la retirada y terminación de todos los Casos de Euroconsumers”, la multinacional de Mark Zuckerberg promete “apoyar razonablemente” acciones “para la protección y beneficio de los usuarios”, tanto “monetariamente” como “con otra consideración valiosa”.
¿Qué acciones y a qué cambio de qué? El documento no lo especifica y OCU asegura que “Facebook no ha hecho ningún tipo de aportación económica”. “OCU no ha recibido, ni recibirá, ninguna compensación económica” de Facebook, “ni directa ni indirecta”. También niegan que exista “ningún otro acuerdo, convenio o colaboración adicional” derivado de ese “convenio extrajudicial”.
Según la OCU, “se trata de un acuerdo en el que cada una de las organizaciones firmantes decide qué acciones lleva a cabo de acuerdo a la finalidad señalada, la protección, capacitación y empoderamiento de los consumidores en ámbitos como la sostenibilidad, las estafas en la red y el empoderamiento digital”.
“A efectos de transparencia, OCU se ha atenido a la Ley, y ha ido más lejos al haber comunicado a los medios y a sus socios exactamente el contenido y compromisos que afectaban a OCU”, defiende la organización.
Antes de ese acuerdo, las organizaciones de Euroconsumers promovieron acciones colectivas contra Facebook por supuestas vulneraciones sobre protección de datos, competencia desleal, prácticas comerciales desleales, derecho de consumidores, derecho de contratos y/o normativa de privacidad. En España, las acciones se seguían ante el Juzgado Mercantil 5 de Madrid.
El punto 4 del acuerdo califica de “estrictamente confidencial” su contenido, salvo autorización expresa de la otra parte. Y se incluye un pacto de no agresión: “Durante el Periodo de Colaboración, cada Parte se compromete a no actuar en una forma desleal con las otras Partes, o que pueda dañar la reputación o la situación económica, comercial o administrativa de las otras Partes o de sus respectivos aliados, gestores, accionistas y empleados”.
Como señaló Facua en agosto, en el correo enviado por OCU a los 47.000 usuarios que se dieron de alta en su campaña para demandar a Facebook les indicaron que, tras este acuerdo, en lugar de las indemnizaciones de al menos 200 euros reclamadas, esos usuarios podrían recibir revistas y guías gratuitas durante seis meses.
Según la OCU, “Facebook no ha pagado, ni va a pagar ninguna suscripción a OCU. La recepción de revistas y guías durante un periodo de tiempo se hizo con la idea de dar una compensación”, afirma la organización de consumidores.
Consejero “independiente”
Respecto a la vinculación de la OCU con la empresa luxemburguesa Euroconsumers SA, que en 2022 batió récord de sueldos pese a entrar en pérdidas, y de la que es consejero el presidente de la OCU, Miguel Ángel Feito, OCU asegura que “no existe relación formal o de dependencia entre Euroconsumers y OCU”.
Feito “es consejero independiente de Euroconsumers, a título personal”, y “no representa a OCU en dicho consejo, ni a ninguna otra entidad, pero tampoco representa a Euroconsumers en ningún órgano de administración de OCU”.
“Fue invitado a formar parte de dicho consejo a título personal muchos años antes” de ser nombrado presidente de OCU en 2020. “El Sr. Feito fue elegido presidente de OCU cuando llevaba muchos años siendo consejero independiente de Euroconsumers, y lo continúa siendo en calidad de independiente. Por tanto, la coincidencia en la actualidad de su condición de presidente de OCU y consejero de Euroconsumers no supone ninguna dependencia funcional entre las dos organizaciones ni confiere el carácter de ”matriz“ a Euroconsumers, ni viceversa”.
Antes que Feito, el representante español en Euroconsumers fue el economista y expresidente de la OCU Carlos Sánchez-Reyes de Palacio, que administró esa firma en el Gran Ducado hasta 2009.
OCU dice que su asamblea “es el órgano de representación y control de la organización”. Sus miembros lo son “con carácter voluntario y sin ninguna remuneración” y “no pueden recibir, ni reciben, mandatos ni instrucciones de Euroconsumers o de ninguna otra organización, pues no existe ninguna relación jerárquica con ninguna organización, ni española ni extranjera”.
Entre los compromisarios de la asamblea general de socios de OCU están, entre otros, según su web, el catedrático y exministro del PSOE Tomás de la Quadra Salcedo, el también catedrático, ex diputado del CDS y expresidente de OCU, Miguel Martínez Cuadrado, Pilar Ayuso, ex eurodiputada del PP durante 20 años, Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/Birdlife, o Javier Urra, ex defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
“Instrumento muy potente”
OCU afirma que “la coincidencia de consejeros o miembros de órganos intermedios de administración es un instrumento muy potente de coordinación entre organizaciones de consumidores que comparte un objetivo común”, la defensa de los consumidores “y la prestación de servicios a los mismos”.
“Ni Euroconsumers puede dictar a la Asamblea de OCU lo que debe hacer, ni la Asamblea de OCU, ni ningún otro órgano, puede dictar a Euroconsumers lo que debe hacer”, asegura la OCU.
Las relaciones entre esa empresa del Gran Ducado y la OCU van mucho más allá de Feito. El presidente de esa mercantil luxemburguesa, Daniel Stons, es miembro del Comité de Dirección de la OCU junto a Armand de Wasch, que según la web de la OCU es el tesorero de la asociación española.
También son consejeros de Euroconsumers el belga Roland Counye, a su vez consejero de la mercantil española OCU Ediciones, al igual que Guido Adriaenssens. En OCU Ediciones, que edita las publicaciones de la OCU y está en una complicada situación financiera, fue consejero otro administrador de Euroconsumers, Hervé Jarry. OCU y Euroconsumers no aclaran la tipología de los diferentes consejeros de esa empresa luxemburguesa.
Esa mercantil tiene millones de euros invertidos en inmuebles y en una sicav y no detalla los sueldos de sus administradores. No debe confundirse con la organización Euroconsumers, que tiene en su consejo, según su web, a la española Raquel Silveira, que se define en LinkedIn como “country manager” de OCU Ediciones.
Como consejero delegado de Euroconsumers figura desde este verano el portugués Antonio Balhanas, también miembro del comité de dirección de la OCU. Balhanas procedía de la asociación portuguesa Deco. Según su LinkedIn, hasta 2018 fue directivo en su país de la tabaquera Japan Tobacco International (JTI), propietaria de Winston, Camel o Benson & Hedges, entre otras marcas.
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Nota de rectificación remitida por OCU
En cumplimiento de la ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, publicamos esta nota enviada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), a la redacción de elDiario.es:
“1. Facebook no prometió compensar ”monetariamente“ a OCU, de hecho, en ninguna parte del acuerdo se establece que OCU vaya a percibir compensación monetaria alguna por parte de Facebook. El acuerdo firmado con Facebook no prevé obligación de compensación monetaria hacia ninguna organización salvo acuerdo posterior entre las partes (cosa que no se dado entre OCU y Facebook).
2. El acuerdo firmado con Facebook no prevé obligación de compensación monetaria hacia ninguna organización salvo acuerdo posterior entre las partes (cosa que no se dado entre OCU y Facebook).
3. A fecha de hoy el Ministerio de Consumo no se ha pronunciado jamás en contra de los acuerdos firmados por OCU.
4. En julio de 2020 OCU consultó a la Dirección General de Consumo si debía o no depositar el acuerdo extrajudicial que se iba a firmar, entre otros, por OCU. La respuesta fue que no era necesario su depósito al no entrar “dentro de los Convenios o acuerdos de colaboración a los que alude el artículo 30 de la LGDCU”. No ha sido hasta septiembre de 2023 en que la Dirección General de Consumo ha solicitado su depósito, cosa que OCU hizo diligentemente.
5. El mismo acuerdo igualmente indica que nada de lo pactado impedirá que cada parte haga declaraciones veraces o proporcione información veraz. No tienen más que acudir a la plataforma Reclamar de OCU para comprobar que de hecho se publican reclamaciones emitidas por los socios de OCU contra Facebook: https://www.ocu.org/reclamar/empresas/facebook/300000290“