La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha congelado sus compras colectivas de luz ante la “incertidumbre” del mercado energético tras cobrar de Repsol, ganadora de la última edición, 15 euros por cada cliente captado con esa subasta, cuyos contratos vencen ahora. El Ministerio de Consumo está “estudiando” si estas comisiones, que la asociación cobra desde 2013, comprometen su independencia.
La cifra de 15 euros por cliente captado consta en un convenio de colaboración firmado entre Repsol y la OCU el 11 de noviembre de 2021, que extiende su vigencia hasta el próximo 20 de noviembre y al que ha tenido acceso elDiario.es
En él, Repsol se compromete, como “proveedor”, a abonar a la OCU “una serie de aportaciones consistentes en 15€ por cada contrato efectivo (IVA no incluido) que se realice”, en concepto de “compensación por campaña” y para “sufragar una parte de los gastos” de la misma: “Desarrollos informáticos y gestión y comunicación del proyecto www.quieropagarmenosluz.org y la puesta a disposición de cuanta información se genere”.
El convenio se remite al artículo 30 de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que, recuerda el documento suscrito entre la OCU y Repsol, permite a las asociaciones de consumidores firmar acuerdos con empresas “que supongan una mejora en precios y/o en calidad de bienes o de suministros”, en el marco de “actividades de formación, información y defensa de los consumidores y usuarios en general y en la búsqueda de ventajas específicas para los mismos que mejoren su posición en el mercado”.
La ley dice que estos acuerdos con empresas deben “respetar los principios de independencia y transparencia” y depositarse en el Ministerio de Consumo. A preguntas sobre este asunto, el departamento de Alberto Garzón afirma que está “estudiando” si esa contraprestación de Repsol respeta esa independencia, algo que, asegura, hace “con todos los convenios depositados en el Ministerio”.
Consumo afirma que “la transparencia se cumple desde el mismo momento que depositan los convenios” en el Ministerio. Respecto al dinero ingresado por OCU con ellos en los últimos años, insta a solicitar esa información por el portal de Transparencia.
Consumo ya denegó hace un año a Facua los convenios de la OCU con empresas. Transparencia obligó al Ministerio a entregárselos a la asociación de consumidores, que señaló que desde 2013 la OCU “viene recibiendo dinero por cada cliente captado para firmas como Repsol, Cepsa y Másmóvil” con esas subastas.
A preguntas sobre este asunto, OCU defiende que estos convenios “cumplen los requisitos de independencia y transparencia. La mecánica de las compras es transparente y tiene como finalidad exclusiva promover una mejor información de los consumidores y usuarios, mejorando su posición en el mercado”, insiste.
El convenio con Repsol, que las partes acordaron “mantener confidencial”, recoge el compromiso de OCU de realizar dos subastas de gas y electricidad para mejorar la “competitividad del mercado”. OCU se compromete “a no facilitar en ningún momento, ni el número ni la identidad de las compañías participantes” en la puja. Se firmó días antes de que, “ante la imparable subida del precio de la electricidad”, la asociación anunciase el lanzamiento de su VI Compra Colectiva de Energía bajo la plataforma www.quieropagarmenosluz.org.
OCU no precisa cuánto dinero ha ingresado por ella, ni por las que organizó en 2013 (que se adjudicó Holaluz), 2014 (Naturgy y Viesgo, hoy Repsol), 2016 (Viesgo), 2017 (Esfera Luz y Fenie) y 2019 (Cepsa).
En el caso de la adjudicada a Repsol, que ha rechazado comentar este asunto, el plazo para que los consumidores se apuntaran a la subasta estuvo abierto hasta el pasado 15 de febrero. Un mes antes, al anunciar que el proveedor sería la energética que preside Antonio Brufau, la OCU informó de que se habían apuntado hasta entonces “más de 20.000 consumidores”.
Muy lejos de los 610.000 hogares que se inscribieron en las dos primeras, según explicó la organización en 2016. Aparentemente, la más exitosa fue la primera, con “casi medio millón de inscritos”, según anunció la OCU en 2013. En esa y en las posteriores se habrían apuntado unos 700.000 usuarios, según los datos publicados por OCU en su momento.
A una media de 15 euros por cliente captado, los ingresos para la organización por esas seis subastas ascenderían a unos 10,5 millones.
Pero son estimaciones. Ni OCU ni Consumo facilitan esa información. Y un portavoz de la OCU indica que “ni son 700.000 los consumidores que desde esa fecha han cambiado de compañía gracias a las compras de OCU”, ni esa cantidad “es cierta y aplicable a las diferentes compras colectivas que hemos llevado a cabo. Multiplicar una cifra por otra no corresponde a la realidad”. “Llevaremos a cabo todas las acciones legales a nuestro alcance si nuestra imagen se ve afectada por una información inveraz”, dice ese portavoz.
Fuentes del sector confirman que esas comisiones a las empresas se han cobrado desde la primera subasta de 2013. Y que han llegado a ser considerablemente superiores a esos 15 euros que figuran en el acuerdo con Repsol.
Un directivo de una comercializadora de luz y gas que ha participado en esas compras colectivas explica a elDiario.es, bajo condición de anonimato, que “la OCU siempre ha cobrado un fee bastante caro. Según ellos era para cubrir el coste de la consultora que les preparaba la subasta”.
En una de las primeras, dice, “querían que nos presentáramos porque teníamos el mejor precio de mercado”. “Sin embargo, el fee se comía todo nuestro margen”. Finalmente no acudieron. “Con los volúmenes que manejaban de objetivo hubiéramos tenido muchas pérdidas”.
La OCU es una organización de consumidores privada, independiente y sin ánimo de lucro. Es la mayor de este tipo de España, según su web, con 203.506 socios en 2021, de acuerdo con su última memoria anual. Además de los socios (que pagan una cuota a la asociación por defender sus intereses) tenía ese año a más de medio millón de “simpatizantes”. Entre ellos incluye a quienes se adhieren a las compras colectivas que organiza. Estas abarcan energía, tarifas de telefonía, carburantes, biomasa o paneles solares.
Como explica la organización, “cada compra colectiva está sujeta a un convenio”. El de Repsol “ya ha finalizado”, aunque “seguirá vigente hasta noviembre de 2023 ya que si hubiera algún conflicto entre los socios que se inscribieron en la compra colectiva y Repsol, OCU actuará como parte mediadora hasta dicha fecha”.
El acuerdo fue suscrito por la comercializadora de electricidad y gas de Repsol y OCU Ediciones SA. Esta mercantil edita las publicaciones que la asociación de consumidores envía a sus socios y canaliza la inmensa mayoría de sus ingresos. Según la última memoria anual de la OCU, en 2021 esa sociedad ingresó 27,32 millones procedentes de suscripciones de socios. Una cifra muy superior a los 1,8 millones que recibió la OCU por cuotas de sus asociados.
En sus últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil y accesibles a través de Insight View, correspondientes a 2020, OCU Ediciones, con unos 235 empleados, declaró unas ventas de 28,1 millones y pérdidas de 1,26 millones. En ellas explica que el 90% de sus acciones está en manos de la Association Belge des Consommateurs Test Achats ASB.
Esta asociación belga está a su vez controlada (70,7%) por Euroconsumers SA, holding creado en 1990 en Luxemburgo, un territorio de baja tributación, que aglutina participaciones en sociedades vinculadas a asociaciones de consumidores sin ánimo de lucro de varios países europeos. En ella es consejero el presidente de la OCU, Miguel Ángel Feito, ex secretario de Estado de Comercio con Felipe González en los años 90.
Según explica la asociación en su web, en 2021 las actividades de OCU y de OCU Ediciones “se financiaron en un 90,1% mediante las cuotas de sus socios/suscriptores, el 6,8% mediante la colaboración con otras asociaciones de consumidores internacionales y servicios legales. El 3,1% restante proviene de subvenciones por la realización de campañas de concienciación y formación”.
OCU recuerda que la Comisión Nacional de la Energía (CNE), antecesora de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), recomendó hace años “promover procesos de switching colectivo” para dinamizar el mercado y beneficiar a los consumidores. Y subraya que la mecánica de las subastas “siempre es la misma desde su origen en diferentes países de Europa”.
En ellas, OCU hace una oferta general a todas las empresas más representativas del sector, en un proceso de compra abierta en el que puede participar cualquier compañía. Su operativa tiene un coste que los socios de OCU no pueden “asumir en exclusiva”: gastos de gestión de la campaña, de promoción, de atención a los consumidores, de gestión de la web y de atención y resolución de incidencias. Y de ahí esa comisión por cliente captado.
“Desde OCU estamos particularmente orgullosos de esta iniciativa que ha cumplido plenamente con sus objetivos de mejorar la posición de los consumidores en el mercado. En particular con la compra colectiva de Repsol, los consumidores se han beneficiado de un ahorro medio muy sustancial, que incluso podría ser mucho mayor de lo esperado inicialmente, dado el contexto actual del mercado de la energía, tremendamente difícil y lleno de incertidumbres”, defiende la asociación.
Ahora que los contratos de esa subasta están venciendo al cumplir un año, y tras un 2022 de infarto en los mercados energéticos por la invasión de Ucrania, la OCU acaba de anunciar que no va a poner en marcha una nueva subasta de luz.
“En estos momentos, con el actual panorama energético dominado por la incertidumbre, la temporalidad de algunas medidas, la volatilidad de precios... la situación es complicada para organizar con garantías de éxito una nueva edición de Quieropagarmenosluz. Aun así seguimos trabajando activamente en ello, buscando nuevas oportunidades en el mercado energético para que los consumidores puedan efectivamente pagar menos luz”, indica la entidad en su web.
La OCU ha explicado que la tarifa de Repsol que pudieron contratar “miles de usuarios” hace un año les proporcionó “precios que les han permitido ahorrar de media más de 600 euros en las facturas energéticas de 2022”.
Repsol está comunicando ahora (con un mes de antelación) la revisión de precios “con unos importes que poco tienen que ver con la tarifa ganadora”, lamenta la asociación. Las tarifas de luz van de 0,119890€/kWh, “un precio realmente muy competitivo que se está ofreciendo a un número muy reducido de usuarios”, según la OCU, a los 0,289890 €/kWh ofertados a “una gran parte de los clientes”.
“En casi todas las opciones se mantienen precios elevados para la potencia en horario valle”. Y a esos importes hay que sumar el coste del tope al gas para la generación eléctrica. Con ello, un hogar medio con 4,6 kW de potencia y 3.500 kWh de consumo anual pagaría 1.649 euros al año con su oferta estándar, según la OCU. “La oferta peor de Repsol, que es la que le está llegando a casi todos los clientes, también es mucho más cara que otras buenas ofertas del mercado”, resume la entidad.
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