Entre el 12 de mayo de 2015, día que finalizó el MIR, y el 1 de abril de 2016, poco antes de emigrar a Suecia, Carlos Martínez, médico de familia, firmó 50 contratos de trabajo. “Hubo semanas que tenía ocho contratos. Iba alternando ambulancia, atención primaria y urgencias en el Hospital Comarcal de Melilla, a veces un mismo día por la mañana y por la noche”, explica el joven de 32 años.
Para tener una relación laboral estable tuvo que irse a Suecia. Se convirtió en indefinido cuando llevaba dos meses trabajando en el Hospital de Mariestad, cerca de Gotemburgo. En esta localidad escandinava reside junto a su pareja y sus dos hijos desde el año pasado. “En España, cubriendo bajas y vacaciones la conciliación familiar era imposible”.
La opción de emigrar no está en la cabeza de F, de 55 años, a pesar de que lleva más de una década encadenando contratos de seis meses, con paros de otros seis meses de por medio, en otra compañía pública, Correos. “Es el método que usa la empresa, aunque dicen que ahora va cambiar”, explica. Él está en una bolsa de empleo a la que accedió cuando se presentó a unas oposiciones con las que no logró entrar como personal fijo.
“Cuando estoy en paro me hundo moralmente, dependo del sueldo de mi mujer. Pero esto ya es irremediable a la edad que tengo”, opina. Sobre cómo afectará esta situación laboral a su jubilación, confiesa que aún no se ha querido informar.
Tampoco se ha planteado irse del país por sus circunstancias familiares Esther González, investigadora del Centro de Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid. A sus 38 años acumula ocho contratos de duraciones entre los cuatro meses y los dos años y varias becas en este centro, en el que comenzó a trabajar en 2003.
Sus contratos dependen de los fondos que cada tres años destina el Plan Nacional de I+D+i al laboratorio, cuya cuantía y destino son inciertos en cada nueva convocatoria. “Estoy pagando una hipoteca y me la tuvo que avalar mi marido. Al banco le da igual los años que lleves trabajando, ellos solo ven que te quedan tres meses de contrato. Es un sinvivir”, resume.
Sin estadísticas oficiales
No hay estadísticas oficiales sobre cuántos trabajadores en España están afectados por el encadenamiento de contratos. Sin embargo, CCOO elabora una estadística propia sobre este tema desde hace años, cruzando dos variables que se publican en la Encuesta de Población Activa (EPA): la antigüedad de los trabajadores en una empresa y la fecha del último contrato. De ello se deduce que ese trabajador ha tenido varios contratos encadenados.
Según este método, en el segundo trimestre de 2017 había 1,7 millones de trabajadores con contratos encadenados, 826.000 hombres y 898.000 mujeres. Esto supone un 9,16% del total de 18,8 millones de ocupados. De ellos la mayoría trabaja en el sector privado (1,3 millones) y el resto en el público. Es una realidad que castiga especialmente al sector de la educación (169.000) seguida de cerca por la sanidad (167.000), el comercio (136.000) y la hostelería (132.000).
Una práctica “sangrante”
El encadenamiento de contratos en una misma empresa identifica una práctica especialmente “sangrante” dentro de la precariedad laboral, ya que da indicio sobre puestos de trabajo susceptibles –potencialmente– de ser considerados indefinidos y continuos, y que por tanto debieran cubrirse con contratos indefinidos y no enlazando sucesivos temporales, según CCOO.
La legislación vigente establece que si se encadenan contratos temporales durante dos años, deben hacerte indefinido. Quizá por ello es común que haya temporadas de desempleo entre un contrato y otro.
Esta realidad matiza aún más los datos de paro de julio conocidos la semana pasada. El registro de 26.887 parados menos en las oficinas del SEPE (antiguo INEM), y de 56.222 afiliados más a la Seguridad Social fue celebrado por el Gobierno. El PP llegó a comparar la bajada del desempleo con la llegada del hombre a la Luna o la caída del Muro de Berlín.
El número de contratos declarados por las empresas en ese mes fue de 1.928.639, pero menos de uno de cada veinte eran indefinidos y a tiempo completo. Además, de ser correctos los cálculos sindicales, decenas de miles podrían tratarse de contratos encadenados y en muchos casos haber sido firmados por los mismos trabajadores una y otra vez.