Diferentes plataformas y organizaciones sociales y políticas han constituido la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público, Social y Sostenible, para denunciar los recortes anunciados en el sector y mantener, mejorar y ampliar los servicios del tren de cercanías y regional.
Entre las primeras iniciativas está la denominada “Semana de Lucha por el ferrocarril”, que arranca hoy y durante la que se organizarán movilizaciones por todo el Estado para “reclamar la defensa y la mejora de la red ferroviaria”, ha informado Izquierda Unida (IU), que forma parte de la Coordinadora.
La Coordinadora “tiene muy en cuenta en su actuación” que, a finales de este año, está previsto que el Ministerio de Fomento haga pública “la batería de recortes en servicios ferroviarios, así como el cierre de determinadas líneas”.
Según los últimos datos disponibles, el 70 % de las inversiones en infraestructura ferroviaria se ha destinado a la alta velocidad (AVE), que es utilizada sólo por el 4 % de los usuarios, y únicamente el 30 % va a cercanías y a las líneas de media distancia, que usan el 96 % de quienes viajan en tren, ha recordado IU.
Para la Coordinadora, el proceso para “desmantelar el ferrocarril”, iniciado hace más de 20 años, contribuye al incremento de la desigualdad social y territorial, y a priorizar la inversión en el AVE, “un medio de transporte caro, minoritario y muy deficitario”.
La Coordinadora considera que el ferrocarril debe seguir siendo un servicio público y de titularidad pública, en el que prime el beneficio social y medioambiental que supone para el conjunto de la sociedad.
Aboga por un modelo en el que las infraestructuras de transporte cuenten con la evaluación de impacto ambiental y las inversiones favorezcan al ferrocarril normal y no a la alta velocidad, compensando “el largo abandono” que ha sufrido.
A su juicio, la red básica ferroviaria española tiene que estar integrada en la red básica ferroviaria transeuropea, que se establecerá en 2023 y se pondrá en servicio en 2030.
También propone unir Renfe y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en una única estructura integrada de empresa pública, así como un marco laboral común que garantice tanto las condiciones de trabajo como la seguridad.