Hace unos años la vivienda en Bruselas era un chollo. Prácticamente ninguna otra capital europea ofrecía apartamentos y chalés a precios tan asequibles. La situación en la ciudad belga es todavía incomparable a la que atraviesan otras, como Madrid, Ámsterdam, París o Barcelona. En una ciudad con una enorme rotación por los miles de trabajadores de las instituciones europeas y lo que ellas conllevan, se pueden encontrar pisos de cuatro habitaciones, garaje, trastero e incluso jardín por el equivalente al salario mínimo, que asciende a 2.000 euros. Sin embargo, la crisis de la vivienda que azota el continente también se ha empezado a sentir en la denominada 'capital comunitaria'.
Los precios están al alza: en 2023 aumentaron un 10,6% que se sumó al 4,7% experimentado el año anterior. Ante esa situación, los gobernantes bruselenses están tirando de todas las herramientas que tienen a mano para intentar paliar los efectos, especialmente combatiendo el fenómeno de las casas vacías, que es ilegal según su propio Código de Vivienda.
Uno de los instrumentos que tienen en la legislación es el ‘derecho a la gestión pública’, que básicamente permite a las autoridades requisar inmuebles vacíos o en condiciones de insalubridad para renovarlos y sacarlos al mercado como alquiler social.
La normativa tiene 20 años de vigencia, pero estaba prácticamente inutilizada porque hecha la ley, hecha la trampa: tal y como estaba redactada, el propietario podía reclamar la gestión después de que las autoridades locales llevaran a cabo la remodelación con fondos públicos. Pero una reforma acometida en 2022 eliminó esa suerte de laguna y las comunas (una especie de distritos en los que se divide la capital belga) han comenzado a aplicar ese derecho.
Según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Bruselenses (un organismo del que forman parte varias universidades) a instancias de la responsable regional de vivienda, la socialista Nawal Ben Hamou, hay 4.500 viviendas en la capital a las que se podría aplicar ese procedimiento. Las comunas de Etterbeek y Saint Gilles –dos de las 19 que componen la ciudad– han iniciado los pasos para asumir el control de varios inmuebles, que se puede prolongar durante décadas. Una vez aplicado el ‘derecho de gestión pública’, los propietarios no pueden reclamar su uso hasta que se hayan amortizado los gastos de rehabilitación asumidos por el sector público.
La comuna de Etterbeek, que se encuentra en el precio medio de vivienda de la capital de Bélgica –1.186 euros de media frente a los 1.413 en Woluwe-Saint-Pierre, la comuna más cara, y los 901 euros de Jette, la más barata– , es la que más ha avanzado en el procedimiento. Los servicios públicos identificaron siete inmuebles a los que se podía aplicar el derecho de gestión pública (tres desocupados y cuatro en condiciones inhabitables). “Nos centramos en los inmuebles de inversión que podrían utilizarse para crear varias viviendas si se introdujera la gestión pública”, explican desde la comuna sobre el proceso de selección que iniciaron en 2023.
“Comprobamos que la simple activación del procedimiento abría el diálogo y a menudo resolvía la situación”, señalan sobre los siete correos certificados que enviaron a los propietarios de esos edificios. Una vez iniciado el proceso, un propietario aceptó una oferta de compra; otros dos habían sido vendidos o estaban a punto de hacerlo; otras dos seguían analizándose, y dos se han puesto bajo el paraguas de la gestión pública.
El proyecto para uno de los inmuebles consiste en la rehabilitación de tres pisos -uno de ellos con un jardín en la planta- de dos y un dormitorio. El importe para las arcas públicas supone 561.810,76 euros y se asume la gestión durante 29 años en los que el propietario no puede reclamar. La comuna está en el proceso de tramitación con los propietarios, que aún pueden decidir alquilar la vivienda para evitar que la gestión pública tome el control. El otro caso es un edificio de 10 apartamentos y seis estudios, pero el proyecto no está tan avanzado.
“A corto plazo, la intención es enviar un mensaje contundente a los propietarios de infraviviendas”, afirman desde la comuna.
El derecho de gestión pública es una de las opciones que tienen las autoridades, por tanto, para encarar la crisis de la vivienda que ha llevado a un encarecimiento de un 50% en la última década en el conjunto de la UE. Los técnicos de la Comisión Europea llevan tiempo alertando de que es uno de los problemas a los que se enfrentan los estados miembros y ahora la presidenta del gobierno comunitario, Ursula von der Leyen, se ha comprometido, a instancias de los socialdemócratas, a colocar el tema entre las prioridades de su segundo mandato, a pesar de que no tiene apenas competencias.
Entre las promesas de Von der Leyen hay un Plan Europeo de Vivienda Asequible, que encargará a un comisario ad hoc, y la flexibilización del régimen de ayudas de Estado para impulsar el apoyo a la vivienda pública. Otro de los compromisos es permitir a los estados miembros duplicar las inversiones previstas de la política de cohesión en viviendas asequibles.
Según una portavoz de la Comisión Europea, en el periodo 2021-2027 se presupuestaron 10.400 millones de inversión en políticas de cohesión de vivienda, de los que 7.500 proceden de fondos europeos. En buena medida las ayudas persiguen mejorar la eficiencia para reducir los costes de la energía (con una inversión prevista de 8.900 millones) para 725.000 viviendas. A eso se suman 27.300 millones (19.600 de la UE) para “medidas complementarias de apoyo para garantizar el acceso a los servicios generales de educación, empleo, sanidad y asistencia social”.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.