La exministra socialista Cristina Narbona, única integrante del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que el pasado miércoles votó en contra del dictamen favorable (con condiciones) a la prórroga de la central nuclear de Garoña, cree que no había “ninguna razón” para conceder esa autorización para la eventual reapertura de la planta, parada por decisión de sus propietarias desde finales de 2012.
En el voto particular de Narbona a la votación del miércoles colgado este viernes en la web del CSN, la exministra subraya que Nuclenor (de Endesa e Iberdrola) “no ha cumplido, en su totalidad, los requisitos exigidos” en una Instrucción Técnica Complementaria (ITC) emitida en julio de 2014, posteriormente reiterados por escrito al titular en una carta y reafirmados en octubre pasado por el propio presidente del CSN, Fernando Marti, en su primera comparecencia en el Congreso en casi dos años.
El argumento del resto de miembros del pleno y de la dirección técnica es que esas indicaciones no eran vinculantes.
Narbona advierte de que se trata de “modificaciones de diseño muy significativas desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica, cuyo alcance, coste y dimensión conoce perfectamente Nuclenor desde hace casi una década”, porque se trata de reformas pendientes desde la prórroga que en 2009 le concedió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Narbona añade que “es imposible que en el corto y medio plazo Garoña pueda operar a potencia [producir electricidad], dada la gran magnitud de las mejoras que aún le quedan por realizar”. En la explicación de su voto lamenta la “larga cadena de decisiones adoptadas desde 2013 por la mayoría del Pleno, siempre con el voto en contra de esta consejera, orientadas a facilitar la reapertura de la central nuclear de Garoña, y con ello iniciar la regulación de la operación a largo plazo del parque nuclear, hasta los 60 años de funcionamiento”.
¿Tras este dictamen, si finalmente Garoña no se abre, tendremos que indemnizar a Endesa e Iberdrola?
No. Para eso tendría primero que dar el Ministerio [de Energía] la autorización administrativa. Nadal ha dicho que serán seis meses de diálogo social y político, cosa sorprendente: nosotros cerramos el tema y ahora el ministerio se toma seis meses, algo que no ha pasado jamás. Es un síntoma de que Garoña es moneda de cambio para otras cosas. Pero no surge un derecho económico hasta que el Gobierno no dé la autorización administrativa para la prórroga. Otra cosa es que se conceda y luego, si hay elecciones anticipadas, llegue otro gobierno que paralice la reapertura. Ahí sí surgiría la lógica reclamación por parte de la empresa.
¿Y si luego se cierra el resto de nucleares, habrá indemnizaciones?
Esto es el primer ladrillito de la casa. A continuación le toca al Gobierno. Y una vez que el Gobierno decida, ellas [las eléctricas] dirán si les sale a cuenta. Entretanto, nosotros cambiamos guía de seguridad, decimos al titular que haga una cosa y luego que ya no es necesario… esto es retorcer las reglas del CSN. Hay que plantearse qué mensaje se está mandando a la sociedad.
Su compañera de partido y vicepresidenta del CSN, Rosario Velasco, se ha aliado con el PP en las votaciones. ¿Qué le parece?
Yo, desde el principio, llevo cuatro años en minoría absoluta en el CSN. Pero no representamos el PSOE, este es el partido nos propone, lo traslada al parlamento y nos votan tres quintos. Está claro que nuestro nombramiento tiene un origen, las dos somos militantes del PSOE. A nivel personal, cada una podemos tener una opinión sobre la energía nuclear, pero la ley exige que seamos neutrales. Eso en la práctica sólo me aplica a mí.
El CSN está a punto de disociar las revisiones periódicas de las centrales, que se hacen cada diez años, de las licencias, que hasta ahora se hacían de forma simultánea. Usted reveló que esa propuesta salió de la patronal eléctrica, Unesa, para facilitar la reapertura de Garoña.
Sí. Es impúdico.
¿Está el CSN secuestrado por las eléctricas?
Lo único que puedo decirle es que debemos tomar decisiones que estén plenamente justificadas y, en este caso y en el de Garoña, no veo justificación. Y me sorprenden las prisas cuando a la planta para volver a operar le queda como un año y medio, según los propios técnicos. A lo mejor es porque alguien teme nuevas elecciones.