Cristina está embarazada de 31 semanas. Hace tres que debía comenzar sus clases de preparación al parto en Jaén. El mismo día que se conoció el plantón de las aseguradoras privadas a la licitación de Muface, recibió una llamada de la clínica donde tenía previsto iniciar el curso: “Me dijeron que se anulaban porque iba a cerrar”. La mujer comenzó entonces un periplo para garantizarse la prestación que, tras decenas de llamadas, contestadores automáticos e emails sin responder, ha terminado por abandonar resignada. “Me generaba ansiedad y, en mi situación, no es el momento”, lamenta.
En un primer momento, Cristina se puso en contacto con Muface, que la derivó a su aseguradora. Ella había elegido DKV, que en la actualidad atiende a unos 200.000 beneficiarios, pero en la oficina que la compañía tiene en Jaén no le facilitaron ninguna solución. “Me dijeron que eran un local comercial y que tenía que hablar con Granada, que era donde se firmaba el convenio. Me dieron varios teléfonos y tras llamar a ocho o nueve números, me dijeron que no había ninguna matrona en mi ciudad y que la más cercana estaba en Córdoba, pero en mi situación no puedo estar cogiendo el coche”, explica en conversación con elDiario.es.
Esta funcionaria elevó una queja, en la que explica que la matrona que solía atenderla le “comentó que había encontrado otro espacio donde realizar las clases de preparación al parto, pero desde DKV le negaban la contratación”. Fuentes de la compañía indican a esta redacción que si no hay una alternativa asistencial privada, el mutualista puede acudir a un servicio público. Además, señalan que han reforzado el servicio en las sucursales y en los call center para atender el incremento de demanda ante la incertidumbre, que cifran en un 160% más. “La frecuentación en 2024 ha crecido un 10,5%, lo que todavía empeorará más la siniestralidad”, indican.
La de Cristina es una de la “multitud de quejas” que ha recibido la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), de la que es delegada, a través de un buzón habilitado para conocer la situación actual de los cientos de miles de mutualistas pendientes de la crisis abierta en las últimas semanas, y que han trasladado ya al Defensor del Pueblo y los grupos parlamentarios. Mercedes, una funcionaria de 41 años que vive en Cee, un municipio gallego de casi 8.000 habitantes, optó por un seguro privado porque el hospital público no tiene servicio de foniatría, al que recurre habitualmente. Sin embargo, indica que “antes del verano ya hubo un par de consultas de otras especialidades donde me dijeron que ya no cogían pacientes nuevos”, por lo que tuvo que pedir cita en otro de los que ofrece el catálogo.
Fuentes del sector aseguran que la asistencia continuará prestándose con normalidad hasta el 31 de enero, cuando finaliza el concierto en curso si no hay acuerdo con Función Pública. Sin embargo, tanto los sindicatos como mutualistas con los que ha podido hablar esta redacción muestran su preocupación por la deriva de Muface y en qué situación quedarán llegada esa fecha o, incluso, en este momento. “Yo veo mis derechos abolidos, en tanto en cuanto me estoy viendo privada del servicio a la asistencia sanitaria durante el embarazo”, señala Cristina, que asegura que el próximo 1 de enero pedirá el cambio a la sanidad pública. “Creo que es la única que ahora mismo me puede dar la seguridad de que voy a cumplir todo lo programado hasta mi parto”, aclara.
Los funcionarios mutualistas pueden elegir, cada mes de enero, la prestadora que quieren que les ofrezca asistencia sanitaria ese año o bien optar por la sanidad pública. Una gran mayoría, en torno al 70%, se decantan hoy en día por la privada, pero la tendencia es decreciente. De hecho, dos de cada tres nuevos empleados públicos optan por la seguridad social.
“Ahora mismo pensamos que va a haber un traslado hacia la sanidad pública, porque nos estamos sintiendo rehenes de unas aseguradoras que lo único que quieren es ganar dinero a nuestra cosa”, explica Isabel Galvín, que es portavoz de la Federación de Educación —uno de los colectivos con más mutualistas— de CCOO en Madrid, que es además usuaria de la seguridad social. Además, “los usuarios más jóvenes que se incorporan a la oposición prefieren el sistema público”.
Desde esta federación sindical llevan más de una década incentivando la elección de la sanidad pública, una estrategia que se ha intensificado después de la pandemia. “Tuvimos muchos casos en los que las aseguradoras no contestaban al teléfono y la vacunación fue más ágil en la pública”, indica Galvín. En la misma línea, señala que “es muy habitual pedir el cambio cuando se dan situaciones de enfermedad crónica grave, alguna operación compleja o, incluso, un accidente cardiovascular sobrevenido”.
Galvín pone más ejemplos. “Cuando un mutualista tiene un accidente coronario o un infarto en la calle, quien primero te atiende es el hospital público. Luego se tramita el reintegro, pero de momento te salva la vida la pública”. O los casos en los que los centros públicos son la avanzadilla. “Tenemos hospitales de referencia en Madrid, haciendo tratamientos muy punteros, sobre todo en cáncer de mama”, indica, como portavoz de un colectivo, el docente, muy feminizado.
Los sindicatos han intensificado esta semana las acciones para reclamar un entendimiento entre las aseguradoras y el Gobierno, que permita continuar con el sistema actual a partir de 2025. El ministro de Función Pública, Óscar López, ha confirmado que se publicaría una nueva licitación antes de fin de año y ha enviado mensajes de “tranquilidad” a los beneficiarios. Este departamento había abierto un proceso de consultas a las compañías, para que justificasen en qué condiciones estarían dispuestas a prestar el servicio. Sin embargo, el informe final de Muface señala que la respuesta de estas “no aporta la evidencia de costes que conforma el total de la prima”.
Uno de los puntos álgidos de las protestas se producirá, previsiblemente, este sábado. CSIF ha convocado una manifestación, apoyada por los sindicatos policiales Jupol y Jucil, frente a la sede de Mufaca en Madrid “en defensa del modelo”. “Las protestas se prolongarán en el tiempo en el caso de que el Gobierno siga sin reaccionar y sin garantizar la continuidad del modelo de Muface con una asistencia sanitaria de calidad”, destacan desde esta organización, que no descarta “paros en la Administración”.
Mientras se resuelve el conflicto, Cristina se ha resignado. “Soy primeriza y hay mucha información que se me escapa de las manos. Las clases me iban a preparar para un momento muy importante, pero no las voy a tener. No voy a pelear más porque me crea ansiedad y no es el momento. He asumido que no lo voy a tener y tal vez cuando tenga tiempo vuelva a darle una vuelta”, dice, sin renunciar a emprender acciones legales por un derecho que le ha sido arrebatado.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.