El bono de alquiler joven “va a suponer un elemento importante para que la vivienda deje de ser un gran obstáculo para los jóvenes, para su emancipación, para que inicien su proyecto de vida”. A mediados de enero la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, explicaba así el objetivo de esta medida, discutida por los expertos por su impacto real en los precios. Un bono de 250 euros al mes para menores de 35 años –con limitación en función de su renta– cuya aplicación queda en manos de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia de vivienda. Y, a día de hoy, la gran mayoría de autonomías aún no ha hecho efectiva su aplicación, ni ha abierto a los ciudadanos la tramitación para solicitar la ayuda.
De momento, solo cuatro autonomías han puesto en marcha el proceso para que los ciudadanos puedan convertirse en beneficiarios del bono de alquiler joven. Se trata de Catalunya, Comunitat Valenciana, Galicia y, desde esta semana, Asturias, ya que acaba de publicar los requisitos en el Boletín Oficial del Principado. Además, hay otras cuatro comunidades que han asegurado que están ultimando los trámites y que prevén que las solicitudes puedan comenzar a materializarse a lo largo de este mes de julio: Extremadura, Castilla y León, Canarias y La Rioja.
También Madrid ha dejado abierta la puerta a que esté en marcha este verano, en julio o en agosto, según aseguró hace unos días la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín. En este caso, justificó que no se podían acelerar los plazos por “las lagunas e imprecisiones del Real Decreto” que les ha “obligado a trabajar a contrarreloj para resolverlas”, aseguró en declaraciones recogidas por la agencia Efe, aunque otras comunidades no han tenido problemas para activar la medida.
Esa contrarreloj de la que habla la consejera del Gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso, en realidad, echó a andar el pasado 9 de marzo. Ese día, la Conferencia Sectorial de Vivienda, en la que están tanto las comunidades autónomas como el Ministerio, ratificó el reparto de fondos del Bono Alquiler Joven. En total, 400 millones de euros, a razón de 200 millones este año y otros 200 en 2023, dado que el bono conlleva un cómputo anual y retroactivo. Es decir, quienes cumplan los requisitos pueden solicitarlo y recibir la ayuda para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, tanto de 2022 como del próximo ejercicio.
Ese reparto de fondos, respaldado por todas las administraciones, determinó que el 17,1% de esos 400 millones correspondan a Andalucía. En total, 68,4 millones de euros. La segunda más beneficiada en el reparto es Madrid, con el 15,3%, 63,6 millones entre los dos años. Y, la tercera, Catalunya, con el 14,5% de los fondos, 58 millones de euros. Las sumas de menor cuantía corresponden a Ceuta y Melilla. Ambas con el 0,10% del total de 400 millones, a razón de 200.000 euros por cada ciudad autónoma en cada uno de los dos ejercicios en los que se aplique el bono. De este reparto de fondos quedan fuera tanto Euskadi como Navarra que, por su régimen foral propio, desarrollan sus propios programas de ayuda al alquiler.
En estos meses desde la aprobación de la distribución de fondos, algunas comunidades, como Madrid, han criticado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no haya transferido ya los fondos a las diferentes autonomías. Fuentes del Departamento encabezado por Raquel Sánchez indican que, a mediados de junio, el Ministerio ya había realizado todos los trámites y las transferencias de los créditos a aquellas comunidades que habían completado las gestiones necesarias para que, finalmente, el Tesoro Público les remitiese a cada una los importes asignados. Un reparto de fondos que va en paralelo a los procesos de solicitud de ayudas, donde las comunidades tienen plena autonomía para decidir el calendario.
Sea por el motivo que sea, lo cierto es que más de seis meses después de su aprobación por parte del Ejecutivo solo cuatro comunidades han puesto en marcha el bono de alquiler joven. Administraciones regionales que, además, tienen voz y voto en cómo quede esta ayuda mensual en su territorio porque lo que aprobó el Gobierno fue un marco global.
El esquema que adoptó el Ejecutivo contempla una ayuda al alquiler de 250 euros mensuales para jóvenes de entre 18 y 35 años, que perciban como máximo tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM. Es decir, como tope pueden cobrar 24.000 euros anuales, lo que podría beneficiar, indicó el Gobierno, a cerca de 600.000 personas.
Sin embargo, dio margen a las comunidades para marcar sus propias condiciones. Por ejemplo, como base general para optar a esos 250 euros mensuales la renta del alquiler de un inmueble no deberá superar los 600 euros mensuales, pero los gobiernos regionales pueden subir ese límite a 900 euros en zonas tensionadas, es decir, en áreas donde los precios del alquiler se hayan disparado y donde es difícil encontrar pisos por debajo de ese importe. Lo mismo ocurre con el bono para habitaciones de alquiler. Como marco general, está contemplado para rentas que no superen los 300 euros al mes, pero las comunidades pueden ampliar el límite de precio hasta los 450 euros.
Ese esquema de diferentes baremos en función de los precios de alquiler que se paguen se ha aplicado, por ejemplo, en Catalunya, donde el plazo de solicitud del bono acabó a mediados de junio. Para el área metropolitana de Barcelona (Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental o Vallès Oriental) el límite es de 900 euros. Para el resto de la demarcación de Barcelona y Girona, 650 euros; y Tarragona y Les Terres de l'Ebre, 600 euros. En la Comunitat Valenciana, también hay diferencias. La ayuda se sitúa en un tope de 770 euros si son pisos en la ciudad de Valencia y de un máximo de 680 euros en Alicante y Castellón. En el caso de Galicia, el plazo de solicitud de esta ayuda se abrió el 26 de junio y estará activo hasta el 31 de octubre, sin que el Instituto Galego da Vivienda especifique criterios diferentes al límite de renta de 600 euros. Esa misma cifra se marca en Asturias, que, de momento, no ha puesto fecha tope a la presentación de solicitudes, que se prolongará de forma continuada hasta finales de 2023.
Esta disparidad de criterios, de calendarios y de requisitos pone de relieve el puzle legislativo que es la gestión de la vivienda y que podría definir el futuro de la futura Ley, ahora en tramitación en el Congreso de los Diputados. Una legislación que el Ejecutivo marcó en el calendario para estar en marcha en la recta final del año. Sin embargo, a día de hoy, solo se ha llevado a cabo una comparecencia, con expertos en vivienda, en la Comisión donde se debe consensuar el texto.
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