El conflicto familiar por el Goya inédito vendido por el marido de Esperanza Aguirre a Juan Miguel Villar Mir también afecta a las millonarias ayudas públicas recibidas por Savial SL, empresa agrícola cuyo administrador único es el cónyuge de la expresidenta madrileña, el aristócrata Fernando Ramírez de Haro.
El hermano de este, el diplomático Íñigo Ramírez de Haro, asegura en la ampliación de la querella que presentó el 6 de abril ante el juzgado de instrucción 26 de Madrid que Aguirre y su marido “han desviado en provecho de Savial SL los frutos y subvenciones” de “centenares” de hectáreas que la familia comparte, tras el reparto de diversas fincas como parte de la herencia de los suegros de Aguirre en régimen de proindiviso (sin dividir los bienes).
Entre las ayudas presuntamente desviadas estarían “las millonarias subvenciones provenientes de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, siendo así que la PAC subvenciona a los propietarios de la superficie agrícola y Savial SL no lo es”. Esta empresa, según la querella, pertenecía cuando se creó en 1993 a Fernando Ramírez de Haro en un 90% y en un 10% a Esperanza Aguirre, azote durante su etapa en política de “los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias en general”.
La querella atribuye al matrimonio “la descapitalización de todos los bienes de la comunidad hereditaria” desde que en 2010 falleció el suegro de Aguirre, Ignacio Ramírez de Haro, Conde de Bornos. La expresidenta madrileña y su marido, dice el escrito, “no han hecho entrega a D. Íñigo de beneficio alguno de dichas fincas, se han negado a rendirle cuentas de su administración, las han descapitalizado” y han cometido “excesos intensivos” en la administración de Savial, dejándola “sin liquidez alguna” y en quiebra técnica.
Las subvenciones cobradas por esa empresa en los últimos diez años superarían ampliamente los 2 millones de euros. Entre 2006 y 2013, Savial SL percibió 1.626.443 euros por ayudas de la PAC, según contó hace años InfoLibre. Y ha seguido haciéndolo después. En el portal del Fondo Español de Garantía Agraria aparece como beneficiaria de 202.902,9 euros de esas ayudas solo en 2019 (último ejercicio disponible).
En el portal de subvenciones del Ministerio de Hacienda figura como receptora de más de 800.000 euros en ayudas públicas solo desde 2007, de los que ha recibido 245.000 euros desde febrero de 2020. Los últimos pagos son de marzo de 2021 y ascienden a 12.456 euros.
La querella del cuñado de Aguirre acusa a la expresidenta, entre otros delitos, de apropiación indebida, administración desleal, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, quiebra fraudulenta y un fraude a los presupuestos generales de la UE mediante el cobro de esas ayudas. Respecto a la presunta administración desleal, denuncia un delito contra el patrimonio indiviso de Íñigo Ramírez de Haro y otra mercantil de la familia, Ganadera Bornos, “entendido como el conjunto de bienes, de derechos y de obligaciones, incluyendo las expectativas razonables de beneficio, ganancia o crédito”.
Señala que “desde antes de consumarse en 2020 la estafa en relación con el cuadro de Goya”, Savial estaba en causa de disolución, “sin que Dña. Esperanza y su cónyuge la hayan instado, ni liquidado, ni se haya iniciado procedimiento concursal. Al continuar en el tráfico mercantil generando obligaciones en perjuicio de D. Íñigo, debe responder solidariamente del pago su administrador y su cómplice, por no atender los deberes que les impone la legislación societaria, incluido el de depositar las cuentas anuales”.
“Ingeniería financiera”
“En vez de aumentar el capital social, promover concurso de acreedores o disolver la SL como ordena la Ley de Sociedades de Capital”, Savial “ha absorbido los beneficios de las fincas”. Y el matrimonio, mediante “ingeniería financiera”, aumentó la deuda a corto plazo de la empresa hasta 3,5 millones con préstamos al marido de Aguirre, mientras recortaba la deuda bancaria de Savial en 4,73 millones hasta dejarla en 2,15 millones.
Es aquí donde entra en escena la venta del cuadro: para amortizar esa deuda con entidades financieras, habrían utilizado fondos procedentes “al parecer, del dinero obtenido mediante el negocio jurídico criminalizado en torno al Goya, cuyo dinero alza y blanquea por esta vía”.
Los bienes cuya “descapitalización” denuncia el cuñado de Aguirre estarían incluidos entre las “miles de hectáreas de fincas rurales y una propiedad urbana en proindiviso con D. Íñigo y otros hermanos, donadas por sus padres en vida y/o mortis causa”, y administradas por el marido de la expresidenta desde antes de la muerte de su padre través de Savial y Ganadera Bornos.
La querella cita la finca Dehesa de Sobrinos en Ávila (donada el 23 de diciembre de 1982), donde la expresidenta se fue de cacería en 2012 con la infanta Elena; la finca Monte Alcarria, en Guadalajara, donada en vida proindiviso por la matriarca de los Ramírez de Haro a sus hijos, y que incluye la finca y el cortijo Piedras Menaras, y las partes llamadas “Alto Pelado” y “La Nava del Peral”; los bienes que integran Ganadera Bornos, de la que son parte además de Fernando (45%), Íñigo y los otros cinco hermanos en un 11% cada uno; y un inmueble en Madrid propiedad de los hermanos Ramírez de Haro y de un hijo de la exministra.
Savial, que según la información disponible en el Registro de la Propiedad no tiene inmuebles a su nombre, está domiciliada en el palacete familiar del matrimonio en el centro de Madrid. Su actividad principal es el cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas. Como muestran las millonarias subvenciones cobradas en los últimos años, sigue activa, pero lleva desde 2014 sin presentar cuentas pese a estar obligada a hacerlo.
En las últimas disponibles explicaba que a esa fecha tenía 6 empleados, activos de 3,61 millones y acciones cotizadas en bolsa por 1,63 millones. Por las pérdidas acumuladas (casi 1,2 millones solo en 2011 y 2012), sus fondos propios eran negativos (un indicio de insolvencia) en 1,78 millones, un 50% más desde 2011, tal y como recoge un informe pericial aportado por el cuñado de Aguirre, que en su querella apunta a la “manifiesta” responsabilidad personal del matrimonio en este “esquema defraudador”.
Aguirre aseguró en 2015 que el cheque de 5.115.600 euros que, como publicó entonces elDiario.es, había ingresado en 2012, cuando todavía presidía Madrid, en una cuenta que comparte con su marido, correspondía a “la venta de un bien patrimonial” de este, “que decidió vender para pagar parcialmente un crédito” que tenía con el Banco Santander para “salvar su empresa”. Se trataba del Goya que vendieron sin protegerlo como bien cultural para ahorrarse impuestos, como ha desvelado ahora este medio, al simular una donación que un fiscalista describe como un fraude fiscal “de libro”.