Los datos que desmienten la catástrofe económica que pintan PP y Vox

“La economía española es una de las peores economías en crecimiento económico en la Unión Europea en los últimos cuatro años”. La frase la pronunció el pasado lunes Alberto Núñez Feijóo en una entrevista. El líder del PP concatenó una serie de datos parciales o directamente falsos en apenas un minuto con los que dibujó una situación de España que está lejos no solo de los datos o de los análisis de los organismos e instituciones nacionales e internacionales, sino de la propia percepción que los ciudadanos tienen de la evolución económica en el último lustro.

La economía española cerró 2023 con un crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto) del 2,5%, por encima de todas las expectativas, incluso de las del Gobierno. Unas previsiones que desde el PP y Vox ridiculizaron, pero que finalmente se quedaron cortas. Asimismo, España creció por encima de los grandes países europeos: Alemania (-0,3%), Italia (0,7%), Francia (0,9%). La media de la eurozona fue del 0,5%.

Feijóo criticó en la entrevista que el Gobierno coja “un dato” mientras “se olvida de lo que pasó en el año 20, 21, 22”. “Estamos a la cola”, zanjó. Lo cierto es que nuestro país lidera el crecimiento europeo desde que completó la recuperación del shock de la COVID a mediados de 2022. Las últimas proyecciones del FMI han confirmado que lo seguirá haciendo en este 2024 y en 2025.

La pandemia asestó un golpe más agudo a la economía española en 2020 y en 2021 por el mayor peso del turismo y de los servicios en general en el conjunto de la actividad. Sin embargo, las inéditas políticas económicas de protección de rentas (de familias y también de empresas, con la financiación de los ERTE, la histórica subida del SMI, el diseño del IMV...), las reformas acometidas (sobre todo la laboral) y la moderación más rápida de la inflación han convertido a nuestro país en una excepción positiva dentro de la eurozona.

Los discursos catastrofistas de PP y Vox chocan con una realidad económica a la que, por otra parte, quizá no estamos acostumbrados. Echando la vista atrás, las que pretendieron ser profecías auto cumplidas para derribar al Gobierno de coalición y para favorecer un cambio de signo político han caído en saco roto.

Algunos de los 'think tank' (centro de análisis) ligados a la derecha apoyaron esta estrategia con previsiones pesimistas que trimestre a trimestre tuvieron que revisar al alza, según se imponían el dinamismo de la actividad (con una novedosa fortaleza del sector exterior, más allá del turismo), la creación de empleo (principalmente en sectores técnicos de alto valor añadido) y la resistencia de las familias al daño de la inflación.

La incertidumbre de los últimos tiempos es innegable: la salida de la pandemia, los cuellos de botella en el comercio mundial, la invasión rusa de Ucrania, la agresiva austeridad monetaria del BCE, la masacre de Gaza por parte de Israel... La dificultad para lanzar predicciones es indiscutible. Basta con atender a la volatilidad de los precios energéticos, que se dispararon por momentos y que se moderaron después bastante más rápido de lo esperado. Especialmente en España, donde se logró poner un tope al precio del gas —una medida crucial que en el barro político se calificó como “timo ibérico”—. Por eso, basar las críticas al Gobierno en previsiones como el 0,8% de crecimiento en 2023 que la CEOE publicó en enero del año pasado (finalmente cerró en el 2,5%) era demasiado arriesgado.

En la entrevista de esta semana, el líder de la derecha también cuestionó los datos del paro, que dejan a España a la cola de la UE pese al avance de los últimos meses. Con todo, Feijóo quiso ir más lejos al decir que “una de las causas de por qué el empleo aparentemente va mejor es porque hemos contratado a 500.000 empleados públicos”. Pero la realidad es que los datos laborales de los que presume el Gobierno indican lo contrario: la creación de empleo de 2023 corresponde en más del 90% al sector privado, frente al público.

Feijóo también puso en duda los datos de la EPA al aludir a la figura del fijo discontinuo, que se extendió con la reforma laboral de Yolanda Díaz y que para el PP es un “maquillaje” de las cifras del paro. “Tenemos entre 400.000 y 600.000 personas que no figuran en el paro, pero que no están trabajando”, dijo. “La estadística lo aguanta todo”, lamentó. En España trabajan hoy 1,2 millones de personas más que antes de la pandemia. La creación de empleo se concentra en sectores de alto valor añadido.

La retahíla de Feijóo no terminó ahí. El líder del PP dijo que España tiene “más déficit público, mayor incremento de deuda pública y menor crecimiento económico en los últimos cuatro años”. “Esta es nuestra situación”, apuntó. “Hemos perdido convergencia con Europa. Volvemos a ser un país pobre en términos de fondos de cohesión”, terminó. En cambio, España tiene actualmente un perfil financiero mucho más sólido que Italia y rivaliza con Francia. Tanto la ratio de deuda respecto al PIB como el desequilibrio presupuestario de nuestro país es inferior al de la segunda economía de la eurozona.

La catástrofe que nunca llegó

Desde el aterrizaje de Feijóo en Madrid el PP se ha empeñado en presentar una situación económica mala o muy mala de España, consciente de que el bolsillo de los ciudadanos es una de las armas electorales más importantes que existen. Pero la recesión que tantas veces proclamaron nunca llegó. Los españoles nunca han compartido la opinión del líder popular, según las encuestas.

Ni la escalada de los precios a raíz de la pandemia y la guerra de Ucrania, que obligó a la intervención de la UE y permitió la llamada excepción ibérica para intervenir el precio de la energía, ni los impuestos extraordinarios a banca y eléctricas, ni el nuevo tributo a las grandes fortunas han supuesto el cataclismo vaticinado por las derechas. 

Las empresas han exprimido la crisis de inflación. El margen de beneficios promedio de las no financieras supera el nivel previo a la pandemia, según el último informe trimestral del Observatorio de Márgenes, que recoge datos hasta el cierre de septiembre de 2023. Este indicador muestra que las grandes compañías de la agricultura, la industria y las eléctricas son los sectores que han aprovechado más la crisis de precios para obtener más ganancias. Es decir, que han mejorado más la rentabilidad de sus negocios, trasladando el incremento de los costes de producción (energía, materias primas, proveedores de servicios o salarios) a los precios de venta (los que paga el consumidor) y elevando su capacidad de convertir los ingresos totales en beneficios. Los bancos y resto del sector financiero han hecho lo propio, elevando sus ganancias a máximos históricos en gran parte de los casos.

De hecho, el último dato de la inflación ha supuesto un repunte de los precios precisamente después de que se hayan levantado algunas de las medidas de choque planteadas por el Gobierno y que el PP criticó en su día. 

El PP también se opuso a los impuestos especiales creados por el Gobierno de coalición para gravar, por un lado, los beneficios extraordinarios de banca y eléctricas por el contexto de subida de tipos y de precios tras la invasión rusa de Ucrania. Por otro, para revertir las rebajas del impuesto de Patrimonio puestas en marcha por la derecha en las comunidades autónomas que gobierna.

El relato catastrofista que Feijóo mantiene no encuentra eco ni siquiera en la patronal. Este mismo mes, el líder del PP y el de los empresarios, Antonio Garamendi, coincidieron en un acto organizado por una importante compañía hotelera. Allí Feijóo arremetió contra la política económica del Gobierno, aunque presumió de los datos de empleo del sector turístico, mientras criticaba las políticas diseñadas durante la pandemia. Garamendi recogió el guante y defendió en primera persona lo que se hizo con el acuerdo de la CEOE: “Nos dimos cuenta de que había un problema real, o salvábamos el turismo, salvábamos esas empresas y salvábamos el empleo, o teníamos un problema. Yo creo que ese fue un esfuerzo conjunto”.

Feijóo y el PP siempre eliminan de la ecuación económica del Gobierno de coalición la pandemia provocada por el coronavirus y sus consecuencias a nivel internacional. 

Un impuesto fantasma a la agricultura

La última bandera que ha levantado el PP es la del campo. A lomos de las protestas de los agricultores franceses contra su propio Gobierno, y que ha afectado a los camiones que transportan a Europa los productos agrícolas españoles, Feijóo ha pedido a Pedro Sánchez que actúe y “defienda” a los empresarios agrarios

Pero, además, ha alertado de un supuesto “impuestazo agrario” que estaría preparando el Gobierno de coalición y del que, de momento, no hay información. 

El PP ha arremetido duramente contra el aumento de la recaudación del Estado desde que gobierna Pedro Sánchez, especialmente en el IRPF, que grava principalmente las rentas del trabajo. Pero Feijóo y sus gurús económicos obvian siempre el incremento de la población activa.

El campo se ha convertido así en otro elemento con el que el PP ataca al Gobierno, esta vez de la mano de Vox. Ambos partidos pugnan por hacerse con el apoyo de quienes anteponen la maximización de beneficios a la lucha contra la emergencia climática o la racionalización del uso del agua justo cuando la sequía ha obligado a restricciones en el consumo residencial en Catalunya o Andalucía.

Esta misma semana, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, aprovechó su presencia institucional en el Comité de las Regiones de la UE para atacar a la “Agenda 2030” de la ONU y sostener que las políticas climáticas son “una completa estafa”, lo que le valió el aplauso del PP de Alfonso Fernández Mañueco.

En Vox defienden que las carencias de agua en determinadas zonas hay que solventarlas con trasvases de agua desde otras regiones que, dicen, tienen excedentes que “van al mar”. Una cuestión, la del agua, que amenaza con partir al PP en dos. Feijóo ya no defiende el trasvase del Ebro como obra central de una plan de “redistribución” de este cada vez más escaso recurso, sino que plantea un “pacto de Estado” sin explicar realmente su contenido, mientras sus comunidades autónomas se pelean en público.