Las pensiones públicas han entrado de lleno en la actualidad en las últimas semanas, gracias a varios anuncios del Gobierno. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, informó de la propuesta del PP de ampliar la vida laboral para el cálculo de la pensión, de manera voluntaria y con la posibilidad de descartar algunos años. Y este jueves el presidente Mariano Rajoy se unía con un nuevo anuncio: un real decreto para facilitar el rescate de lo invertido en planes de pensiones privados. En los espacios de debate sobre el modelo español, como la Comisión del Congreso del Pacto de Toledo, hay varios elementos en discusión con una pregunta que, sobre todo, marca unas y otras posturas: ¿qué podemos considerar como una pensión suficiente en el corto y medio plazo? Y ¿cómo puede pagarla el sistema público?
En la actualidad, el sistema de la Seguridad Social abona un total de 9.572.422 pensiones, de las que la gran mayoría son de jubilación (5,9 millones) y viudedad (2,4). Además, hay que sumar las de incapacidad permanente, orfandad y a favor de familiares. La pensión media para todas estas prestaciones es de 930,27 euros, y la de jubilación en concreto, asciende a 1.074,83, con grandes diferencias entre la cuantía que reciben hombres y mujeres. Los sindicatos advierten, no obstante, de que la pensión media es muy superior a la cuantía más frecuente que reciben los jubilados: unos 650 euros.
Las pensiones públicas se financian a través de las cuentas de la Seguridad Social, que se alimentan sobre todo gracias a las cotizaciones o cuotas que pagan las empresas y los trabajadores, aunque también con impuestos y cotizaciones del Estado. Al terminar 2017, y tras una década de crisis económica que se llevó por delante unos 3,5 millones de cotizantes, las cuentas presentan un agujero de 18.800 millones de euros. En estos años, la mayoría de lo recaudado en la llamada hucha de las pensiones –el Fondo de Reserva de la Seguridad Social– también se ha esfumado: solo quedan 8.095 millones de euros, de los más de 66.000 millones que llegó a haber en 2011. Este fondo recibió su primera aportación en el año 2000 y funciona como colchón para pagar las pensiones en periodos de insuficiencia del sistema.
Uno de los factores que más condiciona el debate de las pensiones en la actualidad es la reforma que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2013. Con una mayoría absoluta con la que no cuenta hoy en día, el Ejecutivo del PP sacó adelante dos elementos estrella: el índice de revalorización de las pensiones (IRP) y el factor de sostenibilidad. En la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso –que debe emitir unas recomendaciones sobre el futuro del sistema que se esperan desde la primavera del pasado año–, hay consenso entre los partidos de la oposición en su rechazo a ambas medidas. Consideran que su impacto empobrecerá a los pensionistas en los próximos años y se basan en cálculos de expertos que así lo apuntan, como los de la OCDE, que calculan que en 2061 pueden caer las tasas de sustitución –lo que representa en la pensión el salario medio– de un 82% hasta un 46% en casos extremos.
Las pensiones, desvinculadas de los precios
Por un lado, el índice de relavorización desindexó las prestaciones por jubilación de los precios (IPC) y estableció por ley una subida mínima del 0,25%, dependiendo de la situación de las cuentas de la Seguridad Social. La nueva fórmula de revalorización marca, además del mínimo de 0,25%, un máximo: el IPC más un 0,50%. Ante la situación de déficit de las cuentas de la Seguridad Social, las pensiones han subido el mínimo en los últimos cinco años, lo que ha ocasionado una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en el último año y el inicio de este 2018.
“La cuestión de la revalorización de pensiones es una parte esencial del derecho a la pensión”, afirma Borja Suárez Corujo, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la misma universidad, que considera este índice “inconstitucional”. Además, destaca que “en ningún país de Europa hay nada parecido a lo que tenemos aquí”, ya que todos –excepto Irlanda, sin un mecanismo definido– garantizan el poder adquisitivo de sus jubilados con una relación de sus prestaciones y los precios. La mayoría de los partidos políticos exigen al Gobierno volver a indexar las pensiones al IPC para que su poder de compra no se resienta.
Menos de un año para el factor de sostenibilidad
Por otro lado, está el temido factor de sostenibilidad, sobre el que la ministra Báñez aseguró que no sabía cómo afectaría a las pensiones con su entrada en vigor, en enero del año que viene. La oposición lo tiene claro: bajará las pensiones y lo hará de una manera muy agresiva en las próximas décadas. Este factor introduce la esperanza de vida en el cálculo de la pensión y está previsto que se revise cada cinco años.
La única mujer que formó parte del grupo de 12 expertos que asesoró al Gobierno en la reforma de 2013, Mercedes Ayuso, catedrática de Estadística Actuarial de la Universidad de Barcelona y miembro del grupo Riskcenter-IREA, explica que busca acabar con las desigualdades entre generaciones: “Lo que se hizo es modificar la pensión de entrada comparando la esperanza de vida para las siguientes generaciones”. Para que, a iguales contribuciones al sistema, los pensionistas cobren lo mismo: como cada vez viven más, esa cuantía debe expandirse a lo largo de más años (y, por tanto, se reduce en cada ejercicio).
Ayuso recuerda que las reformas de 2013 tuvieron como objetivo la sostenibilidad del sistema, “buscar un equilibrio presupuestario en el sistema entre ingresos y gastos”. ¿Qué se espera si no hay una reforma adicional o cambios en la de 2013? “Que la tasa de sustitución caiga. Obviamente, si los ingresos del sistema no aumentan en la misma medida que los gastos, la pensión caerá”, reconoce. La catedrática considera que “sería un error” revertir las reformas de 2013: “A todo el mundo, a todos nos gusta tener mucha pensión y cuanto más altas mejor, pero no podemos ser ajenos a lo que tenemos desde el punto de vista económico y demográfico”.
La generación del 'baby boom' y el envejecimiento
Mercedes Ayuso destaca precisamente el “reto demográfico” como el más determinante a tener en cuenta para los próximos años en el sistema de pensiones. Una generación muy poblada –la del baby boom (nacidos entre 1957 y 1977)– comienza dentro “de muy poco la jubilación, a partir del 2022 aproximadamente”, indica la especialista. Además de esa entrada muy significativa en número, Ayuso destaca que las pensiones de estas personas son mayores respecto a la de las personas que salen del sistema por defunción, porque han tenido historias de cotización con salarios más altos. La OCDE destaca a España, con datos de la ONU, como el segundo país que presentará un envejecimiento más acelerado en los próximos años, dada también la baja tasa de natalidad en la actualidad.
Aina Gallego, de Unidos Podemos, así como el sindicato UGT, advierten de que estas proyecciones no son exactas y, de hecho, presentan muchas diferencias dependiendo de quién realice el cálculo. “No se puede utilizar la esperanza de vida como un arma arrojadiza”, critica la diputada. Varios partidos como el PSOE y PdeCAT, sí consideran que sería necesario tener en cuenta algún factor de sostenibilidad que tenga el cuenta el reto del envejecimiento de la población, pero no como el que aprobó el PP. Carles Campuzano (PdeCAT) propone que la esperanza de vida se tenga en cuenta para fijar la edad de jubilación, no la cuantía de la prestación, “como ocurre en otros países”.
Borja Suárez rebaja la alerta que ocasiona muchas veces el tema del envejecimiento y circunscribe la situación más crítica a “25 años” en los que habrá que reforzar el sistema para garantizar las pensiones de los babyboomers, “pero eso tiene fecha de caducidad, porque luego va a caer en picado, vienen generaciones mucho más reducidas”, recuerda el especialista, vinculado a Economistas Frente a la Crisis.
Diversificar y aumentar los ingresos del Sistema
En la Comisión del Pacto de Toledo, los partidos están afrontando el reto de cómo aumentar los ingresos de la Seguridad Social y si debe haber otras fuentes que complementen a las cotizaciones sociales. Ante todo, los grupos destacan que hay que seguir generando empleo y que este sea de calidad, ya que la precariedad laboral en la recuperación económica lastra la recaudación vía cotizaciones. Aumentar las bases máximas de cotización también es otra propuesta, ya que algunos consideran que se está perdiendo recaudación de los salarios más altos. UGT calcula que supone una pérdida anual de “9.300 millones de euros ”.
Unidos Podemos además es partidario de “crear nuevos impuestos de carácter finalista”, propone Aina Gallego. Por parte del PSOE, han planteado “dos impuestos” –a la banca y a las transacciones financieras–, recuerda la diputada socialista Mercè Perea, con los que el partido estima una capacidad recaudatoria anual inicial de unos 800 millones por cada uno de ellos. Por su parte, Campuzano (PdeCAT) propone que en el futuro parte del IVA contribuya a pagar la jubilación. Además, los tres diputados de la Comisión del Pacto de Toledo recuerdan que el Estado puede contribuir a las cuentas de la Seguridad Social “mediante los Presupuestos Generales del Estado”, una vía a explorar.
Reducir gastos de la Seguridad Social
En el debate parlamentario también destaca la posibilidad de eliminar de las cuentas de la Seguridad Social algunos gastos, y trasladarlos a los Presupuestos Generales, para que consiga atender mejor al suministro de las pensiones públicas. Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, coincide en que hay “gastos que no debería asumir la Seguridad Social”, como “las subvenciones a empresas en la contratación de desempleados y a sistemas deficitarios, como el agrícola y marino”.
También incluyen en este grupo, “los gastos de la Administración de la Seguridad Social”, apunta Borja Suárez. Desde el PSOE están a favor, pero insisten en que “el personal mantenga las mismas condiciones. Simplemente decimos que, si todos en los Ministerios el personal lo paga el ministerio, en la Seguridad Social también”, explica Perea.
¿Trabajar más allá de la edad de jubilación?
En la búsqueda de ampliar las cotizaciones al sistema, el PP y la OCDE –entre otros– apuestan por lo que denominan el “envejecimiento activo”, es decir, trabajar más allá de la edad de jubilación. El portavoz del PP en el Pacto de Toledo defendía esta semana esta iniciativa y adelantaba una propuesta: continuar trabajando con la posibilidad de compaginar el 100% de la pensión con el salario (en la actualidad esta opción solo la tienen los autónomos, mientras que en el Régimen General la pensión se reduce al 50%).
La OCDE considera que para conseguir que más trabajadores quieran seguir trabajando superados los 65 años, España podría aumentar los incentivos en el aumento de la pensión: que ahora ronda el “4% por cada año de más trabajado” mientras que la media de los países del organismo asciende al “8%”. Mercedes Ayuso explica que la tendencia a ampliar la vida laboral existe en varios países. “La gente tiene mucha vida por delante, no es lo mismo que cuando se creó el sistema. Ahora se cumplen muchos más años y las personas están en buena salud”, recuerda. Aina Gallego (Unidos Podemos) pide cautela con este tipo de discursos: “Quieren hacer creer que todos los viejetes se mueren de ganas de seguir trabajando todo el día y la mayoría llega a los 65 con ganas de jubilarse tras toda una vida trabajando”.
Combatir la desigualdad por género
La desigualdad de género en las prestaciones es otra de las preocupaciones de varios grupos políticos y sindicatos, que exigen medidas específicas para combatirla. Borja Suárez cifra esta diferencia entre hombres y mujeres en un “40%” y apunta que “el sistema está diseñado para que primen las carreras masculinas, mientras que se sancionan las carreras típicamente femeninas. Eso hay que corregirlo”. Aunque el Gobierno ha aprobado algunas medidas –como el complemento por maternidad y va a subir las de viudedad– el especialista considera necesario ir más allá en las reformas.
Los complementos a las pensiones públicas
Otra de las discusiones, con más posturas encontradas, es la de si deben alcanzar más peso algunos sistemas complementarios al público. La catedrática Mercedes Ayuso destaca el modelo de “las cuentas definidas nocionales o sistemas mixtos” y pone como ejemplo a Italia: en estos sistemas, se mantiene el sistema de reparto y de garantía de las pensiones públicas mínimas, pero también se combina con modelos como los planes de empleo. Carles Campuzano (PdeCAT) apuesta por dar más peso a estos planes complementarios de empresas, con sistemas de referencia como el de Reino Unido y Suecia: “En el modelo británico existe la obligación para las empresas de ofrecer un plan de pensiones de empleo. En el sueco, una parte de la cotización social se puede destinar a un plan de capitalización, y hay uno público del propio Gobierno”.
Por otro lado, Unidos Podemos no es favorable a este tipo de complementos y concentra sus propuestas en garantizar las pensiones públicas. Borja Suárez defiende que, pese a la idea que repiten muchos, el sistema público “no está tan mal como dicen” y, por ello, cree que no hay que dar por hecho la necesidad de complementarlo. “Los discursos apocalípticos –insiste– pretenden favorecer cierta resignación y llevan a una reducción del sistema público”. El especialista considera además que “los planes de pensiones privados tienen muy graves problemas en todo el mundo”, pero si hubiera que potenciar alguno destacaría el de los planes de empresa –“con una negociación colectiva fuerte”– por encima de los privados individuales.
Con la urgencia de unas cuentas en números rojos, la entrada en vigor del factor de sostenibilidad al inicio de 2019 y la próxima jubilación de la numerosa generación de los babyboomers, los partidos políticos tienen que volver a ponerse de acuerdo sobre qué pensiones va a garantizar el sistema público español. La Constitución en su artículo 50 contempla que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Definir esa “suficiencia” dada la coyuntura económica y demográfica, cuánto es aceptable y justo que cobren los jubilados, es la principal batalla.