La Defensora del Pueblo europeo investiga el paso al consejo de Iberdrola España de la exvicepresidenta del BEI Emma Navarro

La Defensora del Pueblo europeo, Emily O'Reilly, investiga el paso a Iberdrola España como miembro de su consejo de administración de Emma Navarro, hasta entonces vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). En respuesta a la petición de los eurodiputados del grupo Verde Ernest Urtasun (Catalunya en Comú) y Sven Giegold (Verdes alemanes), la Defensora del Pueblo ha decidido abrir una investigación por el caso de puertas giratorias de Navarro: se incorporó al consejo de administración de Iberdrola un par de meses después de abandonar su cargo en el banco público.

Esta iniciativa llega después de que la comisión de Economía del Parlamento Europeo mostrara “serias preocupaciones sobre el riesgo de conflicto de intereses” por el caso de Emma Navarro, así como intercambios escritos con el BEI donde se solicitaba más información e investigar el caso.

El eurodiputado de En Comú Podem y vicepresidente de los Verdes/ALE, Ernest Urtasun, ha comentado: “Celebramos que la Defensora del Pueblo europea conteste a nuestra denuncia abriendo una investigación por este caso de puertas giratorias. Iberdrola es una de las empresas que más recursos ha recibido del BEI en los últimos años. Emma Navarro como vicepresidenta a cargo de las operaciones de crédito en España, fue la responsable directa de operaciones de cientos de millones de euros con Iberdrola. Es un caso de puertas giratorias, que daña la reputación del banco público más grande del mundo, el BEI”.

Así, este miércoles la Defensora del Pueblo ha respondido a Urtasun y Giegold anunciándoles que la queja es “admisible”, por lo que ha “decidido abrir una investigación”.

“Para examinar el asunto en su totalidad”, dice O'Reilly, “he escrito al BEI con preguntas y una solicitud para examinar el expediente”. En su escrito al BEI, la Defensora del Pueblo explica que “las instituciones europeas deben adoptar una actitud firme al evaluar los casos en los que altos funcionarios dejan la administración de la UE para comenzar a trabajar en el sector privado”.

Por tanto, la Defensora comunica: “He decidido abrir una investigación sobre esta denuncia para examinar la decisión del BEI de aprobar, con condiciones, el nuevo puesto de la exvicepresidenta [Emma Navarro], lo que implicará un examen de las normas éticas del BEI”. Y añade: “A los efectos de mi investigación, es necesario que mi equipo examine los documentos del expediente del BEI sobre su decisión de aprobar la solicitud de trabajo de la exvicepresidenta”.

O'Reilly considera “útil inspeccionar todos los documentos relacionados con las interacciones de la exvicepresidenta con los servicios del BEI; otros miembros del Comité de Gestión del BEI; miembros del Consejo de Administración del BEI; y representantes del Grupo Iberdrola o representantes de cualquiera de las sociedades que lo integran, incluidas las sociedades subholding y las denominadas sociedades cabecera de negocio, en el contexto de las negociaciones de financiación del BEI con el Grupo Iberdrola durante el mandato de la exvicepresidenta”.

“Según el reglamento interno del BEI”, explica Urtasun, “durante 12 meses los directivos que abandonen el banco público no pueden incorporarse a empresas privadas sin la autorización previa del comité de Ética. La respuesta recibida por el BEI respecto a la evaluación que se hizo fue claramente insuficiente y permisiva. Las restricciones que se han impuesto en este caso demuestran el potencial conflicto de intereses, por eso no entendemos que se autorizara esta incorporación durante el periodo de cooling-off establecido en el reglamento del propio banco. Por eso reclamamos a la Defensora del Pueblo que interviniera”.

La Defensora del Pueblo da un plazo hasta el 15 de octubre al BEI para que responda a sus solicitudes, y añade una serie de preguntas para las que reclama una respuesta al Banco Europeo de Inversiones: “¿Cuándo se le ofreció a la exvicepresidenta el puesto de consejero no ejecutivo de Iberdrola España y, desde cuándo tuvo conocimiento la exvicepresidenta de una oportunidad laboral en Iberdrola?; ¿ha delegado el consejo de administración del BEI alguna de sus funciones en el comité de dirección en relación con alguno de los acuerdos de financiación con el Grupo Iberdrola, o con alguna de las sociedades que lo integran durante el mandato de la exvicepresidenta? De ser así, ¿cuáles fueron los términos y condiciones de esta delegación y cómo se supervisó su ejecución? Se informa que la exvicepresidenta comenzó su nuevo trabajo en diciembre de 2020, unos meses después de su salida el 15 de octubre de 2020. El código de conducta del Comité de Dirección del BEI incluye un ”período de reflexión“ de un año. El BEI dijo a los denunciantes que el 26 de noviembre de 2020 se llevó a cabo un análisis exhaustivo del contexto y la posible situación de conflicto de intereses relacionada en relación con el nuevo puesto previsto de la exvicepresidenta, antes de la decisión del BEI de aprobar las condiciones del nuevo puesto a las condiciones? ¿Este análisis incluyó la posible aparición de un conflicto de intereses, al que también se refiere el citado código de conducta?”

 Urtasun añade: “Cabe recordar que la comisión de Economía del Parlamento Europeo ha mostrado serias preocupaciones respecto el caso concreto de conflicto de intereses de Emma Navarro y ha pedido al BEI que, para evitar conflictos de intereses, se debe incorporar al código de conducta del BEI una disposición que excluya la posibilidad de que los miembros de la dirección del BEI supervisen las operaciones de préstamo o la ejecución de proyectos en su país de origen”.