La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha recriminado al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) no haber ejercido sus potestades administrativas de la forma “más favorable a los ciudadanos” en la venta de 2.935 pisos a una empresa privada por un precio menor al que costó construirlas.
En una nota, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRVM) ha dado hoy cuenta del “contundente” escrito de la defensora del pueblo, en el que sostiene que “ante situaciones coyunturales de necesidad de los ciudadanos, la respuesta de la administración no puede ser el dejar a los ciudadanos en desamparo, sino adoptar una posición activa para atender esas situaciones”.
Becerril prosigue en su escrito que con el traspaso de la propiedad de las viviendas a una empresa privada la situación jurídica de los arrendatarios ha cambiado “drásticamente”.
“Una vez que las viviendas están en manos privadas -continúa- ya no cabe la aplicación de las normas de servicio público (...). Se ha producido así una privatización total de la situación jurídica de los arrendatarios, que les perjudica pues antes estaban más protegidos que ahora”.
En el verano de 2013, la Comunidad de Madrid vendió 2.935 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora por 201 millones de euros, un precio “bastante menor” del que costó construirlas con dinero público “y muy por debajo de lo que el fondo privado pretende obtener al venderlas”, ha explicado la FRAVM.
Como consecuencia del traspaso de la propiedad de las viviendas públicas a una empresa privada, las familias están perdiendo la ayuda pública que reciben para pagar el alquiler, lo que motivará que las que tengan escasos recursos sean desahuciadas en los próximos días y meses.
La FRAVM ha asegurado, además, que a los vecinos que están en régimen de alquiler con derecho a compra (Plan Joven) “se les ha negado” el derecho de retracto para adquirir las viviendas al precio al que le fueron adjudicadas al referido fondo (unos 60.000 euros de media por vivienda).
Este cambio “radical” en la situación jurídica de estas personas provocará que cuando finalicen sus contratos de alquiler y tengan que ejercer su derecho a compra, el precio de venta llegará a triplicar el precio pagado por Goldman a la Comunidad.
Por todo ello, muchos de los inquilinos se han personado como acusación popular en la querella que el PSM ha presentado contra la directora general del IVIMA, Ana Gomendio, quien tendrá que declarar como imputada por presunta malversación y prevaricación en la venta de 32 promociones del instituto el 3 de septiembre.
Además, el próximo sábado, 5 de julio, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA celebrará su primera asamblea general para informar de su proyecto a todos los afectados.