El despacho de abogados Navas & Cusi presentó hoy una queja contra España ante la Comisión Europea (CE) al considerar que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no han vigilado de manera adecuada los abusos cometidos en el sector bancario.
La denuncia señala en concreto que hubo mala praxis en la comercialización de cláusulas suelo de las hipotecas, las hipotecas multidivisas, los swaps y las acciones preferentes, según un comunicado difundido hoy por el bufete.
Asegura además que España ha aplicado tarde y de manera incorrecta la directiva europea sobre Instrumentos Financieros en los Mercados (MiFID, en inglés) y la normativa sobre protección de los consumidores.
“Consideramos que ha habido un falta de vigilancia por parte de los reguladores sobre los productos financieros, lo que ha provocado una comercialización incorrecta”, señaló a Efe el abogado Juan Ignacio Navas, tras presentar la queja ante el Ejecutivo comunitario.
En muchos casos no se practicaron los test de idoneidad o de conveniencia o fueron defectuosos, indica el despacho y destaca que tampoco se cumplió la legislación europea el permitir que las entidades bancarias introdujesen cláusulas suelo-techo abusivas en las hipotecas sin posibilidades de negociación para el consumidor.
Navas explicó que solicitan a la Comisión que requiera a España establecer mecanismos de corrección para proteger a los consumidores, y confió en que su denuncia sirva para que Bruselas abra un expediente al país.
Confían asimismo en que a raíz de esta denuncia las entidades financieras y las de intermediación respeten el Derecho comunitario, lo que permitiría a los tribunales españoles contar con un elemento decisivo a la hora de enjuiciar los perjuicios ocasionados por la mala praxis bancaria.
La motivación de este despacho de abogados para acudir a Bruselas no es otra que la asistencia en innumerables casos durante cuatro o cinco años, en los que los consumidores han sido víctimas de estos abusos, explicó el abogado.
Las dos normativas a las que hacen referencia debían haberse trasladado a la legislación nacional en 2004, pero esto no ocurrió hasta 2007 y además de manera incompleta, aseguró.
Si la CE decide seguir adelante con esta causa podría llegar en última instancia al Tribunal de Justicia de la UE.