Una denuncia ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital acusa a la firma Ernst & Young (EY) de “presuntas infracciones muy graves” de la normativa contable en su auditoría de las cuentas de Urbaser, el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras.
La denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se presentó el pasado 21 de julio y reclama al ICAC que abra expediente sancionador a la firma EY y a su auditor Fernando González Cuervo. Les acusa de supuestas irregularidades en su análisis de las cuentas individuales y consolidadas de 2022 que Urbaser remitió en junio al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). La empresa tiene registradas allí varias emisiones de pagarés e inicialmente omitió a los inversores ese informe.
Apoyándose en un dictamen pericial de un experto independiente, catedrático y ex director general del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, el denunciante asegura que las cuentas de Urbaser contienen “graves irregularidades sustanciales” y no reflejan “la imagen fiel del patrimonio, de sus resultados y de su posición financiera”.
Las omisiones que menciona son falta de información sobre un escándalo de sobornos en Canarias para el que hay dictada apertura de juicio oral contra Urbaser; ausencia de datos sobre los sueldos y bonus de los consejeros y altos directivos del grupo; y supuesta asistencia financiera prestada por la compañía a su actual dueño, el fondo estadounidense Platinum.
A diferencia de años anteriores, Urbaser, que desde hace algo más de un año pilota Fernando Abril-Martorell, hijo del ex ministro de la Transición y ex primer ejecutivo de Indra, no incluye información sobre los sueldos de su consejo y sus altos directivos en las cuentas de 2022 que ha puesto a disposición de los inversores.
Según la normativa contable española, no incluir esos datos afecta a la imagen fiel de las cuentas de las empresas, si bien la matriz última de Urbaser se encuentra en Luxemburgo.
En las cuentas consolidadas de 2022 remitidas al MARF y aprobadas sin salvedades por EY, Urbaser indica que “no se han devengado retribuciones al Consejo de Administración ni Alta Dirección porque estos cargos no existen en la Sociedad actualmente”.
Pero, según el denunciante, “es una evidencia que existe el consejo”, que, afirma, forman la presidenta de Urbaser y socia de Platinum, Mary Ann Sigler, el vicepresidente y consejero delegado de Urbaser, Abril-Martorell, y el consejero Miguel Liria.
Estas tres personas administran la cabecera de Urbaser en España, Luna IV Servicios Ambientales SL, que no ha depositado sus cuentas de 2022 en el Registro Mercantil. Luna IV, sin empleados, cuelga a su vez de la luxemburguesa PE Luna Holding SARL, controlada desde Islas Caimán, y que acaba de mandar al registro del Gran Ducado sus estados financieros, auditados por EY. En ellos se indica que la remuneración de sus principales ejecutivos fue de algo más de 3 millones en 2022.
Respecto a la alta dirección, el denunciante señala que “obviamente también existe y son las personas que reportan directamente al Consejero Delegado”. Se apoya en lo que apunta el citado informe pericial del catedrático, que tacha de “inconcebible que una Sociedad que en sus cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2022 reporte un número medio de personas empleadas de 57.691 personas y no tenga Alta Dirección. La inteligencia artificial va desarrollándose progresivamente pero no ha llegado al punto de dirigir una empresa sustituyendo a todos sus empleados, a su Consejo de Administración y a su Alta Dirección”.
Plan de acciones
Las cuentas consolidadas de Urbaser remitidas al MARF tampoco mencionan un plan de remuneración con acciones en Luxemburgo a su cúpula, con Abril-Martorell a la cabeza. La denuncia indica que “el plan de remuneración retribuye, con fecha 7 de abril de 2022, a 24 Directores de Urbaser con participaciones que oscilan desde 528.616 acciones hasta 49.338 acciones, en función de la categoría de cada uno de ellos”.
En el caso de Abril-Martorell, que se incorporó en junio de 2022, le corresponde una asignación de 1.533.173 acciones ordinarias A, 27.150 acciones ordinarias B y 472.850 acciones preferentes. Esos títulos equivaldrían a unas 5.655 acciones de Urbaser con un valor de mercado de unos 2,4 millones de euros, según la pericia adjunta a la denuncia.
Esta atribuye a EY y su auditor una infracción muy grave de la Ley de Auditoría por omitir esta información. El artículo 72 de esa norma castiga, bajo amenaza de baja en el registro de auditores, los informes con una opinión que “no fuese acorde con las pruebas obtenidas por el auditor en su trabajo, siempre que hubiese mediado dolo o negligencia especialmente grave e inexcusable”.
Según el denunciante, ese dolo existe porque en las cuentas de la antigua filial de ACS los sueldos de su cúpula “se ocultan supuesta e intencionadamente y, ante estos hechos, EY y su auditor el Sr. González no emiten ninguna salvedad en sus informes de auditoría”.
Una situación que, recuerda, contrasta con los reparos que otras firmas han incluido en otros supuestos similares, como acaba de hacer Deloitte con el fondo de capital riesgo Cinven, dueño de Burger King en España. Otros ejemplos son las salvedades de los auditores de Securitas Direct en España (con matriz en Luxemburgo, como Urbaser), Alcaliber (monopolista del opio en España) o la riojana Cartonajes Santorromán, conocida por las invectivas contra el Gobierno de su dueño, acogido a la amnistía fiscal de 2012.
Corrupción en Canarias
Las cuentas de Urbaser (tanto la sociedad española como su matriz luxemburguesa) omiten la existencia de un auto de apertura de juicio oral contra la antigua filial de ACS por un escándalo de corrupción en Canarias, el conocido como Caso Jable. Según el denunciante, “que todavía no exista sentencia firme en el Caso Jable no significa estar exento de publicidad. No se puede justificar su ocultación”. Y compara la ausencia de información con las explicaciones que incluyen en sus cuentas BBVA, Repsol, CaixaBank e Iberdrola sobre su implicación en el caso Villarejo, sin que haya llegado a la apertura de juicio oral.
El escrito al ICAC subraya que “la transparencia frena la corrupción”. Indica que Urbaser y su auditor “tienen una muy grave responsabilidad en la ocultación de esta causa penal. Naturalmente, para EY y su auditor Sr. González es irrelevante esta información y, por supuesto, ni siquiera recomendaron, al menos, indicar los motivos por los que Urbaser había decidido ocultar en sus cuentas anuales la existencia de este escandaloso caso de corrupción”.
Y no pueden “recurrir a la excusa de que lo desconocían alegando que Urbaser no les informó. Hemos acreditado que una gran variedad de medios de comunicación se hacen eco del Caso y van informando del desarrollo del mismo. Basta teclear en google ”Caso JABLE“ para ponerse al día de la evolución del juicio oral que se reanudará en septiembre”.
El 9 de mayo, elDiario.es informó de que Urbaser mantenía en nómina a su entonces número dos, Manuel Andrés, y a su mano derecha, Santiago Alonso, que semanas atrás habían confesado que sobornaron a cargos públicos de Arrecife (Lanzarote) entre 2001 y 2004 para conseguir la concesión del servicio de recogida de residuos de esa ciudad.
Lo hicieron durante la negociación con la Fiscalía Anticorrupción ante el juicio por estos hechos en la Audiencia Provincial de Las Palmas que se va a celebrar 13 años después de ser detenidos por la Guardia Civil. El Ministerio Público pedía para ellos penas de 10 años de cárcel por delitos de cohecho, falsedad documental, fraude y aprovechamiento de secretos.
El dueño del fondo Platinum fue advertido de la permanencia en la empresa de estos dos directivos tras reconocer los sobornos en una comunicación que pedía el cese inmediato de Abril-Martorell. Entonces, la empresa indicó que su área de Compliance estaba analizando el asunto. Cuatro días después, Urbaser comunicó a EFE el despido de ambos, tras comprobar que los hechos violaban su código de conducta.
La denuncia ante el ICAC también acusa a Urbaser de prestar dinero supuestamente a Platinum para comprar el grupo español mediante “una extensa cadena de sociedades pantalla domiciliadas en Luxemburgo y en el paraíso fiscal de las Islas Caimán”, prestándole asistencia financiera, prohibida por la ley española y europea. Asegura que EY y su auditor “tienen una muy grave responsabilidad en la ocultación de la asistencia financiera que Urbaser ha prestado para la adquisición de sus propias acciones por el fondo de inversión Platinum”.
“La prohibición de asistencia financiera (existente en el ordenamiento europeo y consagrada en España en los artículos 143, 149 y 150 de la Ley de Sociedades de Capital), tiene su raíz en el hecho de que una empresa no puede utilizar sus propios recursos para que un tercero adquiera sus acciones”.
Y añade: “Urbaser ha prestado todo tipo de garantías que, en su conjunto e incluyendo sus activos más significativos, las principales cuentas bancarias y cuentas a cobrar, suponen el 80% de su EBITDA consolidado y, con ello, ha violado el art. 150 de la Ley de Sociedades de Capital de España”.
El escrito subraya también que el informe de auditoría de EY contiene un “error material”, al estar firmado el 8 de mayo de 2022, y no en 2023, por lo que “se requiere de una rectificación ineludible ya que el auditor no se puede equivocar en la fecha a la hora de certificar unas cuentas anuales”.
El ICAC es el organismo equivalente en España al Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) estadounidense que, según Financial Times, ha encontrado deficiencias en las auditorías de EY en varios países, entre ellos España.
Urbaser, un gigante con una cifra de negocios de más de 3.000 millones, pagó el año pasado a EY por sus servicios 2,311 millones, un 57% más que en 2021, cuando esta firma empezó a auditar sus cuentas. Urbaser y EY han rechazado responder a las preguntas de elDiario.es.
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