El 75 % de las denuncias por delito fiscal presentadas por la Agencia Tributaria (Aeat) en 2017 terminaron en sentencia condenatoria, según ha detallado hoy el director general de la Agencia, Santiago Menéndez.
Durante su intervención en la jornada “La inspección tributaria de las grandes empresas” organizada por Deloitte, Menéndez ha subrayado que este porcentaje, que en 2012 estaba en el 57 %, refleja la “calidad” de la administración tributaria.
“Nos gustaría no tener que denunciar a nadie por delito fiscal”, ha apuntado Menéndez, sino “encontrar” mecanismos con protocolos que garanticen la seguridad jurídica al contribuyente.
De la misma manera, ha apuntado que las reclamaciones de contribuyentes en la vía contencioso-administrativa respecto a liquidaciones de la Agencia Tributaria resultaron desestimatorias en más de la mitad de los casos -entre el 58 % y el 67 %- en el periodo 2015-2017.
Menéndez ha destacado en su intervención que la Agencia Tributaria avanza hacia un uso cada vez más intensivo de las nuevas tecnologías, lo que ha permitido desde la puesta en marcha del nuevo sistema de gestión del IVA al soporte al plan de pago a proveedores, el fondo de liquidez autonómica o la “intervención” de las cuentas de la Generalitat de Cataluña previa a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Esta nueva arquitectura informática de la Agencia permite un ahorro de 10 millones de euros anuales para los contribuyentes, ha añadido.
Mecanismos como el suministro inmediato de información, que implica que las grandes empresas llevan sus libros de IVA en la propia Agencia demuestran que este es “un camino de futuro”.
“Estamos abocados al gran hermano”, ha destacado, lo que significa que el acceso a cada vez mayor información va a permitir ejercicios de transparencia de las empresas con la Agencia Tributaria y avanzar en la relación cooperativa, es decir, nuevas formas de relación entre el contribuyente y la administración.
Para que funcione, ha advertido, esta relación tiene que estar “perfectamente protocolorizada” y regulada, es decir, que no es “relación cooperativa nada que no se pueda escribir”, lo que va desde mayor transparencia hasta vías para reducir la conflictividad, lo que pasa por aclarar los criterios.