- Se trata de una subida del gasto con vocación política: tanto en dependencia como en vivienda, el Ejecutivo cumple, e incluso eleva ligeramente, los compromisos adquiridos con Unidos Podemos
Las tres partidas de gasto que más crecen en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 son, por este orden, Dependencia (59%), Vivienda (41%) e Infraestructuras (39%). Se trata este de un presupuesto expansivo en el que el gasto del estado central (básicamente el gestionado por los ministerios) consolidado engorda un 3,1%, hasta los 365.520 millones de euros. Si se tiene en cuenta todo el gasto presupuestario -por ejemplo con gastos de personal- la cantidad que se maneja alcanza los 472.660 millones de euros, un 5,1% más.
De nuevo, las pensiones se llevan más de cuatro de cada diez euros (153.864 millones, un 6,2% más que el año pasado), con mucho, el mayor desembolso de todos los que se computan en las políticas del presupuesto estatal. En total, la política social aumenta en 12.600 millones de euros, y se eleva al 57,3% del total.
Así se desprende de los datos resumidos que se han proporcionado este viernes tras la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros. Se conocerán mayores detalles el próximo lunes cuando el texto entre en el Congreso de los Diputados.
Debe tenerse en cuenta que las competencias en educación y sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, y el gasto estatal es residual. En todo caso, se dedica 2.722 millones al primero (5,9% más que en 2018) y 2.037 a gastos estatales relacionados con la sanidad (1,7% más).
Por el momento, según los datos publicados, las únicas políticas que porcentualmente se reducen son las dedicadas a “gestión y administración de la Seguridad Social” (-3,5%) y deuda pública (-0,5%).
Del otro lado, en primer lugar, crece el “sistema para la autonomía y atención de la dependencia”. Esta partida se eleva un 59%, hasta los 2.232 millones de euros. Como constaba en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos, este gasto crece en 831 millones. Del total del presupuesto, supone un 0,6%. La financiación de la ley de dependencia fue una de las principales víctimas de los recortes adoptados por el Partido Popular al llegar al Gobierno. Las dos vías para la recuperación de esta partida, según el documento acordado con Unidos Podemos, son la recuperación de la cotización a la Seguridad Social a cargo del Estado de los familiares cuidadores de dependientes y la elevación del dinero destinado a los recursos (tanto en el nivel mínimo como en el acordado, según dice el acuerdo).
A continuación, como apuesta principal de los presupuestos si como tal se considera el crecimiento del gasto, se sitúa la política de vivienda. Se eleva su asignación un 41%. De nuevo, así lo pactaron el Gobierno y Unidos Podemos. De hecho, se eleva ligeramente la cantidad acordada, que era de 630 millones (una subida del 38%). Finalmente serán 679 millones, 48 más (un 0,2% del total). Esta partida, como la anterior, llevaba años de recorte con el PP, en paralelo a una subida de los precios de compra y alquiler que ha vuelto a dificultar enormemente el derecho constitucional a una vivienda digna en determinadas provincias.
Este crecimiento presupuestario, no obstante, debía ir paralelo, a juicio de Unidos Podemos, a la aprobación de medidas políticas muy concretas para frenar la especulación con los alquileres, principalmente la limitación por ley de subidas abusivas. Como este asunto no se ha incluido en el decreto de vivienda recientemente aprobado, el grupo parlamentario dirigido por Irene Montero ha advertido de que el PSOE no puede contar por el momento con su apoyo ni a la convalidación del decreto ni a los propios presupuestos.
El gasto en infraestructuras es el tercero que más crece. En este caso, un 39,9%, hasta los 7.572 millones de euros. Según el Gobierno, el gasto actual está muy por debajo de lo razonable desde el punto de vista del mantenimiento, como explicaba el secretario de Estado del ramo, Pedro Saura. No sería ajena esta falta de mantenimiento a sucesos como las continuas averías y problemas de los trenes de corta y media distancia que han estado de actualidad estas navidades. Se prevén inversiones importantes en Cercanías (solo en la Comunidad de Madrid se han anunciado 2.000 millones para la compra de trenes). En carreteras está previsto invertir unos 2.500 millones de euros, en colaboración público–privada.
El año que viene, por primera vez, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) realizará un análisis y evaluación de la inversión en infraestructuras en 2019.
Tras las pensiones, la deuda pública
El siguiente gasto estatal, tras las pensiones (153.874 millones), es el que se dedica al pago de la deuda pública, y que asciende a 31.398 millones. En este caso, es una partida que se reduce respecto a 2018, en un 0,5%. A continuación, 18.402 millones se destinarán a desempleo (un 4% más).