Un derecho prometido desde hace años que, por fin, se llevará a la práctica. Cientos de miles de becarios empezarán a cotizar a la Seguridad Social a partir del día 1 de enero, cuando entra en vigor la medida que se aprobó en la pasada reforma de pensiones. Así, el tiempo desempeñado en sus prácticas, sean remuneradas o no, se tendrá en cuenta de cara a su futura jubilación. No obstante, en las universidades y las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP siguen tratando de posponer, una vez más, la medida. Algo que en esta ocasión el Gobierno rechaza, tras retrasar ya su entrada en vigor del pasado octubre al inicio de 2024.
A día de hoy, los becarios ya cotizan en el caso de las prácticas remuneradas, entre 60.000 y 100.000 personas de media mensual, pero estaba pendiente extender este derecho entre quienes realizan prácticas no pagadas. Una situación que alcanza a multitud de estudiantes.
Aunque no hay una cifra cerrada de posibles beneficiarios, en CCOO recuerdan que “en nuestro país se encuentran matriculados 1,5 millones de universitarios y cerca de un millón de estudiantes de formación profesional”, apunta Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social. Por ello, en el sindicato consideran que se pueden incorporar a la cotización unas “400.000 o 500.0000 personas” mensualmente.
La cotización de los becarios, regulada en la segunda fase de la reforma de pensiones, supondrá el reconocimiento de este tiempo como trabajado a efectos de la futura pensión. No incluye aportaciones para la protección por desempleo, es decir, que no genera derecho a paro. Tampoco se cotiza al FOGASA ni por formación profesional.
La medida lleva prometiéndose desde hace años, pero no llegaba a aprobarse, con una gran resistencia por parte de las universidades. El año pasado, el Gobierno legisló la entrada en vigor para el 1 de octubre, pero finalmente la Seguridad Social dio tres meses más a la adaptación, hasta el próximo 1 de enero, tras la presión de los rectores y varias Comunidades Autónomas.
La CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, agrupa a los 76 principales campus de España, públicos y privados) ha afirmado en multitud de ocasiones que no comparte la medida y, además, denuncia “dificultades técnicas” para llevarla a cabo y un sobrecoste “administrativo” ante unas cuentas que ya afrontan muchas limitaciones.
El derecho a cotizar de todos los becarios se inicia este 2024 con una amplia bonificación del Estado, que asume prácticamente todo el coste. Este año, el Estado asume el 95% del coste, que en el caso de los estudiantes de Formación Profesional alcanza al 100%, indican desde el Ministerio de Educación. El departamento que dirige la ministra Pilar Alegría asumirá el coste del 5% restante en 2024, informa Daniel Sánchez Caballero.
En el caso de las universidades, en principio las empresas son las que deberían asumir ese 5% de la cotización, “menos de 10 euros al mes”, han cifrado en CCOO. Sin embargo, en la CRUE denuncian que la regulación abrió la puerta a que en ocasiones fueran los centros educativos los que asumieran el coste, gracias a un acuerdo con las empresas, algo “excepcional” pero que están pidiendo la mayoría de compañías y también de Administraciones Públicas, lamenta la organización de rectores.
Esta semana, en la Conferencia Sectorial de Educación, las Comunidades Autónomas del PP intentaron de nuevo presionar para aplazar la medida, algo que también han planteado desde las universidades. Sin embargo, en esta ocasión ni Educación ni la Seguridad Social se muestran abiertas a una nueva demora y destacan la necesidad de implementar ya este nuevo derecho a los estudiantes.
“No se debe perder de vista que es una extensión de derechos, particularmente necesaria para el futuro de jóvenes”, destacó a principios de mes Borja Suárez, secretario de Estado de la Seguridad Social. Además de una mayor protección en el desempeño de las prácticas, por ejemplo en caso de accidente, también supone el “inicio de una carrera de cotización” y una “toma de conciencia” de cómo funciona el sistema de la Seguridad Social, que hoy paga la protección social y las prestaciones de los pensionistas del presente y que también genera derechos a futuro para los estudiantes.
Suárez explicó también que lleva meses colaborando con el conjunto de administraciones educativas y regionales para solventar “las dificultades técnicas” que estas han ido señalando. Esta semana, varios cargos de la Seguridad Social asistieron a la reunión sectorial de Educación con el mismo propósito.
En CCOO recuerdan al Gobierno que aún tiene pendiente la aprobación de una Orden Ministerial para cumplir “en su totalidad” con el acuerdo alcanzado con los sindicatos en este tema, que afecta a antiguos becarios para que puedan cotizar varios años de prácticas.
El Gobierno reguló la opción de suscribir un convenio especial, “por una única vez”, que posibilite “el cómputo de la cotización por los periodos de formación o realización de prácticas no laborales y académicas realizados antes” de la entrada en vigor de la cotización. En un inicio el Ejecutivo ofreció esta opción por dos años, pero después amplió el periodo “hasta un máximo de cinco años”.
El sindicato ha publicado un comunicado en el que exige al Ejecutivo “que rechace frontalmente cualquier pretensión para que se incumpla” el derecho a cotizar de los estudiantes, ante las continuas resistencias de diversas organizaciones educativas, y “que apruebe de inmediato la Orden Ministerial pendiente” para que esté operativa el 1 de enero, coincidiendo con la inminente entrada en vigor del conjunto de estas medidas.
De cara a la próxima legislatura aún queda pendiente la aprobación del llamado Estatuto del Becario, con más derechos para los estudiantes en prácticas, como a vacaciones o a la compensación de gastos, como el transporte. El pasado mandato quedó finalmente en un cajón ante el adelanto electoral después de que Trabajo lograra un acuerdo solo con los sindicatos y que la parte socialista del Gobierno no respaldara su aprobación.
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