Los últimos datos sobre pobreza y desigualdad han traído algunas buenas noticias, con disminuciones de las personas en riesgo, pero no para todos los colectivos. En 2018 aumentó el porcentaje de desempleados en riesgo de pobreza y exclusión respecto al año anterior, hasta alcanzar a casi la mitad del total, el 46,8%. Pese a la recuperación macroeconómica y el aumento de las personas que perciben alguna prestación de desempleo, la vulnerabilidad económica de los parados no mejora y se sitúa muy por encima del inicio de la crisis.
El dato de riesgo de pobreza que proporciona la Encuesta de Condiciones de Vida del INE se refiere a la población con unos ingresos por debajo del 60% de la renta mediana en el país. Como recuerda el INE, se trata de un indicador relativo “que mide desigualdad”: no registra pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población.
El umbral de riesgo de pobreza de 2018 quedó establecido en los 8.871 euros anuales por persona, un 4,1% más que el del año anterior. De este modo, el 21,5% de la población en España, que se encontraba por debajo de ese límite, es la proporción en riesgo de pobreza.
El dato es una décima inferior al de 2017, pero si se analiza la relación de la población con el mundo laboral, se observa que no todos los colectivos corrieron la misma suerte. Un 13,8% de los ocupados –las personas con empleo– estaban en riesgo de pobreza el año pasado, tres décimas menos que en 2017. En el caso de los jubilados, la cifra alcanzó al 12,8% (también menos que el año anterior).
En cambio, aumentó el porcentaje de riesgo de pobreza entre “otros inactivos” –personas mayores de 16 años que no trabajan ni están desempleadas– en riesgo de pobreza (hasta el 28,3%) y también en las personas paradas, hasta el 46,8%.
Si retrocedemos al inicio de la crisis, se observa que varios grupos han empeorado su tasa de pobreza, pero destaca especialmente el caso de las personas paradas, que han pasado del 31,3% en 2008 a ese 46,8% el año pasado.
En esta década de camino, con una crisis económica que se plasmó en una enorme crisis en el empleo, el sistema de protección por desempleo se resintió en varios ámbitos. Por un lado, disminuyó el número de parados que recibían alguna ayuda o prestación: la llamada tasa de cobertura pasó del 76,5% en 2008 al 60,4% en 2018, como recordaba recientemente CCOO en un informe. Es decir, cuatro de cada diez parados no recibe ninguna protección por desempleo.
“Y esta tasa de cobertura oficial es solo sobre las personas desempleadas apuntadas al SEPE (Servicio Público de Empleo)”, recuerda Raül Segarra, estadístico en el Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. El dato de parados del SEPE es inferior al que registra la Encuesta de Población Activa (EPA), ya que hay personas desempleadas que no se apuntan a las oficinas públicas, a veces por falta de incentivos si no van a recibir ninguna prestación. Segarra sostiene, tomando los datos de la EPA, que la tasa de cobertura para 2018 se reduce al 51,9%.
Por otro lado, la calidad de estas prestaciones y ayudas empeoró, con una reducción de las prestaciones contributivas que se abonan (de mayor cuantía económica) y una mayor presencia de las ayudas asistenciales (de menor importe).
Esta distribución está muy vinculada al aumento de parados de larga duración, superior a doce meses, de los que un 60% son mujeres. “Tenemos una bolsa de personas desempleadas que lleva sin trabajo mucho tiempo, y que cuanto más permanecen en esta situación más les cuesta salir de ella”, subraya Olga Cantó, profesora de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares y experta en pobreza y desigualdad.
Aumenta la carencia material severa
La Encuesta de Condiciones de Vida también ilustra otras manifestaciones de la pobreza y exclusión. Uno de los indicadores es la “carencia material severa”, establecida a nivel europeo, que afecta a las personas que no cuentan con al menos cuatro de nueve indicadores que recogen recursos habituales en los hogares. “Es una manera de aproximarnos a la pobreza severa, entendida en sociedades occidentales”, recuerda Carlos Martín Urriza, director del gabinete económico de CCOO.
Entre estos indicadores figuran no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, acceder a una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días y mantener la vivienda con una temperatura adecuada, entre otros.
Martín Urriza destaca que, aunque la tasa de pobreza disminuyó el año pasado, hay que prestar atención a este indicador de privación material, que empeoró. Fue de un 5,2% de la población en 2018, tres décimas más que el año anterior. Quienes más empeoraron su tasa en este sentido fueron de nuevo los parados, que crecieron hasta el 15,8%.
Cantó también pone el foco en este dato de privación material severa. “Vemos que entre las personas que están bajo el umbral de pobreza hay un grupo que está perdiendo más y está peor, en una situación muy angustiosa, sin que tenga una última red a la que agarrarse”, advierte la profesora, en referencia a unas rentas mínimas en España insuficientes.
El debate de las rentas mínimas
El especialista de CCOO recuerda que su sindicato y UGT pretendían combatir esta pobreza de la población desempleada a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentaron ambas organizaciones, con una renta mínima para los parados de larga duración. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó esta semana una propuesta propia de renta mínima para combatir la pobreza extrema en los hogares, en su análisis de esta iniciativa.
Cantó considera que la propuesta de la Autoridad Fiscal abre un debate interesante en España, “aunque no estamos inventando nada”, la posibilidad de compaginar una ayuda de renta mínima con el empleo. “Sobre todo en un contexto con tanto subempleo y precariedad”, recuerda, en el que hay personas que entran y salen con frecuencia del mercado de trabajo, con contratos temporales o solo están empleadas unas pocas horas al día. El resultado: que los ingresos del trabajo pueden ser insuficientes para vivir, como recuerda ese 13% de trabajadores en riesgo de pobreza.
En opinión de Cantó, la posibilidad de compaginar esa renta mínima temporalmente con un empleo evitaría que haya personas que opten por no trabajar (especialmente ante ofertas de trabajo precarias e inciertas) para mantener esa ayuda económica en sus hogares.
Más personas con “muchas dificultades” a final de mes
Otra de las manifestaciones de precariedad que permite conocer el INE en los últimos datos publicados es cómo llegan los hogares a fin de mes. Este es otra de las muestras de que muchas personas afirman haber empeorado su situación respecto a 2017: un 10,4% aseguró el año pasado que cumple alcanza el final de mes con “mucha dificultad”, lo que supone casi un punto de crecimiento.
Entre la población mayor de 16 años, el dato es del 10,2% y empeora claramente para el colectivo de personas desempleadas. Una de cada cuatro (26%) dice estar en esta situación, un dato más abultado que al inicio de la crisis (22,6%). En el caso de los ocupados, la cifra subió en 2018 al 6,5% de los trabajadores, pero es inferior al de 2008 (8,4%).
Raül Segarra recuerda que, tras estos números, también tienen incidencia medidas como la cuasicongelación del IPREM durante años, un indicador clave para el acceso y la cuantía de numerosas ayudas sociales, como algunas de desempleo. “La verdad es que clama al cielo lo del IPREM”, lamenta Segarra, que subraya ejemplos de un gran aumentos en los precios de recursos básicos, como la vivienda o la electricidad, frente a este indicador. El IPREM aumentó solo un 4% en la última década, de los 517 a los 538 euros al mes.