La pandemia nos encerró a todos en casa, pero no a todos nos afectó por igual. El parón económico y la reducción de la actividad por la emergencia del coronavirus redujo la renta de la gran mayoría de la población, a excepción del 30% más rico, que logró aguantar e incluso aumentar sus ingresos. Entre los que perdieron renta, destacan los más pobres entre los pobres a los que no llegó tanto el “escudo social”, que sí amortiguó el impacto para otra gran parte de la población. La imagen final fue la del incremento de la brecha entre los que más y los que menos tienen, ya elevada en España antes de la COVID, con un auge de la desigualdad récord en los últimos 13 años.
La misma semana que el líder de los empresarios, Antonio Garamendi, pedía “no hablar de ricos y pobres”, los datos oficiales recuerdan que esta brecha (que ya nos retrata en Europa) se agrandó el año pasado más que en todo el periodo desde 2008.
La renta agrupada del 10% más rico de la sociedad multiplicó por 11,8 la del 10% más pobre el año pasado, “1,3 puntos más que el año anterior”, destaca el informe anual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). El organismo ha presentado este viernes su análisis, que profundiza en las últimas cifras del INE sobre pobreza y desigualdad, correspondientes a 2021, pero con datos de renta del año previo y, por tanto, el primer reflejo oficial del impacto de la COVID.
El incremento de este medidor de la desigualdad, la relación S90/S10, es el más elevado de la serie histórica, que se remonta a 13 años atrás, como ilustra el siguiente gráfico.
La relación S80/S20, entre los ingresos totales percibidos por el 20% más pobre y la percibida por el 20% con más ingresos, también se incrementó con fuerza. La renta del 20% más rico de la población fue 6,2 veces más elevada que la del 20% más pobre el año pasado, lo que supone un aumento de 0,4 puntos respecto al año anterior.
También se advierte del auge de la desigualdad con otro medidor, el índice Gini, muy utilizado en Europa y que muestra la desigualdad del conjunto de la población a través de un cálculo matemático. “El índice varía entre 0 y 100 y un valor 0 significa que todas las personas tienen los mismos ingresos (igualdad perfecta) y un valor 100, que representa el caso en el que una sola persona se lleva la totalidad de ingresos de la población (desigualdad perfecta)”, explica la EAPN.
Tras un aumento del índice Gini a raíz de la pasada crisis financiera, con el máximo de 34,7 puntos alcanzados en 2014, comenzó en 2015 un descenso del indicador de desigualdad (primero tímido y desde 2018 más importante) que la pandemia ha interrumpido. El dato aumentó de los 32,1 puntos –el mínimo desde 2008– hasta los 33 puntos en 2021.
Falta protección para los más pobres
Así, la desigualdad aumentó en general, pero gracias a los distintos datos disponibles se aprecia cómo “los extremos”, los pobres entre los pobres respecto a la cúpula de los ricos, es 10% de cada grupo, son los que más se alejaron entre sí, advirtió Juan Carlos Llano Ortiz, el coordinador del estudio de la EAPN.
El informe destaca “la enorme capacidad del grupo más rico de la población para sostener sus ingresos, incluso en tiempo de crisis económica”. Ha ocurrido de nuevo con la pandemia, que no ha impedido que aumente la renta media de los grupos con más ingresos. Mientras, ocurre todo lo contrario con la población más pobre: está mal en el punto de partida, pero ante las dificultades empeora mucho más su situación que el resto.
Dentro de las personas con escasos recursos, las organizaciones sociales advierten en los últimos años de un empeoramiento de la población más pobre. España presenta datos de pobreza muy elevados, con una de cada cinco personas en riesgo (21,7%), pero además se está agravando la situación de las que menos ingresos tienen. Ya ocurría antes de la pandemia y tras la COVID la situación ha empeorado, con un 10,3% de población en pobreza severa (con ingresos por debajo del 40% de la mediana).
Así, los últimos datos muestran que “hay en torno a 300.000 personas más” en pobreza severa. “Para una familia de dos adultos con dos niños o niñas menores en pobreza severa, un ingreso de 530 euros al mes equivale a unos ingresos totales de 1.113 euros. Esto implica que cada persona debe sobrevivir con 278 euros mensuales”, explica la EAPN.
Los investigadores de la EAPN subrayan la necesidad de aumentar la protección y las políticas sobre esta población en los márgenes. Destacan el impacto positivo del llamado “escudo social” por la pandemia, que redujo la pobreza en alrededor de “1,5 millones de personas” el pasado año, con medidas entre las que destacaron los ERTE. Sin embargo, advierten de la necesidad de enfocar políticas en concreto sobre la población más vulnerable, a la que no llegan medidas para la población más general.
Mientras que cientos de miles de trabajadores se beneficiaron de los ERTE y las ayudas de los autónomos, por ejemplo, hay población en peor situación y más excluida, como parados antes de la emergencia por la COVID o en una situación de exclusión, que no recibieron rentas de apoyo. Aunque el escudo social incluyó el ingreso mínimo vital (IMV) para población en pobreza, en 2020 aún estaba en sus primeros pasos y ha ido despegando poco a poco en 2021 y 2022, con beneficiarios aún lejos de su meta de 850.000 hogares.
España, en las peores posiciones de la UE
Carlos Susías, presidente de la EAPN, ha destacado que la pobreza y la desigualdad son “problemas estructurales” y que, por tanto, requieren de medidas también estables, no solo temporales como las aprobadas a propósito de la pandemia o la crisis inflacionista.
En el mismo sentido se ha expresado el responsable del informe, Juan Carlos Llano Ortiz, que ha recordado que España se mantiene desde hace años entre las peores posiciones de la UE en pobreza y desigualdad, pese a ser la cuarta economía de la zona euro. Si atendemos a la desigualdad entre el 20% más rico y más pobre, somos los cuartos con más brecha, solo por detrás de Bulgaria, Rumanía y Letonia.
Llano Ortiz ha advertido que la experiencia ha demostrado que el crecimiento económico no es suficiente para acabar con la pobreza. Se requeriría “muchísimo” aumento del PIB para disminuir un poco la pobreza y, en cambio, un descenso de la economía sí se traduce en incrementos abultados de la pobreza.
Las ONG reclaman así incrementar la cobertura de las ayudas sociales, para que lleguen a más población necesitada, y mejorar su “intensidad”, para que realmente sean suficientes para mejorar la vida de estas personas. Como objetivos, las ONG urgen a la mejora del IMV, así como a dos ámbitos centrales y específicos en estos momentos: las políticas de acceso a la vivienda y de apoyo ante los costes energéticos, ambos focos de grandes gastos que los hogares más vulnerables no pueden afrontar.