El desmantelamiento de la prestación por hijo para familias pobres deja sin ayudas a niños vulnerables

La aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) por el Gobierno de coalición ha sido uno de los pasos más relevantes en las políticas públicas contra la pobreza en España. Las ONG así lo reconocen y celebran, pero advierten al Ejecutivo de Pedro Sánchez de un “agujero” de desprotección de infancia vulnerable que deriva de la implantación de la renta mínima estatal. La Seguridad Social ha procedido a integrar dentro del IMV la prestación por hijo a cargo para familias en situación de pobreza, la única ayuda estatal –muy limitada– que existía específicamente contra la pobreza infantil. En este proceso de integración, hay familias pobres que antes tendrían acceso a la prestación por hijo a cargo, pero que ya no pueden solicitarla y que tampoco cumplen los requisitos de la renta mínima estatal.

Así lo están denunciado ONG especializadas en pobreza infantil como Unicef y Save the Children, que piden al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que no desmantele tan rápido la prestación por hijo a cargo para no dejar sin ninguna protección a infancia en riesgo de pobreza que, hasta el momento, al menos tenía acceso a esta ayuda de 341 euros anuales. Por el momento, se mantiene la ayuda entre las familias que ya la tenían reconocida o solicitada y no perciben el IMV (o este es inferior a la prestación, de manera que se percibe la diferencia). Sin embargo, ya no se pueden registrar nuevas solicitudes.

“Entendemos que el objetivo detrás de absorber la prestación por hijo en el IMV es reducir el mapa de prestaciones, optimizarlo y hacer el sistema más integrado. Pero creemos que el camino correcto hasta conseguir ese sistema de prestaciones no puede dejar a familias sin ningún tipo de ayuda”, sostiene Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.

Las situaciones de desprotección se centran en familias afectadas por lo que se conoce como “pobreza moderada”. En un país rico como España, la pobreza se mide en términos de desigualdad: viven en riesgo de pobreza aquellos hogares con ingresos por debajo del 60% de la renta mediana de la población. En España, por debajo de los 9.009 euros al año en hogares de una sola persona en 2019. Esto es lo que se conoce como pobreza o pobreza moderada, pero además hay otro indicador para medir situaciones más difíciles, que es el de “pobreza severa”, que afecta a las personas que viven con ingresos inferiores al 40% de la mediana.

El ingreso mínimo vital va dirigido a combatir la pobreza más aguda, la que afecta a personas con un nivel de ingresos muy bajos. De hecho, el Gobierno suele utilizar en sus objetivos y metas un indicador, el de “pobreza muy alta”, que afecta a la población con una renta inferior al 30% de la mediana. Es decir, que ingresan menos de 370 euros al mes, teniendo en cuenta un hogar formado por una persona. Por ejemplo, el Ejecutivo estimó que el IMV permitirá “salir de la pobreza muy alta a más de 400.000 niños, niñas y adolescentes”.

Con esta meta, los umbrales de acceso del ingreso mínimo vital son bastante bajos, focalizados en esta pobreza más severa, mientras que la prestación por hijo a cargo se dirigía también a familias en situación de pobreza con ingresos algo más elevados. Desde la puesta en marcha del IMV, la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables se elimina (ya no admite nuevas solicitudes) y solo está disponible para familias con hijos con discapacidad. “¿Qué pasa entonces? Que muchos hogares que no están en pobreza severa, pero sí en pobreza moderada, no van a percibir esta prestación que antes sí tenían a disposición y tampoco van a cumplir con los requisitos del ingreso mínimo vital. Se van a quedar sin nada”, explica Cristina Junquera, responsable de Incidencia Política de UNICEF España. 

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacan que “el IMV busca cubrir las situaciones de vulnerabilidad de los hogares, con especial atención a los hogares con menores”, que según sus estimaciones serán la mitad del total de beneficiarios. “El Ministerio realizará una evaluación al inicio de año en la que se evaluará si no se cubren o alcanzan los objetivos marcados”, añaden.

Una prestación para la crianza

Tanto Unicef como Save the Children reclaman al Gobierno que no elimine la prestación por hijo a cargo, entendida como una ayuda a la crianza, que ambas organizaciones consideran una de las políticas más efectivas contra la pobreza infantil. Eso sí, debería aumentar su cuantía, ahora muy limitada y que restringe mucho su capacidad para reducir la pobreza. La economista e investigadora de pobreza y desigualdad Olga Cantó, profesora en la Universidad de Alcalá, recuerda que España está en la minoría de once países de la UE (teniendo en cuenta los 28, con Reino Unido) que no tiene una prestación por hijo universal, para todas las familias con niños.

Además, es el país europeo con una prestación por hijo más reducida entre aquellos que limitan la ayuda a las familias de ingresos limitados. Pese al gran aumento de la prestación que aprobó el primer Gobierno de Pedro Sánchez, que dividió la ayuda en dos tramos (uno para las familias más necesitadas, de 588 euros anuales, y otro para el resto, de 341 euros), España sigue a la cola en este segundo tramo, como destaca un reciente estudio de Cantó con la investigadora Andrea Sobas para Fundación La Caixa.

Unicef y Save The Children han intensificado su campaña para mantener la prestación por hijo a cargo a propósito de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, que valoran por el incremento de otras partidas contra la pobreza (como en servicios sociales), pero que incluyen una partida más reducida para esta prestación teniendo en cuenta una bajada de beneficiarios para el próximo año con la implantación del IMV. Las ONG insisten en la necesidad de revertir el desmantelamiento de la prestación, sobre todo en el momento actual de crisis por la pandemia del coronavirus, que advierten que complicará más la situación de la infancia vulnerable. Para ello, confían en que se pueda reabrir el tema en el trámite de enmiendas. Al menos Ciudadanos ha registrado una enmienda que aborda la cuestión.

Las ONG subrayan además que el gasto de mantener esta ayuda, incluso reforzando su cuantía, no es tan elevada. Unicef ha dibujado varios escenarios. La organización estima que, si se aumentara la prestación a los 100 euros al mes destinada a aquellos niños y niñas en situación de pobreza severa que no quedan cubiertos por el IMV, la inversión sería de 450 millones de euros. “Si ponemos el umbral de ingreso en 12.700 euros anuales para una familia con dos hijos y subimos la cuantía a los 145 euros al mes, supondría una inversión de 2.800 millones euros”, añade Cristina Junquera.

Olga Cantó pone el acento en la situación de desigualdad de las políticas de infancia en España, que dejan sin ninguna ayuda familias de muy escasos escasos recursos, así como de rentas bajas. Mientras que los hogares más pobres tienen acceso al ingreso mínimo vital (o antes a la prestación por hijo a cargo) y los que realizan la declaración de la renta tienen derecho a desgravaciones por tener hijos, “en medio queda mucha gente” sin ninguna ayuda económica ligada a la infancia. “No tiene ningún sentido que yo puede desgravarme por mis hijas y otra familia con menos ingresos, pero que no reciban el ingreso mínimo, no reciban nada. Es un sistema injusto”, destaca la economista. En un reciente estudio con el profesor Luis Ayala para Unicef, ambos investigadores recomiendan medidas para solventar esta situación como “deducciones fiscales reembolsables”, para equilibrar la situación de estas familias que no realizan la declaración de la renta.