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La deuda pública suma 35.000 millones de Sareb y el déficit, 10.000 millones

La pandemia y la Sareb disparan la deuda al récord del 120 % del PIB en 2020
Madrid —

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Madrid, 31 mar (EFE).- Sareb, el conocido como “banco malo”, ha publicado este miércoles sus cuentas de 2020, el primer ejercicio que impacta de lleno en las cuentas del Estado, y que supondrá que la deuda pública aumente unos 35.000 millones de euros en 2020 y el déficit, unos 10.000 millones.

La semana pasada se supo que la oficina estadística Eurostat había decidido incluir a Sareb en el perímetro de las cuentas públicas, con lo que la deuda del Estado crecería unos 35.000 millones, hasta el 120 % del PIB. El aumento será exactamente de 34.918 millones, según las cuentas de la sociedad conocidas hoy.

La duda, hasta ahora, seguía siendo en qué proporción aumentaría el déficit público, ya que las cuentas del Estado tendrían que contabilizar el patrimonio neto negativo de Sareb así como las pérdidas registradas en 2020.

El impacto en déficit ronda los 10.000 millones, ya que las minusvalías contables de Sareb superaban los 9.100 millones a cierre de 20202, a los que hay que sumar los más de 1.000 millones perdidos en ese ejercicio.

Al igual que con la deuda, este impacto podría minorarse a futuro si la situación del mercado inmobiliario permite aliviar ese patrimonio neto negativo.

El nuevo déficit se computará dentro de la línea de ayuda financiera, lo que podría suavizar su impacto potencial a efectos de procedimiento de déficit excesivo europeo una vez que se restauren los objetivos de consolidación fiscal, ahora en suspenso.

De hecho, esta reclasificación podría llevar a estudiar la ampliación de la vida de la Sareb, inicialmente limitada a 15 años precisamente porque no formaba parte del sector público, y supondrá que las cuentas de la sociedad se adhieran a los criterios de la contabilidad nacional, explicaron fuentes gubernamentales.

Creada en 2012, Sareb quedó inicialmente fuera de las cuentas públicas porque más de la mitad de su capital estaba en manos privadas y la participación del Estado era del 45,9 %.

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