La Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid ha subvencionado con 772.000 euros desde 2007 a la empresa Centro Especial de Empleo Genser SL (CEE Genser), de la que es administradora única la diputada nacional del PP Carmen Álvarez-Arenas, ex alto cargo de ese departamento entre septiembre de 2005 y enero de 2008, con Esperanza Aguirre como presidenta autonómica.
La política y empresaria de la limpieza, número 9 del PP por Madrid en las dos últimas elecciones generales, ha ocultado al Congreso la existencia de una empresa en República Dominicana que ha multiplicado sus beneficios desde su creación en 2013. Durante tres años, no declaró a la Cámara Baja la existencia de esas subvenciones (decía que sus empresas no tenían “ninguna relación con el sector público” hasta que corrigió su declaración de bienes) y en la primera legislatura de Mariano Rajoy participó en la elaboración de una ley que luego benefició a sus empresas.
Este miércoles, tras publicar eldiario.es que el Gobierno de Cristina Cifuentes se había negado a precisar las subvenciones concedidas a esa empresa, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid facilitó el desglose de las ayudas concedidas, que este diario solicitó sin obtener respuesta a finales de 2015 y cuya cuantía tampoco proporcionó a la oposición en 2016. Álvarez-Arenas fue número dos de este departamento como viceconsejera de Empleo entre septiembre de 2005 y enero de 2008.
Según Economía, CEE Genser SL ha recibido desde el año 2007 hasta 2016 los citados 715.302,84 euros, más otros 56.595 euros que se estima que cobrará este año en concepto de ayudas para sufragar los costes salariales de las personas con discapacidad a las que emplea. El 62% del total percibido entre 2007 y 2016 corresponde a esas subvenciones, que reciben los más de 200 centros de este tipo que existen en Madrid para sufragar parte de sus costes salariales.
Una Orden Ministerial de 16 de octubre de 1998 establece que estos centros tienen bonificado el 100% de la cuota de la Seguridad Social de trabajadores con discapacidad a través de ayudas estatales y reciben subvenciones autonómicas del coste salarial por un importe del 50% del salario mínimo interprofesional. En Madrid, estas ayudas son gestionadas por la Dirección General del Servicio Público de Empleo, a través de las convocatorias de subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.
Entre las subvenciones concedidas a Genser CEE por Empleo destacan 19.174,3 euros en concepto de “coste salarial 2007” percibidas mientras Álvarez-Arenas era viceconsejera de Aguirre; y otros 174.296,05 euros ajenos a esas ayudas automáticas que la empresa recibió en 2008, poco después de su cese, en concepto de “Proyecto Generador de Empleo-Interés Social”. Según la consejería, se le concedieron el 24 de octubre de 2008.
Álvarez-Arenas fue nombrada viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid el 29 de septiembre de 2005, a propuesta del entonces consejero Juan José Güemes. Permaneció en el cargo hasta el 29 de enero de 2008, cuando cesó “a petición propia” para marcharse al Congreso como diputada nacional. Le sustituyó en el puesto el actual alcalde de Alcorcón, David Pérez.
En aquellos momentos, las empresas de Álvarez-Arenas, como Genser CEE (creada el 30 de junio de 2005), estaban administradas por su marido, Ricardo Sánchez, que falleció en 2010. Actualmente las administran ella y sus hijos.
Conflicto de intereses
Fuentes de la consejería dicen que si Álvarez-Arenas “tuviera un cargo ahora, habría dimitido”. Se remiten al código ético del PP de Madrid, que señala que los altos cargos del Gobierno de Cifuentes “evitarán intervenir en asuntos que puedan generar conflictos entre los intereses propios del cargo o responsabilidad que ostenten y sus intereses personales o los de sus familiares o allegados”.
Tampoco “aceptarán regalos ni favores o servicios en condiciones ventajosas prestados por razón del cargo o responsabilidad que ostenten que superen los usos habituales, sociales o de cortesía”; “no se valdrán de su posición para obtener ventajas personales o patrimoniales, para sí o para terceros” y “se abstendrán de influir en la tramitación de los procedimientos administrativos, de contratación pública, de subvenciones o cualquier otro que implique que el uso de recursos públicos”.
Ese código ético establece además que el alto cargo deberá renunciar si concurren causas como “dar, ofrecer, aceptar o solicitar de forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en atención al cargo o responsabilidad que ostente, que puedan influir en sus decisiones o en las de terceros para facilitar negocios u operaciones en beneficio propio o de terceros”.