El sistema de pensiones ni está en quiebra ni necesita ahora una nueva reforma. Al menos dos de los doce expertos del comité creado por el Gobierno para elaborar el llamado 'factor de sostenibilidad' -la nueva reforma de las pensiones- han elaborado votos particulares en los que se desmarcan del informe oficial que aún se está perfilando.
Los votos particulares de Santos Ruesga y José Luis Tortuero, a los que ha tenido acceso eldiario.es, señalan que para apuntalar la sostenibilidad del sistema habría que considerar otros aspectos -como la no revalorización de las pensiones, los efectos de la reforma que ya está en curso, la devaluación salarial o el estado del mercado laboral- que no se han tenido en cuenta. “Tengo la impresión y la sensación, sin ánimo de crítica hacia la labor del comité y con todo mis respeto a sus miembros, de haber estado teledirigido hacia un resultado final acorde con las expectativas del Gobierno que le nombró”, dice Ruesga en su escrito.
Los dos expertos critican en sus votos particulares el escaso tiempo con el que el comité ha contado para elaborar su informe. “No parece razonable que una cuestión de tal envergadura no tenga los tiempos de análisis y maduración necesarios e imprescindibles”, dice Tortuero.
Los expertos han diseñado un factor que se aplicará de dos formas y que, en cualquier caso, supondrá un recorte de las pensiones. Por un lado, la actualización de las pensiones dejará de estar ligada al IPC y lo estará a la evolución de las cuentas de la Seguridad Social. Por otro lado, para el cálculo de las nuevas pensiones se tendrá en cuenta una fórmula que incluya la esperanza de vida en ese momento y que tambien tendrá en cuenta un coeficiente de solidaridad intergeneracional. Esta fórmula solo afectaría a los nuevos pensionistas.
En su escrito, Ruesga alerta de que la aplicación de tres mecanimos de ajuste al mismo tiempo -estos dos factores sumados a la reforma de las pensiones ya en marcha- significaría penalizar doblemente a las generaciones que inician ahora su jubilación. “Hay que insistir en esto porque si retrasa la edad de jubilación a los 67 años y simultáneamente se introduce el mecanismo del incremento de la expectativa de vida en el cálculo inicial de las pensiones, se está castigando por vía doble a una misma cohorte de jubilados a trabajar más años, cotizar por más tiempo y, en las mismas condiciones, menor base reguladora”, advierte Ruesga, que subraya que a esto habría que añadir una “tendencia descendente” en la pensión media.
Tanto Ruesga como Tortuero aseguran que la reforma de las pensiones aprobada en 2011 tiene plena vigencia y que es precipitado aplicar inmediatamente cualquier otra medida sin antes haber medido sus efectos. “Es razonable entender que las circunstancias actuales exijan respuesta. Sin embargo, a mi entender la respuesta debe suscribirse al marco diseñado por la Ley 27/2011 (de reforma de las pensiones), que reitero, procede de un espacio de consenso político y social”, explica José Luis Tortuero en su texto.
De una forma parecida se pronuncia Santos Ruesga, que considera que hay un “exceso de alarmismo” sobre la evolución del sistema que busca crear una perspectiva negativa del futuro “que predisponga a la población a aceptar cualquier reforma que haga pivotar el equilibrio financiero del sistema, principalmente, en la cuantía de la pensión media”
José Luis Tortuero, que fue propuesto por el PSOE, sí cree que podrían reducirse los plazos transitorios previstos en la reforma de las pensiones de forma que se adelantara la aplicación de algunas de sus medidas. El catedrático también se refiere a otras líneas de actuación a tener en cuenta, como regular las prejubilaciones, reordenar las mutuas de accidente de trabajo, unificar en dos los regímenes de la Seguridad Social existenes, reformar la cotización de los trabajadores por cuenta propia, o replantear el sistema de revalorización de pensiones.
El borrador del informe que está redactando el comité de expertos, y al que ha tenido acceso eldiario.es, alude al “patriotismo” de los agentes sociales para que respalden la reforma. El texto dice que, a pesar de las diferentes sensibilidades políticas e ideológicas, las circunstancias son “tan graves” que hay razones para pensar “que la combinación de patriotismo y de interés bien entendido de los agentes políticos y sociales les lleve a tratar de incrementar su credibilidad en las difíciles condiciones de hoy, y predisponerles para llegar, en este tema, a un compromiso razonable por el bien del país”.
No solo eso: el informe asegura que es esta una oportunidad para aumentar “el compromiso cívico” de la sociedad y su “capacidad para un debate razonado e informado”. “La ciudadanía necesita información, y, al mismo tiempo, dedicar recursos de atención, conocimientos y energía a la discusión de la evidencia y de los argumentos en cuestión. Un grado sustancial de transparencia en esta materia puede conseguir la implicación de la ciudadanía en una deliberación colectiva sobre un tema mayor de interés general”, afirma el texto.