¿Cómo está la economía española 15 años después de caída de Lehman Brothers?

El 15 de septiembre de 2008, la caída de Lehman Brothers, el cuarto banco más importante de Estados Unidos en esos momentos, asestó un golpe brutal a la economía global, destrozando la vida de muchas familias en todo el mundo. En España, derivó en el estallido de la burbuja inmobiliaria y en una lenta y tortuosa recuperación posterior que estuvo marcada por los rescates bancarios, las políticas de austeridad que se exigieron desde las instituciones internacionales (la Comisión Europea, el BCE y el FMI), las dramáticas cifras de paro, los desahucios y el desplome de la inversión, sobre todo en construcción, que había sido el motor del crecimiento hasta entonces.

15 años después, la actividad económica por cada español (el PIB per cápita) supera en un par de puntos porcentuales el máximo previo a la gran crisis financiera (de 2007). Alrededor de 25.000 euros, frente a los 24.000 euros de 2007-2008. Una cifra que se ha alcanzado tras afrontar la reconstrucción del histórico shock de 2020 por la pandemia, con políticas radicalmente diferentes –más sociales y menos preocupadas por los desequilibrios fiscales–, aplicadas tanto por el Gobierno de coalición como por la Unión Europea (UE).

Además, hay claras evidencias de cambios estructurales positivos –menos peso de la construcción, superávit comercial recurrente (se vende fuera más de lo que se importa), creación de empleo en sectores de alto valor añadido...–.

Sin embargo, la comparación con la media europea y sobre todo con los principales países de la eurozona da una visión mucho más negativa de la evolución económica de nuestro país. También la observación de los ingresos disponibles de las familias (o renta disponible per cápita), que están cerca de 4 puntos por debajo del nivel de 2007, dañados por la inflación, las subidas de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE) y una tasa de desempleo muy elevada pese a haber caído a mínimos de los últimos años, según los datos que recopila la OCDE.

Precisamente el paro estructural, mucho mayor que en las otras grandes economías, sigue siendo uno de los principales retos económicos de España, según todos los expertos, junto a la productividad y la emergencia climática. De nuevo ante tambores de recesión y en plena negociación de las nuevas normas fiscales de la Unión Europea, suspendidas desde 2020 por la COVID y que se volverán a activar en 2024, la economía de nuestro país se enfrenta a numerosas dificultades para converger por fin con las grandes del club comunitario, Alemania y Francia. Incluso con la media de la eurozona.

El PIB per cápita

El PIB per cápita es uno de los principales indicadores de riqueza de un territorio porque relaciona el valor de todo lo que se produce, de toda la actividad, con la población. El de España, en 2007, después de un ciclo de un importante crecimiento desde los años 90, llegó a rozar el 97% de la media europea. Hoy, solo representa un 80%.

La comparación de la evolución de este indicador con el mismo de Alemania, Francia o del conjunto de la eurozona desde 2007 (en el gráfico) muestran la profunda herida que sufrió España en la gran crisis financiera. La devaluación interna –como eufemísticamente se denominó al proceso de empobrecimiento generalizado que se dio desde 2008– llegó a hundir el PIB per cápita 11 puntos. El golpe fue mucho menor para Alemania o Francia y su recuperación, mucho más rápida.

Ingresos disponibles de las familias

Las consecuencias de la devaluación interna se perciben más nítidamente comparando la evolución de los ingresos disponibles de las familias –la renta que efectivamente tienen, de media– para sus gastos y para ahorrar. Según los datos que recoge la OCDE, la brecha con Alemania o Francia es abismal. La crisis de inflación ha supuesto otro frenazo decisivo.

Recientemente, el economista Daniel Fuentes expuso en un artículo dos teorías para explicar la negativa evolución de la riqueza per cápita. Una primera que culpa a “las sucesivas crisis como la causa del deterioro de la productividad, que habría arrastrado consigo a la renta per cápita (esto explicaría el impacto diferencial en economías como la española). Desde 2008, una multitud de actores económicos ha tenido que priorizar las urgencias de corto plazo frente a decisiones de naturaleza estructural, lo cual necesariamente ha alterado la asignación de recursos que habría resultado de un escenario de normalidad económica”.

El segundo argumento apunta “a causas más de fondo, que afectarían a los determinantes teóricos de la productividad agregada: sin ser exhaustivos, a los recursos naturales disponibles (el medio ambiente, en sentido amplio), a la acumulación de capital físico (infraestructuras e inversión productiva), al estado de la tecnología, a la cualificación de los trabajadores y, en general, a la propia eficiencia del tejido empresarial”.

En su último informe anual, el Banco de España se adentró en los problemas estructurales de la economía de España y “en los retos y oportunidades para converger” con Europa. “En 2005, la brecha negativa entre el nivel del PIB per cápita español y el de la UE alcanzó su mínimo histórico reciente. Aquello fue resultado de un período de crecimiento en nuestro país muy prolongado e intenso, especialmente tras la puesta en marcha de la unión monetaria. No obstante, como se demostró con posterioridad, aquella senda de crecimiento, que estaba asociada en gran medida a la acumulación de considerables desequilibrios macroeconómicos y financieros, no era sostenible”, expone la institución.

“En efecto, desde entonces, el proceso de convergencia de la economía española con la eurozona se ha detenido e incluso revertido”, continúa. En su opinión, “esta falta de convergencia ha venido determinada, fundamentalmente, por la persistencia en el tiempo de dos deficiencias bien conocidas de la economía española: una baja productividad y una tasa de empleo reducida”.

Innovación, formación, inmigración, sanidad...

En sus recomendaciones incluye el impulso de la innovación. “En el promedio del período 2000-2021, la ratio del gasto en I+D+i sobre el PIB se situó en el 1,2% en la economía española, 0,8 puntos porcentuales por debajo de la registrada en el conjunto de la eurozona”, advierte. Y añade que “el tejido productivo está sesgado hacia las empresas pequeñas, con un porcentaje de empresas innovadoras muy reducido”. Por eso, las inversiones del Plan de Recuperación han pasado a ser cruciales, porque “una inversión pública bien diseñada puede ejercer un efecto arrastre positivo sobre la inversión privada”.

El Banco de España también se detiene en que “la calidad de las instituciones –en general– y de las Administraciones Públicas –en particular– ha demostrado ser un factor determinante muy importante del crecimiento económico”. Porque “la pérdida de confianza en las instituciones puede tener consecuencias negativas en múltiples ámbitos y, cuando se produce, tiende a exhibir una considerable persistencia”.

Asimismo, destaca la necesidad de “incrementar el capital humano”, es decir, de mejorar la formación. “A pesar de la notable mejora que se ha producido durante las últimas décadas, el nivel educativo de los empresarios, trabajadores autónomos y asalariados en España se encuentra por debajo del promedio de la UEM. Según los datos de Eurostat, en España, en 2022 el 35,2% de los autónomos, el 32,9% de los empleadores y el 28,5% de los trabajadores por cuenta ajena tenían un nivel de estudios bajo”, señala. Estos porcentajes son muy superiores a los del área del euro, del 20,7%, 18,9% y 18,2%, respectivamente“, señala la institución.

El informe admite la importancia de la inmigración ante el envejecimiento de la población y que el “estado de salud es un determinante fundamental de la oferta de trabajo, especialmente en edades cercanas a la jubilación. Dada su importancia, debería priorizarse la evaluación de la eficiencia del gasto público sanitario. En este sentido, además de que el peso de esta partida de gasto en el PIB es inferior en España que en la eurozona –un 6,4% de media entre 2010 y 2021, frente a un 7,4%–, distintos informes de la AIReF apuntan a la existencia de un cierto margen de mejora en los gastos relativos a la farmacia hospitalaria y a la inversión en alta tecnología”.

Otras grandes vulnerabilidades pasan por el elevado nivel de endeudamiento (en esta información se analiza el incremento del coste de financiación y su peso en los ingresos públicos) debido la sostenibilidad del sistema de pensiones y a la desigualdad y sus efectos sobre el conjunto de la economía.

Lo que está mejor

Desde el estallido de la crisis financiera global, la economía española ha corregido algunos de los desequilibrios que acumuló en la fase expansiva previa y ha mostrado un patrón de crecimiento más equilibrado. “Así, por ejemplo, en términos de la composición de la actividad económica agregada, la inversión en construcción, que en el promedio del período 2000-2007 supuso un 18,4% del PIB español, ha reducido su peso hasta un 9,5% de media entre 2013 y 2022, ligeramente por debajo del 10,3 % observado en la eurozona”, incide el Banco de España.

Por otra parte, la institución destaca el intenso proceso de desendeudamiento de familias y empresas. Mientras que también sobresale la notable corrección de los desequilibrios externos de nuestra economía en los últimos años. Desde 2012, la balanza por cuenta corriente de nuestro país ha venido registrando un saldo positivo –de un 1,6% del PIB, en promedio anual hasta 2022–. Esto contrasta con los abultados y persistentes déficits que se observaron entre 2000 y 2008 –de un 6,2% del PIB, en promedio anual–.

La mejora estructural de los desequilibrios externos ha sido especialmente visible con el estallido de la pandemia –que redujo abruptamente los flujos turísticos– y de la crisis energética –que encareció sensiblemente las importaciones de energía–. En efecto, a pesar de estas dos perturbaciones tan intensas, que afectaron tan adversamente a dos de las principales rúbricas en el saldo de la balanza por cuenta corriente española, este se ha mantenido en terreno positivo en los últimos tres años –un superávit del 0,7% del PIB de media entre 2020 y 2022–. El impacto de estos factores en el mercado laboral es una realidad, con las profesiones científicas y técnicas tirando del empleo.