La portada de mañana
Acceder
La declaración de Aldama: “el nexo” del caso Ábalos apunta más arriba aún sin pruebas
De despacho a habitaciones por 1.100 euros: los ‘coliving’ se escapan de la regulación
Opinión - ¿Misiles para qué? Por José Enrique de Ayala

ENTREVISTA | Lorena Zárate, Habitat International Coalition

“Hay que regular la vivienda de alquiler en relación al nivel de ingresos de la población”

El derecho a la ciudad es la principal reivindicación de numerosos colectivos sociales que han tomado las calles durante el mes de mayo en contra de la mercantilización, la degradación de los barrios a causa de un turismo no regulado, la vuelta a la burbuja inmobiliaria o la contaminación –en aumento año tras año rebasando los niveles máximos permitidos, como es el caso de Madrid y Barcelona–.

Habitat International Coalition es uno de estos colectivos. Su presidenta Lorena Zárate está en Barcelona para hablar del derecho a la ciudad en el acto “Ciudades Globales” del CIDOB, –un proyecto urbano liderado por plataformas globales de centros de investigación– además de formar parte del acto organizado por Barcelona En Comú: “Ciudades valientes, Barcelona referente”.

¿Las mujeres tenemos un papel asignado en el derecho a la ciudad?

El papel de la mujer de cualquier condición social y en cualquier parte del mundo es absolutamente central en el derecho a la ciudad. Las mujeres en las comunidades y en las familias no solo nos ocupamos del trabajo de cuidados, también tenemos un rol asignado a nivel colectivo a la hora de gestionar los ingresos para mejorar las condiciones de vida de los miembros de nuestra familia, a todos los niveles, en materia de educación, salud o vivienda, según muchos estudios. Además, en términos globales, las mujeres recorremos rutas más complejas por las ciudades, precisamente porque realizamos muchas de las tareas asistenciales no remuneradas, como hacer la compra o recoger a nuestros hijos del colegio, por tanto las ciudades tienen que dejar de ser diseñadas por una perspectiva masculina.

Numerosos colectivos sociales han salido a la calle recientemente para reivindicar su derecho a una ciudad digna, reclamando una mayor igualdad ciudadana y una mayor participación en las políticas públicas, ¿qué opina usted de la situación actual de la vivienda en España?

El reclamo social en la participación política y en la toma de decisiones es un fenómeno que se está produciendo en muchas ciudades del mundo, tanto en pequeños barrios locales como en áreas metropolitanas más amplias. Esta demanda política va de la mano de una demanda material, en el sentido de construir una ciudad mejor con equipamientos de mejor calidad y con un acceso digno a la vivienda para todas y todos, asunto que se está volviendo muy complicado tanto en el norte como en el sur global.

Preferencia con las constructoras

La desigualdad de género, la pobreza, la exclusión social, la distribución de la renta de manera irregular, la precariedad laboral o el complicado acceso a una vivienda social son motivos de protestas y movilizaciones a diario en distintos puntos geográficos del país, ¿cuánto puede crecer esta brecha social sin que estalle un conflicto?

Esa cuerda se está tensando y va a estallar. La desigualdad existe y está creciendo a niveles descontrolados. Muchas instituciones mundiales hablan de ello y afirman que en el mundo actualmente hay más riqueza y más bienes que nunca y son suficientes para atender las necesidades de toda la población, sin embargo esos bienes están muy concentrados y eso es lo que tensa la cuerda. Los Estados nos dicen que cuanto mayor sea el crecimiento de la economía habrá una mejor distribución de la riqueza en los sectores de la sociedad, cosa que se ha comprobado que no es cierta. No hay mecanismos reales para redistribuir y eso provoca mucha desigualdad, como resultado tenemos ciudades y países fragmentados.

Creo que hay que cambiar el discurso político y establecer unas reglas del juego que se adapten a todas las piezas. Las grandes empresas constructoras tienen preferencia sobre otros actores: no pagan impuestos ni obedecen a trámites burocráticos, y todo esto a costa de las personas que viven en las ciudades y sufren el encarecimiento generalizado de la vida y a veces, la expulsión de sus barrios. Por eso hay que establecer un marco fiscal y jurídico que lo regule. Estamos ante actores muy poderosos, por tanto, las reglas tienen que ser más estrictas.

Algunas organizaciones afirman que “la burbuja del alquiler hinchada políticamente, se puede pinchar políticamente”, también las grandes operaciones urbanísticas que se están llevando a cabo en España vuelven a la senda de la especulación, ¿cuál cree que es el mejor camino para evitar que se infle la burbuja?

Tendríamos que fijarnos en países del norte y del sur global que no sufrieron la misma situación que EEUU o España al inflarse la burbuja y estallar la crisis, Canadá o Alemania, pueden ser un ejemplo de esto. Habría que reflexionar sobre las condiciones financieras que tenían los países en crisis y qué ocurrió cuando permitieron que el dinero ahorrado de los trabajadores entrara a formar parte de la especulación y la burbuja. Parte del problema es que hay un exceso de capital, y ese capital tiene que salvaguardarse en algún lugar para que no pierda valor y la inversión inmobiliaria es uno de los lugares favoritos para guardarlo.

Además de la crisis de acceso a una vivienda que sufren miles de personas, vemos cómo se pierde calidad de vida en el centro de las ciudades por motivo de una turistificación que se encuentra en pleno proceso de crecimiento. Qué prevalece, ¿la oportunidad de beneficio de los propietarios de un inmueble o el derecho a una vivienda digna?

Algunas condiciones económicas, políticas y sociales generan este conflicto entre personas, sin embargo esto es una cuestión estructural en la matriz económica, ya que hay personas que necesitan alquilar o vender su inmueble para tener esa fuente de ingresos y otras que necesitan un lugar donde vivir pero no pueden pagarlo. Los salarios y el empleo precario provocan que la mayoría de la población no se puedan permitir alquileres o precios tan altos por la vivienda.

Por otro lado, muchos inmuebles proceden de inversiones extranjeras que no están vinculadas a los niveles de ingresos locales entonces se produce un aumento en el precio del suelo afectando a todo el mercado global y esto a su vez produce una brecha en la sociedad que hay que reducir y analizar.

¿Cree que la inversión en viviendas sociales podría solucionar el problema de los precios de las viviendas?

Es parte de la solución sin duda. Ampliar y proteger el parque de vivienda social es fundamental. La vivienda en alquiler y su falta de regulación se ha desatendido en los últimos años, por tanto, hay que regular un marco legal para la vivienda de alquiler en relación al nivel de ingresos de la población. También hay que redistribuir el capital en aras a crear zonas de interés social, preservar centros históricos o mantener áreas consolidadas para que no se conviertan en objeto de gentrificación. En algunas ciudades como Barcelona están llevando a cabo políticas de viviendas en este sentido, pero no es fácil, hay grandes intereses de grandes actores empresariales que buscan lucrarse con nuestras ciudades.

¿En América Latina existe algún país que promueva políticas de vivienda equilibradas?

Países como Uruguay o México tienen políticas interesantes como la Ley de Vivienda Cooperativa que se ha llevado a cabo incluso con dictaduras de por medio. Se basan en un sistema de apoyo desde lo público y así se han construido ciudades y barrios enteros sin dejar de poner el foco en la educación, sanidad o la alimentación. También se está empezando a elaborar un marco jurídico de apoyo a las familias centrado en créditos con tasas menores de interés.

“Limitar la construcción de edificios”

El porcentaje de contaminación en España bate récords año tras año sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, que llegan a superar los niveles estipulados por la normativa europea, ¿qué iniciativa cree que es la más adecuada para empezar a tratar este problema?

Las ciudades producen alrededor del 70% de los gases del efecto invernadero y la construcción aporta un 20% a las cifras de contaminación global. No solo se contamina al construir, la producción de materiales como el cemento o el acero son nocivas para el medio ambiente. Es urgente limitar la construcción de edificios que finalmente van a estar vacíos y reducir emisiones.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se han incluido iniciativas que promueven el uso de materiales y técnicas constructivas locales que sean sostenibles con el medio ambiente. La humanidad construyó casas antes de que existiera el cemento y el acero, muchas de ellas siguen estando en pie y son grandes obras de la humanidad.

El medio ambiente sufre una constante actividad degenerativa que está agotando las fuentes de sustento de la tierra, ¿qué consecuencias sociales puede haber en el medio plazo si traspasamos la frontera ecológica?

La Tierra ya nos está avisando de que las consecuencias se acercan. El cambio climático lo ha provocado la actividad humana, los expertos nos dicen que desde que habitamos el planeta ya hemos exterminado a más de la mitad de las especies. En relación a las ciudades batimos récords de contaminación, construimos edificios inhabitables, creamos alimentos artificiales que generan problemas de salud pública muy serios e incluso el acceso al agua dulce y limpia se está volviendo crítico.

La OIT publicó recientemente un estudio en el que advertía sobre la destrucción de 72 millones de empleos en el mundo de aquí a 2030 como consecuencia del cambio climático, ¿qué opina de la transición energética? ¿Conoce algún país que promueva y lleve a cabo políticas de empleo sostenible?

Los países nórdicos hacen grandes esfuerzos en este sentido, creo que es uno de los ejes de la política feminista: la política para el cuidado de la vida. Hay ciudades que promueven una economía circular sostenible. El rol de las ciudades es fundamental aunque tienen muchas limitaciones, ya que muchos acuerdos de transición energética son de nivel estatal.

Las ciudades pueden adoptar políticas de buena austeridad, que no es otra cosa que usar lo que necesitemos de la Tierra pensando en términos de justicia ambiental. Tenemos que ser conscientes de que si gozamos de calidad de vida en nuestros países es precisamente porque explotamos una cantidad ingente de recursos naturales en otras partes del mundo. La solución: producir menos y usar mejor lo que tenemos. Un ejemplo son las bolsas reutilizables. Nuestros abuelos ya reciclaban en este sentido, pero tenemos que llegar al punto de cobrar a la gente las bolsas de plástico en el supermercado 30 años después para que tomen conciencia. La economía mundial se centra, principalmente, en la explotación del medio ambiente y en el lucro de empresas y Gobiernos, todo lo demás, tanto el planeta como la gente, están a merced de lo anterior y eso es grave.